La covid-19 alienta la desigualdad, llama del descontento social en Centroamérica

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Meses antes de la pandemia, muchos países de Latinoamérica se alzaron en protestas. El detonante fue el mismo: la creciente desigualdad. Esta fractura podría agravarse en Centroamérica a raíz del golpe económico de la covid-19 que, según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hará caer a más de dos millones de personas en la pobreza. Más pobres, más descontentos y más inestabilidad es lo que tienen en sus manos sus gobiernos.

“La crisis ha sido muy regresiva para la región, afectando a la población más vulnerable con el potencial de detonar estallidos sociales”, asegura Marta Ruiz-Arranz, asesora económica principal del departamento de países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana del BID. Esa es la premisa central del nuevo informe económico que coordinó la experta, bajo el título Desigualdad y descontento social, y con el cual este organismo llama “a los gobiernos, sobre todo en los países en ciclo electoral, a atender las demandas sociales”.

Según estimaciones del BID, la crisis del nuevo coronavirus en Centroamérica aumentará la pobreza un promedio de seis puntos porcentuales. Los países más afectados serían los que están más asociados al turismo, comercio y manufactura, sectores que dan trabajo a la clase media vulnerable, es decir, aquella que vive con entre cinco y 12,4 dólares al día.

Ese es el caso de Marcela Vardú, propietaria de un hostal a menos de una hora de la capital de El Salvador. “Ha sido un golpe muy grande, porque todos mis ahorros estaban en el negocio”, cuenta quien lo inauguró un año antes de la covid-19. En agosto pasado reabrió sus puertas y desde entonces no ha recibido más de 100 huéspedes. “Nunca estuvimos del lado privilegiado”, asegura. “Nuestros precios siempre fueron muy bajos para que todos pudieran gozar de unas vacaciones, pero ahora quienes no han sentido tanto la crisis no vienen a un lugar como el mío, sino a hoteles grandes”.

Según el Latinobarómetro, más del 70% de centroamericanos como Vardú ya sentía injusta la distribución de la riqueza. A medida que la inestabilidad económica de sus países se acentuó con la pandemia, también sus insatisfacciones. Estas se reflejan en cómo perciben los servicios públicos de educación y salud. Por ejemplo, en El Salvador, Honduras y Panamá el 30% de los encuestados por CID Gallup no están satisfechos con ningún servicio público. También muchos perciben más corrupción y, por si fuera poco, sus perspectivas del futuro tras la pandemia no son muy positivas. Vardú lo resume así: “Me siento escéptica de que vaya a haber algún cambio cercano, dan ganas de salir corriendo”.

Los países más afectados por la crisis desencadenada por la pandemia serán los que están más asociados al turismo, comercio y manufactura

A partir de este diagnóstico, el BID advierte a la región sobre el riesgo del aumento de la polarización entre quienes menos y más ingresos tienen. Para la experta Ruiz-Arranz, esta polarización de ingresos “significa mayor estancamiento, es decir, menor movilidad social entre grupos”. Con niveles tan altos que ya superan en 50% a la de Europa, dicha polarización podría desencadenar una oleada de estallidos sociales y conflictos en Centroamérica.

Una de las formas de mitigarla es, precisamente, redistribuir la riqueza a través de la salud y educación públicas. De acuerdo con el estudio del BID, gracias a estos servicios, alrededor del 60% de la población de la región es beneficiaria neta del Estado, por lo que sería favorable trabajar en su ampliación y calidad.

Para conseguir esto, el organismo apunta que todos deben pagar sus impuestos y que los gobiernos realicen un gasto social más eficiente. Suena lógico, pero en Centroamérica más del 60% de los trabajadores son informales, de los cuales un 30% está en el estrato alto de ingresos. “Hay una carga desproporcionada sobre el sector formal, mientras una proporción importante de hogares en la economía informal no vulnerable no está contribuyendo a la redistribución”, explica Arnoldo López Marmolejo, especialista líder del mismo departamento del BID y también coordinador del informe. Por ejemplo, si en El Salvador se lograra cobrar impuestos de los trabajadores informales de ingresos más altos, la recaudación sería 35% superior a la actual.

A pesar de esto, podría suceder que a estos informales no les interese tributar si no ven los beneficios de ello. “Existe una falta de confianza en el Estado, asociado a la corrupción, a la inequidad y a que la fiscalización en estos países es muy débil, entonces no hay ningún costo por no pagar impuestos”, indica Ruiz-Arranz. “El espíritu de una política fiscal redistributiva es que las personas de ingresos más altos contribuyan a financiar a las de ingresos más bajos. Eso no significa que no tengan beneficios indirectos, ya que la población en su total se beneficia con la paz social y la estabilidad económica”.

No somos un país unido, nos separaron desde siempre, por eso necesitamos leyes más inclusivas y menos clasistas

Marcela Vardú, pequeña empresaria salvadorena

La redistribución va de la mano con un mayor gasto social y más eficiencia desde los gobiernos. Según López Marmolejo, “hay espacio para aumentar la inversión y también hay margen por el lado de las ineficiencias”, como son las filtraciones en los programas sociales de personas de estratos no vulnerables. Se estima que, en promedio, estas filtraciones alcanzan el 1,5% del PIB de la región.

Por supuesto, paliar la polarización también pasa por una mayor inclusión política de los grupos históricamente excluidos, como las mujeres y los pueblos indígenas. “Aquí no se toma en cuenta a las personas que siempre han sido olvidadas”, lamenta Vardú, la empresaria salvadoreña. “No somos un país unido, nos separaron desde siempre, por eso necesitamos leyes más inclusivas y menos clasistas”.

En su análisis, el BID coincide con la percepción de Vardú. En efecto, las minorías étnicas están subrepresentadas en los Congresos de la región, debajo del 66% de lo que representan en la población. En tanto, las mujeres ocupan menos del 30% de los escaños. “Estamos en un punto en el que aún se pueden hacer esfuerzos para evitar el riesgo de conflictos”, refuerza López Marmolejo. “La gente está dando más atención a ser incluida en las políticas sociales y eso debería trasladarse a la agenda política con partidos más independientes, más institucionalizados y que no restrinjan la participación”.

Para Ruiz-Arranz el desafío es que “hay un proceso de escucha ciudadana que no se está haciendo”. “La población cada vez tiene más voz y más medios para mostrar su descontento. Los gobiernos tienen que escuchar y atender esas demandas de forma transparente”.

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