Clarisa Ramos, exiliada filipina: “Mis hijos me dijeron que preferían verme lejos con vida, que de vuelta en un ataúd”

Clarisa Ramos quiere volver a Filipinas, pero no puede. Es refugiada política en Bélgica desde julio de 2020. Salió de su país en febrero de ese mismo año para denunciar ante las autoridades europeas el asesinato de su marid,o Atty Ben Ramos Jr., abogado defensor de los derechos humanos. Debido a las acusaciones que Ramos presentó ante el Parlamento europeo, en las que señalaba al Estado filipino de estar detrás del asesinato, y la ley que califica a cualquier persona o acto en contra del Gobierno de terrorista, Ramos vio imposible su regreso. Actualmente, es la coordinadora en Europa de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas (ICHRP, por sus siglas en inglés).

“Me llevó muchos días tomar la decisión de aceptar el asilo, porque era dejar a mis dos hijos allí y todo el trabajo con las comunidades. Pero mis hijos me dijeron que preferían verme lejos con vida, que de vuelta en un ataúd. Con la muerte de su padre ya era suficiente”. Aunque le costó aceptar su exilio, asumió que su papel ahora desde Bruselas es el de visibilizar y denunciar las vulneraciones de los derechos humanos de la población filipina por parte del Gobierno de Rodrigo Duterte, que asumió el cargo en 2016. “Es duro, pero tengo que hacer mi parte desde aquí. No puedo callar sabiendo que muchas personas están siendo encarceladas o asesinadas. Así que decidí continuar con mi campaña para buscar justicia con la ayuda de mis compatriotas y de las organizaciones con sede en Europa. Desde el silencio no se hace nada”.

La defensora afirma que es complicado explicar en Europa lo que ocurre en su país, un conjunto de islas que se conocen más por sus maravillosas playas y paisajes que por las más de 30.000 ejecuciones extrajudiciales, los miles de detenciones ilegales, el casi medio millón de desplazamientos forzados y los más de 700 prisioneros políticos desde 2016, según Karapatan, una alianza nacional de organizaciones que trabaja por la promoción y protección de los derechos humanos en Filipinas.

Mis hijos me dijeron que preferían verme lejos con vida, que de vuelta en un ataúd

“El número de muertes con Duterte es mucho mayor de las que hubo durante la dictadura de Ferdinand Marcos. Además, el red-tagging, fenómeno por el que se acusa y estigmatiza a cualquier persona de comunista y terrorista, sirve para justificar la ley antiterrorista y sus asesinatos. Toda persona que moleste, es decir, que defienda los derechos humanos y esté en contra del Gobierno, automáticamente es enemiga”, destaca Ramos, enfermera de formación que trabajó durante 27 años junto a su marido en una pequeña ONG en la isla de Negros, en la defensa de la reforma agraria y el derecho a la tierra.

Ahora, desde el ICHRP en Europa y sus organizaciones aliadas, los filipinos en el exilio trabajan colectivamente para ser escuchados en las instituciones y organismos internacionales. Recientemente, han conseguido que se presente una resolución en el Parlamento europeo sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en Filipinas, mostrando también las cifras de 146 personas defensoras y al menos 22 periodistas asesinados durante el mandato de Duterte. Igualmente, también se aprobó otra resolución en el Parlamento de Cataluña y una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados de España. Para ejercer esta presión, elaboran informes de investigación e intervienen en las sesiones plenarias de las instituciones, cuando es posible.

Uno de estos informes se llama Investigate PH y contiene pruebas de los abusos sistemáticos de derechos en el país. “Sentimos que hemos tenido un impacto fuerte con nuestras acciones, pues la mayoría de las recomendaciones que damos se incluyen en las resoluciones”, clarifica Ramos. Además, también han organizado una misión internacional de observación (IOM) para vincular la represión de los derechos civiles y políticos en las próximas elecciones presidenciales del 9 de mayo.

Aunque en estos comicios Duterte no se puede presentar por mandato constitucional, sí lo hace su hija Sara Duterte como vicepresidenta –en Filipinas se eligen por separado los cargos de presidencia y vicepresidencia–, dando apoyo al candidato que, por ahora, tiene más opciones, Ferdinand (Bongbong) Marcos Jr., hijo del dictador Marcos. “Si el tándem Marcos-Duterte gana las elecciones sería una catástrofe y el fin de la democracia”, opina Ramos. “Estos clanes políticos corruptos intensificarán las injusticias y los asesinatos de opositores y defensores de los derechos, y silenciarán a la mayoría pobre, inculcando y manteniendo las políticas de mano dura anti-populares. Someterán a toda la población a la pobreza extrema y a la opresión”.

La defensora afirma que hay en marcha un plan de manipulación de los votos, con una gran desinformación en las redes sociales, encuestas controladas y pagadas por el Gobierno y cargos de la Comisión de Elecciones y del Tribunal Supremo nombrados por el propio presidente. Desde Europa y como refugiada política, Ramos no podrá votar.

Las vulneraciones de los derechos de las mujeres

El Informe PH también pone de manifiesto las vulneraciones de los derechos de las mujeres, con 16 millones de mujeres filipinas económicamente inseguras. De esta situación de desespero, muchas son las que aceptan trabajos como esclavas modernas en países extranjeros. “Desprovistas de toda protección legal por parte de su propio Gobierno, tienen que enfrentarse a diversas capas de discriminación, violencia y abusos en sus países de acogida”, destaca el informe, que también habla de los casos de violencia contra las mujeres denunciados y que están en los niveles más altos de la última década. Ya en 2019 alcanzaron un máximo de 74 casos al día. En el reporte también se denuncia que muchas de estas violaciones y acoso sexual han sido llevados a cabo por la propia policía, como justificación de la campaña de la guerra contra las drogas del Gobierno.

Elnora Held forma parte de Gabriela, alianza de 240 organizaciones fundada en 1984 con el objetivo de luchar por los derechos de las mujeres. En Europa se conformó en 2020 de la mano de Held, que también es la presidenta y coordinadora desde Alemania, donde vive desde hace 38 años. “Aquí vimos todos los problemas de las mujeres filipinas en la diáspora, las pésimas condiciones de trabajo, el racismo, la discriminación y el tráfico de mujeres y niñas”. La activista comenzó su trabajo cuando llegó a Europa y se preguntó por qué era tratada como una persona de segunda, involucrándose en campañas contra la trata de mujeres. “Muchas mujeres se ven obligadas a salir de Filipinas, aun sabiendo que están expuestas a violencia, abuso y explotación sexual. Y se arriesgan porque tienen que mantener a sus familias. Para ello, muchas trabajan en el ámbito doméstico y de los cuidados, en hogares donde las tratan como esclavas, con contratos abusivos y condiciones inhumanas”.

Held asegura que al gobierno de Filipinas este es un problema que no le interesa, ya que la cantidad de remesas que estas mujeres mandan a sus familias supone una cantidad importante de ingresos para el Estado, a través de los impuestos. Y, aunque de momento ella no está etiquetada con el red-tagged, sí lo está la organización en Filipinas, con muchas de sus integrantes detenidas, acusadas con cargos falsos y asesinadas. Además, Gabriela también es el único partido político sectorial de mujeres con representación en el Congreso de Filipinas, que actualmente se enfrenta a la descalificación por parte de la administración para impedir su entrada en las elecciones de 2022.

Desde Gabriela y el ICHRP también defienden los derechos del perseguido colectivo LGBTIQ+. En Filipinas, dice Ramos, han sido detenidas más de mil personas por su orientación sexual o identidad de género. “Les obligan a besarse en público para señalarlas, como forma de humillación”. Castigos que también sufren las mujeres defensoras y lideresas sociales por parte de las autoridades, que les disparan en sus genitales, asegura Ramos.

Tanto Ramos como Held visitaron España durante la última semana de febrero, de la mano de una delegación acompañada por la Associació Catalana per la Pau e International Action For Peace. Durante su visita en Barcelona pudieron exponer su caso y denunciar ante las instituciones públicas lo que ocurre en su país de origen. Otras de las personas que conformaron la visita también están vinculadas en la reactivación de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el Frente Democrático Nacional de Filipinas, una alianza de organizaciones que representa al ilegalizado Partido Comunista de Filipinas y su brazo armado, Nuevo Ejército del Pueblo. Algunas de ellas no quisieron dar su testimonio público por miedo a la represión de sus compañeros en Filipinas.

Además, también está en marcha el Acuerdo Final de Bangasmoro, firmado en 2014 con el Frente Moro de Liberación Islámica. Un proceso del que todavía no se han visto los frutos de lo pactado.

La paz es lo que más anhelan las defensoras. A Held le gustaría ver su país libre, sin opresión ni explotación de recursos. Un país donde todas las personas puedan tener una vida digna y no tener que recurrir a las armas para luchar contra el Gobierno. Para Ramos, la esperanza está en las generaciones futuras, algo que ha visto en sus propios hijos. “Ellos me dicen que, si no puedo estar yo, al menos están ellos para continuar la labor, y eso me hace feliz. Las semillas que su padre plantó están ahí. El sacrificio, también”.

Y destaca que la paz que necesita el país es la que está basada en la justicia, no la que dice el Gobierno. Un largo proceso donde el rol de la población exiliada, refugiada y migrada filipina en Europa es el de educar a la comunidad sobre lo que ocurre. Como concluye Ramos: “Sin paz no habrá solución para Filipinas”.

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