Una emergencia educativa sin precedentes que exige una respuesta global

Si agrupáramos a todos los niños y niñas que en estos momentos no van a la escuela, formarían el cuarto país más poblado de la tierra, detrás de China, India y EE UU. Un país con más de 276 millones de personas, todas ellas menores de edad. Sin contar a aquellos niños, niñas y jóvenes que, aunque vayan a la escuela, reciben una educación de poca calidad, que igualmente les condena a tener menos oportunidades en la vida. Actualmente, alrededor de 773 millones de jóvenes y adultos carecen de las competencias básicas de lectura y escritura. En otras palabras, son incapaces de entender lo que leen más allá de mensajes básicos. Dos tercios de ellos son mujeres. Como miembros de una sociedad global, estas cifras deberían indignarnos, ya que son alarmantes y deberían considerarse una emergencia mundial que es necesario atender si no queremos un futuro más sombrío.

Millones de jóvenes y adultos carecen de las competencias básicas de lectura y escritura, de los cuales la mayoría son mujeres

En los últimos años hemos visto un retroceso en el ya lento avance para lograr una mejor educación en el mundo debido al actual contexto, ya casi estructural, de crisis concatenadas y superpuestas. Los efectos del cambio climático, los conflictos bélicos, los desastres de diversa índole como las epidemias, las crisis económicas son la causa directa de que 222 millones de niños y niñas no disfruten de su derecho a la educación. La tarea no es sencilla, y organizaciones como las que formamos la coalición española de la Campaña Mundial por la Educación lo sabemos. Además, somos conscientes de que el primer paso para solventar la falta de acceso pleno a un derecho como es la educación es la voluntad política, y que esta, sin respaldo de recursos económicos, es insuficiente.

La voluntad política y el compromiso de recursos financieros serán las claves que darán credibilidad al próximo evento internacional sobre educación. El 19 de septiembre, convocados por el Secretario General de Naciones Unidas, se celebrará en Nueva York la Cumbre 2022 sobre la Transformación de la Educación a la que asistirán distintos gobiernos. El objetivo es enderezar y enmendar el camino para lograr en 2030 el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030 que los Gobiernos del mundo se comprometieron a cumplir en 2015: lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas.

En esta cumbre se hablará de la necesidad de tener escuelas inclusivas, equitativas, seguras y sanas; de aprendizajes y competencias para la vida, el trabajo y el desarrollo sostenible; de la profesión docente, del aprendizaje y transformación digital; y, sobre todo, deberá hablarse de la financiación educativa. Se corre el riesgo de estar de acuerdo en todo sin comprometer los recursos para ello y de esta forma, estar de acuerdo en dejar las cosas como están.

El mayor esfuerzo para lograr sistemas educativos de calidad debe ser nacional, y debe darse en el seno de los propios países. Para ello es necesario incrementar los presupuestos en educación de manera significativa. En la mayoría de casos se necesitará mejorar los sistemas impositivos que aumenten la capacidad de inversión en el sector público. En este sentido, desde las ONG se reclama que los gobiernos fijen la meta de dedicar el 20% de los presupuestos nacionales y el 4-6% del PIB para la promoción de una educación gratuita y de calidad en un calendario de tiempo razonable.

La grandeza de un país también se mide por lo que hace por otros para contribuir a un mundo más justo e igualitario

Es fundamental que la comunidad internacional tome medidas en conjunto, como la revisión de las cargas de la deuda y la forma en que esta impide, en la práctica, que los países incrementen partidas en sectores básicos. También la eliminación de los paraísos fiscales, el establecimiento de un sistema impositivo global y el cumplimiento con los compromisos que los países del Comité de Ayuda al desarrollo de la OCDE. España, como país donante, debe alcanzar al menos el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) para Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y de este el 10% de ayuda humanitaria debe ser destinado a la educación en emergencia, una ayuda Internacional que tenga la cooperación en materia educativa como una de sus prioridades.

España cuenta con una AOD baja comparada con países de su entorno y está por detrás en porcentaje de RNB de países como Hungría, que destinó, en 2021, el 0,29% a Ayuda Oficial al Desarrollo frente al 0,25% de España, lejos de la media europea que llega al 0,5%. Estamos en pleno proceso de reforma del sistema de cooperación internacional, en el que la educación debe ser una pieza fundamental. En este último cuatrimestre del año, el Gobierno dispone de una serie de oportunidades para mejorar esta contribución general a la AOD.

En breves semanas, se negociará en el Parlamento la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, en donde el compromiso del 0,7% deberá aparecer.

A la par, se comenzarán a discutir los Presupuestos Generales del Estado 2023, que deben hacer honor al compromiso de legislatura de llegar al 0,5% de la RNB en AOD, o al menos, quedar cerca. A finales de año debe aprobarse el VI Plan Director de la Cooperación española que llevará a acciones prácticas los compromisos en cooperación y en cooperación educativa de nuestro Gobierno.

Tres oportunidades que tanto el Gobierno como los partidos no deben dejar pasar si queremos poner recursos suficientes detrás de los compromisos políticos. No olvidemos que la grandeza de un país también se mide por lo que hace por otros para contribuir a un mundo más justo e igualitario. Y la educación también se trata de eso, de lograr sociedades más homogéneas, más igualitarias, que respeten y aprovechen la diversidad, sociedades más resistentes frente a las adversidades que nos vendrán. Más si no invertimos en una educación de calidad para todos y todas.

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