Zimbabue: nuevas leyes para garantizar la educación a las adolescentes embarazadas

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Cassey Simbanai iba a hacer sus exámenes finales el pasado diciembre. Esta joven zimbabuense de 17 años, una de las estudiantes más prometedoras de su clase, soñaba con convertirse en profesora de ciencias. Sin embargo, durante meses, no estuvo en el aula ni jugando a su querido rugby en el campo de al lado, sino preparando la comida para su familia política en la cocina de la casa de esta en Hauna Growth Point, una aldea de las montañas del este de Zimbabue, cerca de la frontera con Mozambique. Simbanai pasaba la mayor parte del tiempo haciendo tareas domésticas para su nueva familia mientras esperaba a dar a luz a su hijo.

En abril de 2020, pocas semanas después de que Zimbabue impusiera un estricto confinamiento nacional para frenar la propagación de la covid-19, la joven se quedó embarazada. “No pasábamos mucho tiempo juntos porque yo siempre estaba en el instituto”, dice refiriéndose al que ahora es su marido, un empleado de 24 años de una fábrica de procesamiento de tabaco con el que llevaba tres años de relación. “Pero cuando empezó el confinamiento... teníamos mucho tiempo y pasó. Tuvimos relaciones sexuales sin protección”.

Las tiendas de Zimbabue estuvieron cerradas durante parte del confinamiento, lo cual limitó muchísimo el acceso a los anticonceptivos para los habitantes de zonas rurales, como Simbanai y su marido. “Cuando se enteró de que estaba embarazada, me pidió que me casara con él”, cuenta la joven arrodillada en una estera de paja en casa de sus suegros. Aunque el matrimonio infantil está prohibido, la pareja se fugó.

Antes de la pandemia, en Zimbabue no se permitía que las niñas embarazadas siguiesen yendo al colegio. Pero, debido al confinamiento de todo el país, que dejó a los niños sin escuela durante seis meses, las tasas de embarazo adolescente y matrimonio infantil se dispararon. Entonces, el Gobierno retiró la prohibición. Los defensores de la educación infantil han celebrado la medida, que se ha extendido a todo el continente africano, como un acontecimiento para la vida de las niñas y las mujeres de Zimbabue, a las que ahora les resulta más fácil seguir educándose y progresar económicamente.

“El confinamiento tuvo consecuencias imprevistas, entre ellas el matrimonio infantil. Hay que reconocer que las escuelas desempeñan un papel importante como refugio seguro para nuestros niños”, afirma Taungana Ndoro, director de comunicaciones y promoción de Ministerio de Educación Primaria y Secundaria.

Ahora, las madres adolescentes tienen protección legal en Zimbabue, pero los defensores de los derechos de las niñas temen que no se sientan bienvenidas cuando vuelvan a clase

En agosto pasado, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, modificó la Ley de Educación del país al firmar otra que ilegalizaba la expulsión de las niñas embarazadas del colegio. Sierra Leona anuló una prohibición similar en marzo. Tras recibir un crédito del Banco Mundial, Tanzania se comprometió a facilitar el acceso a la educación a las niñas embarazadas, pero no llegó a readmitirlas en todo el país. En julio, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ordenó que las estudiantes que se quedaron embarazadas durante el confinamiento fuesen admitidas “incondicionalmente” en la escuela y se les diese acceso a atención prenatal gratuita.

Según las estadísticas del Ministerio de Educación, en 2018, alrededor de uno de cada ocho casos de abandono escolar registrados en Zimbabue fue motivado por el embarazo o el matrimonio. En casi todos ellos se trataba de niñas.

El matrimonio infantil, ilegal pero frecuente

Aunque Zimbabue lo prohibió en 2016, el matrimonio de menores de 18 años sigue siendo habitual. Una encuesta realizada en 2019 por el Instituto de Estadística del país a 8.000 mujeres adultas descubrió que casi una tercera parte ya estaba casada a los 18, como Simbanai. Manicaland, donde ella vive, no ha logrado acabar con el matrimonio infantil. Por ejemplo, las familias de las sectas apostólicas cristianas, que constituyen la religión dominante en la zona, tienen la tradición de casar a las niñas de la familia durante los encuentros anuales de su iglesia.

Aunque todavía se están confeccionando las estadísticas de todo el país, los datos del Gobierno muestran que, desde que empezó la pandemia, en la provincia de Manicaland, a la que pertenece Hauna Growth Point, 450 estudiantes han abandonado la escuela porque se han quedado embarazadas, se han casado, han enfermado o tienen dificultades económicas. Según los funcionarios, la cifra supone un aumento importante en comparación con el año anterior.

En otras partes del país, los habitantes de Bulawayo, la segunda ciudad más grande de Zimbabue, quedaron conmocionados por el suicidio de una estudiante de 17 años que, según información de los medios de comunicación locales, ingirió insecticida cuando estaba en las primeras fases de embarazo. Evitar casos como este es uno de los objetivos de esta nueva ley.

A pesar de haberse casado en mayo, Nancy Nyazungu, de 17 años, regresó a la escuela. Estaba embarazada de ocho meses y se presentó a los exámenes de diciembre. Terminar su educación es importante para ella. De lo contrario, teme convertirse en un ama de casa con pocos medios para llegar a ser económicamente independiente.

“Así sé que no seré sumisa con él y que no podrá controlarme”, dice de su marido. En cuanto se gradúe, la joven quiere conseguir un trabajo. Le gustaría que fuese en enfermería para poder ayudar a otras chicas embarazadas que se enfrentan a la dolorosa decisión de seguir sus estudios o abandonarlos.

“No culpemos a las niñas cuando se quedan embarazadas”

Mwaradzika Makazouya, profesora

Su escuela, al igual que otras de todo el país, ofrece ahora a Nyazungu asesoramiento en el marco de una iniciativa nacional encabezada por el Ministerio de Asuntos de la Mujer, Comunidad y Pequeña y Mediana Empresa para ayudar a las adolescentes en estado a terminar su educación.

“No culpemos a las niñas cuando se quedan embarazadas”, dice Mwaradzika Makazouya, directora del Instituto de Secundaria Sahumani de Honde Valley al que asiste Nyazungu. “Las aceptaremos”, remacha.

La ministra Sithembiso Nyoni anunció que se iba a permitir que las niñas embarazadas sustituyesen el uniforme escolar de falda azul y blusa blanca a juego por ropa de calle, eliminando así otro posible obstáculo cuando su cuerpo cambie de forma y aumente de volumen. El Ministerio también ha creado un programa de tutoría que empareja mujeres mayores jubiladas con adolescentes embarazadas en todo el país.

“Tenemos que seguir apoyándolas para que vayan a la universidad y empiecen a trabajar, porque tener un hijo no significa que, a partir de entonces, seas discapacitada o no puedas hacer mucho en la vida”, declaró Nyoni en octubre en el Parlamento. Ahora, las madres adolescentes tienen protección legal en Zimbabue, pero los defensores de los derechos de las niñas temen que no se sientan bienvenidas cuando vuelvan a clase.

“Algunas chicas con las que hemos trabajado han manifestado su preocupación por el hecho de que, aunque ellas estén deseando volver a la escuela, temen que las discriminen y las estigmaticen”, informa Florence Mutake, coordinadora de programas de la organización a favor de los derechos de las niñas Shamwari Yemwanasikana.

La madre de Simbanai rogó a su hija que volviese a la casa de su infancia y siguiese con sus estudios, pero ella se negó por miedo a que sus compañeros la tachasen de “promiscua” si no se casaba. “No tenía muchas opciones”, lamenta.

Nyazungu cuenta que sus compañeras de clase no dejaban de mirarle el vientre cuando volvió al instituto, pero ahora se han acostumbrado a tener una embarazada de compañera. La educación impedirá que esté expuesta al maltrato, reflexiona la joven mientras se abre paso a través de su nueva vida de mujer casada.

Ninguna de las dos puede escapar a la dura realidad de la peor crisis económica de Zimbabue en una década. La nueva ley no puede corregir la causa fundamental de las altas tasas de embarazo adolescente: las consecuencias económicas de la covid-19. Actualmente, este país del sur de África sufre una inflación de tres dígitos y escasez de combustible y electricidad.

Cuando hay más pobreza y más hambre, las tasas de matrimonio infantil aumentan, señala James Maiden, jefe de comunicaciones de Unicef Zimbabue. “A menudo, el matrimonio infantil es una estrategia de alivio de la pobreza para las familias vulnerables... pero pone en peligro el desarrollo de las niñas con poca educación y escasa formación vocacional, lo cual refuerza el sesgo de género de la pobreza”.

Durante las primeras semanas de confinamiento, el marido de Simbanai ayudó a mantener a flote a la familia de esta dándole dinero para alimentos y otros bienes de primera necesidad. Los ingresos de la familia de la joven se han visto gravemente mermados por las consecuencias económicas de la pandemia. Aunque Nyazungu y Simbanai se casaron en contra del deseo de sus padres, reconocen que las familias de sus maridos les proporcionaron una situación financiera más estable.

Al igual que muchas chicas de las zonas rurales que han abandonado los estudios, Simbanai pasa la mayor parte del tiempo realizando tareas domésticas. Pero lo que quiere desesperadamente es volver a la escuela. Echa de menos leer novelas y aprender de sus profesoras, que “la trataban como si fuera su hija”. La joven explica que la familia de su marido accedió a pagarle los gastos de escolarización en 2021, y que él le permitirá que vuelva. Se siente afortunada. Muchas otras, piensa, no tendrán esa oportunidad.

Este artículo ha sido publicado en el marco de la asociación entre la edición británica de Marie Claire, ZimLive.com y The Fuller Project.

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