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Mineros urbanos a cielo abierto, la cara invisible del reciclaje

Hay un día mundial para ellos, los recicladores. Y es hoy. Miles de migrantes sin papeles, la mayoría subsaharianos, sobreviven en Barcelona buscando metales. Realizan una labor esencial y urgen políticas y soluciones para su formalización

Mineros urbanos
Un reciclador informal, a no ser que tenga un día de suerte puede ganar entre 10 y 15 euros al día por la venta del material que encuentra.Javier Sulé Ortega

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27 de junio de 2006. Karim ―el más “famoso”, como se autodenomina― salió en patera del área senegalesa de Casamance, al sur del país africano. En su ruta hacia Europa, la embarcación pasó 15 días en el mar hasta llegar a las costas canarias de Tenerife. Ahí comenzó un periplo por centros de internamiento de extranjeros y por varias ciudades españolas que finalizó en Barcelona, donde se asentó finalmente.

Karim reciclador

Los que reciclan Barcelona

Si no fuera por los colectores informales, mucha chatarra se iría al vertedero, por lo que son un claro actor de la economía circular, pero su labor no está formalmente reconocida

Cuando llegó a Barcelona, Karim comenzó a recoger chatarra. “Antes de robar, preferimos hacer esto, pero sabes lo que es caminar doce horas y arrastrar un carrito de supermercado de 300 kilos desde el campo del Barça hasta aquí. Y los 365 días no paras. Es muy duro. Encima no puedes decir que tienes dinero porque ganas cinco, diez o 15 euros. No más. Esto es para sobrevivir porque llego a España, no tengo papeles y no puedo trabajar”.

El senegalés cuenta que en 2006 se podía vivir de la chatarra porque no había mucha gente recogiendo. Hoy son miles los recicladores informales que recolectan por las calles de Barcelona, la mayoría migrantes subsaharianos sin papeles que, como Karim, llegaron a Europa en busca de una vida mejor. Todo el mundo los ve y, sin embargo, son invisibles.

Los recicladores ofrecen un servicio a la sociedad y un servicio ambiental por el reciclaje que realizan de forma gratuita
Federico Demaria, profesor de Ecología Política

Para Federico Demaria, profesor de Ecología Política de la Universidad de Barcelona (UB), la recolección de residuos reciclables es un trabajo esencial pero nadie lo quiere reconocer. “Si no fuera por los recicladores informales, mucha chatarra se iría al vertedero, por lo que son un claro actor de la economía circular. Los recicladores ofrecen un servicio a la sociedad y un servicio ambiental por el reciclaje que realizan de forma gratuita”, puntualiza el experto en reciclaje informal en el mundo. “Las empresas privadas cobran de la Administración por recoger, transportar y reciclar esos materiales; mientras que los recicladores informales hacen algo parecido sin cobrar nada del Estado”.

Demaria, junto a un equipo de su universidad, encabeza un proyecto de investigación sobre los recicladores informales en la capital catalana, sobre los cuales, asegura, se sabe muy poco. “No sabemos cuántos hay ni cuánto material recogen. Tampoco su contribución económica por el trabajo que hacen, pero no es difícil de imaginar que si hay miles y recogen toneladas de material al día, este tiene un precio. Y haciendo una simple multiplicación estaríamos hablando de unos cuantos millones de euros”, apunta.

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Héctor es de los pocos españoles dedicados a recoger chatarra. Lleva tres años haciéndolo, vive en la calle y la chatarra es su único sustento. Arranca todos los días a las seis de la mañana y camina y camina con sus auriculares puestos. Recorre toda la ciudad mientras saluda a sus compañeros. A algunos los conoce desde hace tiempo, a otros los ve por primera vez. Entre ellos son visibles. Héctor sueña con que este sea un trabajo dignificado. “Me gustaría que fuese una labor regulada, dónde poder asegurarme una jubilación el día de mañana. Esto no deja de ser un trabajo, no dejas de buscarte la vida”.

Un ecosistema complejo

Los recicladores se enfocan justamente en los metales, una de las fracciones que más se escapan de los circuitos oficiales de la gestión de residuos; donde el sector formal convive e interactúa, con cierta normalidad, con el informal. La informalidad empieza cuando el reciclador recoge el material que encuentra en un contenedor: en la calle, en una obra o que le entregan en una casa. Y acaba cuando lo vende a una empresa formal y legalizada, normalmente una pequeña chatarrería de acumulación que actúa de intermediaria. Luego, a su vez, ese establecimiento oferta el material a otros intermediarios más grandes, con una capacidad de almacenamiento mayor, que son los que después lo venden a la industria recicladora.

El Gremio de Recuperación de Cataluña reconoce abiertamente la contribución de éstos al sector. “En 2013 hicimos un estudio en el que calculamos que, de las casi 550.000 toneladas de residuos metálicos que se recuperaron, en torno al 22% provino de estos recolectores informales. Y que unas 54.000 personas en Cataluña se dedicaban a este trabajo de manera informal”, afirma Victoria Ferrer, directora de un gremio con más de 250 empresas asociadas y que gestionan más del 90% del material que se recupera en esta comunidad autónoma, entre metales, aparatos eléctricos y electrónicos.

Así, los recicladores informales son un eslabón muy débil que contribuye a la existencia de un sector muy próspero de la economía española. En el país, según la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), existen más de 5.000 empresas especializadas que gestionan residuos y generan un volumen de negocios superior a los 10.000 millones de euros anuales, cercano al 1% del PIB nacional. En 2019 gestionaron más de seis millones de toneladas de chatarras férricas.

Existen más de 5.000 empresas especializadas que gestionan residuos y generan un volumen de negocios superior a los 10.000 millones de euros anuales, cercano al 1% del PIB nacional

Con todo, parte de la primera línea de producción de un negocio que mueve miles de millones de euros vive en la absoluta marginalidad. Y es que los metales ya no solo se encuentran en el subsuelo, sino en la superficie y los mineros urbanos a cielo abierto que los recuperan son migrantes sin papeles. Para el investigador Demaria, sus condiciones podrían mejorar si existiera un proceso de formalización, que haría incluso que pudiesen reciclar más, pero haría falta el apoyo de la Administración.

“No necesariamente tendría por qué ser un pago directo. Podría ser mediante facilidades como otorgarles bicicletas eléctricas con un carro detrás, creando cooperativas, haciendo que los puntos verdes municipales se vuelvan centros de acopio para ellos o desarrollando una aplicación celular para que acuda un reciclador a casa cuando un ciudadano lo solicite”, señala el profesor.

Sin embargo, regularizar su situación laboral no es sencillo. Una gran mayoría se encuentra en situación irregular en España. En países como Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia o Chile, sin embargo, miles de recicladores sí fueron formalizados y realizan una labor cada vez más reconocida. “En muchos casos, hacen recogida puerta a puerta, algo que en Europa es considerado lo más puntero. De hecho, los únicos pueblos en Cataluña que cumplen con el 60% del reciclaje que marca la directiva europea son aquellos que la realizan puerta a puerta y esto los recicladores lo hacen”, afirma Demaria. Desde el otro lado del Atlántico, Jadira Vivanco, coordinadora regional de Latitud R, una plataforma de organizaciones y empresas que promueve los derechos de los recicladores en América Latina y el Caribe, los considera igualmente un actor clave para afrontar los nuevos retos del reciclaje. “Para implementar los modelos de economía circular en la región, una de las herramientas más poderosas hoy en día, es el reciclaje inclusivo”.

Barcelona inicia ahora un cambio de rumbo en su política de gestión de residuos con un nuevo modelo, sobre todo en lo que atañe a la recogida y que podría perjudicar a los recicladores con la posible eliminación de los contenedores grises de rechazo, donde habitualmente encuentran material. La recogida selectiva lleva años estancada y se pretende llegar al 55% de reciclaje en el año 2025. “Vamos a un modelo de recogida puerta a puerta o de implementación de contenedores inteligentes, con apertura previa identificación. Es un sistema con menor coste económico, menor impacto ambiental y generará puestos de trabajo en el sector del reciclaje”, explica Víctor Mitjans, responsable del servicio de programas y estudios del Área Metropolitana de Gestion de Residuos de Barcelona (AMB).

Para el técnico municipal, la generación del llamado “empleo verde” podría ser una oportunidad laboral para los recicladores, pero ve difícil que pueda consumarse: “Normalmente son personas en situación irregular, por lo que es complejo encontrarles encaje en el modelo oficial. En cualquier caso, la gestión de los residuos debe solucionar el problema de los residuos. Y el tema de la informalidad o del modo de vida de estas personas debería solucionarse con políticas sociales. Pretender que la política de gestión de residuos dé soluciones sociales... creo que son cosas que no se deben mezclar”.

Barcelona inicia ahora un cambio de rumbo en su política de gestión de residuos con un nuevo modelo, sobre todo en lo que atañe a la recogida y que podría perjudicar a los recicladores con la posible eliminación de los contenedores grises de rechazo, donde habitualmente encuentran material

Julián Porras, sociólogo experto en temas de reciclaje informal y compañero de trabajo de Demaria, replica: “No creo que Barcelona, ni ninguna ciudad del hemisferio norte, pretenda hacer políticas como Bogotá o Brasil, donde se ven recicladores en los sistemas de gestión de residuos de la ciudad; porque tendrían que contradecir sus propios principios. Hay una gran maquinaria alrededor de las empresas de gestión de residuos, donde la mayoría son privadas y con plantillas subrogadas”.

Una cooperativa fallida

En 2013, la ocupación de una nave industrial en Barcelona por parte de más de un centenar de personas y su desalojo por parte de la policía produjo un debate en la ciudad sobre las condiciones en las que viven muchos migrantes. Siete años más tarde, el incendio de otra nave ocupada por casi 200 sacó a la luz la misma problemática. Tras el desalojo, el Ayuntamiento, liderado en aquel tiempo por el alcalde Xavier Trias, promovió una cooperativa especializada y pionera a nivel estatal, para emplear a personas que recogen chatarra.

A través de esta cooperativa, que se denominó Alencop, se dio alojamiento, documentación y un sueldo digno a unas 30 personas que lograron trabajar allí. No obstante, el proyecto con varios problemas de impagos a los empleados se vio afectado por la situación de pandemia y tuvo que cerrar sus puertas definitivamente hace un año. Erick, un joven de Ghana que formó parte de la iniciativa, critica el mal funcionamiento de la cooperativa, ya que su actividad se limitaba a recoger aparatos en desuso sin poder desmontarlos, lo que podría haber dado más rentabilidad al negocio. Para ello, hacía falta obtener una licencia que llegó cuando la cooperativa ya había dejado de funcionar.

Alrededor de las cinco y media de la tarde, Héctor regresa a la chatarrería. Karim lo recibe. Hace siete años que regenta su propia chatarrería en el barrio barcelonés de Poble Nou. Estos centros de acopio son a los que los recicladores informales venden la mercancía. Por la de Karim, cada día pasan entre 150 y 200 chatarreros, compatriotas en su mayoría, pero también personas de Gambia, Mali, Marruecos o Rumania que le venden el material que luego él revenderá a otras empresas más grandes, con capacidad para tratar los residuos.

Una cadena larga, donde los precios varían de un día para otro, regulados por la Bolsa de Valores de Londres. El hierro en estos días se paga a 0,07 euros el kilo, el aluminio a 0,50 euros; el latón a 0,60, el plomo a casi un euro y el cobre, producto estrella, a 4 euros y medio. Para Héctor fue un mal día. Solo pudo recoger 75 kilos de hierro, unos cinco euros.

Este artículo forma parte de la serie de publicaciones resultado de la Beca de producción periodística sobre Reciclaje Inclusivo, ejecutada con el apoyo de la Fundación Gabo y Latitud R.

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