Choque entre el norte y el sur por las patentes covid-19

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En la carrera contra la covid-19 hay dos velocidades. La de los países ricos, que ya han comprado o apalabrado dosis de vacunas suficientes para inmunizar a sus poblaciones varias veces; y la de los pobres: después. Aunque se ha creado un mecanismo internacional ―Covax― para garantizar la equidad en la distribución que ya ha recaudado más de 1.700 millones de euros, no está suficientemente dotado todavía para afrontar la batalla en el mercado en igualdad de condiciones. Esa desigualdad es la que ha impulsado a la India y Sudáfrica a solicitar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que suspendan los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier tecnología, medicamento o vacuna contra esta enfermedad, al menos, hasta que se consiga la inmunidad de grupo global, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula en el 70% de la población del planeta.

El mapamundi de apoyo a esta propuesta también está dividido en dos: el norte, que la rechaza (España entre ellos); y el sur, que la apoya. La OMC funciona por consensos y en esta ocasión el acuerdo se va a hacer de rogar: 99 de los 164 países miembros del organismo se han mostrado a favor. También numerosas ONG y organizaciones de la sociedad civil se han sumado. Tedros Adhanom, director general de la OMS, se mostró a favor pocos días después de que los dos países presentasen formalmente su solicitud. “Damos la bienvenida a los esfuerzos para ampliar el acceso a las pruebas, tratamientos y vacunas como la reciente propuesta de Sudáfrica e India”, dijo. En la insdustria, la iniciativa no ha caído bien. Hasta que la cuestión se resuelva, el choque de argumentos y cruce de declaraciones están garantizados.

Este jueves se debatirá de nuevo el asunto en el Consejo sobre los Acuerdos de Propiedad Intelectual (Adpic) de la OMC para convenir una posición para la reunión que se celebrará el próximo 17 de diciembre, cuando debería tomarse una decisión. Pero todo apunta a que las naciones más prósperas no cambiarán su parecer para entonces. Ejemplo de ello es la postura de la Unión Europea, a la que se adhiere España.

“Los derechos de propiedad intelectual ni deben suspenderse, ni es necesario hacerlo, ya que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en su artículo 31 ya ofrece suficiente flexibilidad, mediante el establecimiento de un sistema de licencias obligatorias especiales, para poder hacer frente al suministro y distribución de medicamentos y productos sanitarios durante la pandemia de la covid-19″, argumentan desde el Ministerio de Industria y Comercio español. “No hay ninguna prueba de que los derechos de propiedad intelectual sean una verdadera barrera en relación con los medicamentos y tecnologías relacionados con la covid-19″.

Los derechos de propiedad intelectual ni deben suspenderse, ni es necesario hacerlo

Ministerio de Industria y Comercio español

Los países miembros de la UE consideran más útil financiar los fondos globales para la repuesta al coronavirus que la propuesta de la India y Sudáfrica que solo conseguiría desincentivar la innovación, apuntan fuentes de Comercio de la Comisión. Prueba de ello es que Europa destinará casi 16.000 millones “para el acceso universal a pruebas, medicamentos, dispositivos e inmunizaciones para la enfermedad y lograr la recuperación global”, subrayan. Desde la institución recuerdan que “muchas compañías farmacéuticas se han comprometido públicamente y ya están trabajando en estrecha colaboración con los Gobiernos para garantizar que las vacunas estén disponibles y sean asequibles para todos los que las necesiten”.

Estos mecanismos, fondos y promesas no aseguran un acceso equitativo, en opinión de Irene Bernal, investigadora del equipo de acceso a medicamentos de Salud Por Derecho. “Estamos viendo que quien tiene el dinero es el que tiene acceso. El 53% de las vacunas nos las hemos quedado el 14% de la población, los ricos”, argumenta. “Y las compañías tienen una capacidad de producción limitada. ¿Cuándo van a llegar entonces las dosis a los países más pobres? Suspender las patentes permitiría una producción a gran escala suficiente para abastecer el mercado mejor”, defiende.

En este sentido, fuentes de la Comisión Europea indican que se han producido acuerdos sobre la expansión de la capacidad de fabricación. “Por ejemplo, AstraZeneca tiene convenios con empresas de Italia, Reino Unido, China y Rusia para apoyar la manufactura, adquisición y distribución de vacunas”, apuntan. “También se realizó un acuerdo de transferencia de tecnología con Serum Institute of India para suministrar dosis a países de ingresos bajos y medianos. BioNTech está colaborando con Fosun Pharma para abastecer el mercado chino. Y hay otros ejemplos”.

India y Sudáfrica no creen que sea suficiente. La declaración del país asiático ante la reunión del Consejo de los Adpic del 20 de noviembre denunciaba duramente la postura que mantienen las naciones del norte: “Por un lado, estos países están comprando la mayor cantidad posible de suministros que son limitados, sin dejar vacunas para los países en desarrollo y menos adelantados. Por otro lado, y de manera muy extraña, estos son los mismos que argumentan en contra de la necesidad de la exención que puede ayudar a aumentar la fabricación y el suministro mundial para lograr no solo un acceso equitativo, sino también oportuno y asequible a dichas vacunas para todos los países”.

España no se libra de este tipo de crítica de doble moral. En una misiva al Gobierno para que cambie su posición, Médicos Sin Fronteras y Salud por Derecho destacan que no apoyar la iniciativa india y sudafricana es contrario a lo que se compromete en la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación a la crisis de la Covid. En ella se lee: “España será proactiva en promover políticas de propiedad intelectual que se orienten a facilitar este acceso universal y equitativo, que apuesten por licencias abiertas, compartidas, no exclusivas a nivel mundial y no limitadas en el tiempo, especialmente en lo que concierne a resultados fruto del dinero público”.

“Ha habido una aportación de financiación pública sin precedentes en la investigación de tecnologías, medicamentos y vacunas contra la covid-19. Con ello estamos reduciendo el riesgo de las compañías”, subraya Bernal. En su opinión, este es un motivo más para que se suspenda temporalmente la protección sobre todo ese conocimiento para vencer a la enfermedad. No sería la primera vez. Hay precedentes de medidas excepcionales.

En el caso de las patentes, las farmacéuticas y otras empresas tienen un derecho exclusivo de utilizar y explotar la invención, en este caso el medicamento o vacuna, durante 20 años desde su concesión. Pero en 2001, la Declaración de Doha reconoció el derecho de los Gobiernos a tomar todas las medidas necesarias para eliminar las patentes y otras barreras de propiedad intelectual para priorizar la salud pública frente a los intereses comerciales. Se adoptó para responder a la epidemia de VIH-sida que mataba a miles de pacientes en los países en desarrollo porque no se podían permitir adquirir antirretrovirales. Especialmente, en Sudáfrica, que ahora promueve otra revolución en el sistema. Tras aquel acuerdo, “los precios del tratamiento cayeron de 1.000 dólares a 100 en unos años”, rememora Raquel González, responsable de relaciones externas de MSF España.

Esto es un órdago, una propuesta radical para un momento puntual de la Historia con una situación extraordinaria. La pandemia lo es y requiere de medidas excepcionales porque el sistema actual no está preparado

Raquel González, MSF

“Esto es un órdago, una propuesta radical para un momento puntual de la Historia con una situación extraordinaria. La pandemia lo es y requiere de medidas excepcionales porque el sistema actual no está preparado”, anota la representante de MSF. De tener que hacer uso de las flexibilidades de la actual normativa, que son suficientes para la UE, cada país individualmente tendría que justificar y retirar la patente medicamento por medicamento, caso por caso. “Es un proceso farragoso y estamos en una carrera contrarreloj”, añade.

La Federación Internacional de Productores Farmacéuticos (IFPMA, por sus siglas en inglés) considera, sin embargo, que “la dilución de los derechos de propiedad intelectual es contraproducente” porque “socavará la confianza en lo que ha demostrado ser un sistema que funciona bien, permitiendo que la industria se asocie con confianza con el mundo académico, institutos de investigación, fundaciones y otras empresas privadas”. Así lo manifiesta en un comunicado. “La industria mantiene su compromiso con el acceso justo y equitativo a los tratamientos y vacunas para la covid-19”, anota.

Desde Farmaindustria, miembro de la patronal mundial de la industria, sostienen que la investigación sin precedentes, con la que se ha conseguido que estén en marcha cerca de 2.200 ensayos clínicos sobre la enfermedad, más de 1.100 medicamentos en fase de pruebas y 350 proyectos de vacunas “no habría sido posible sin la existencia durante años de un marco regulatorio predecible, basado en las leyes de propiedad industrial y en la existencia de patentes a nivel mundial para proteger la innovación”.

Covax, la apuesta del mundo desarrollado

Para Mark Suzman, director ejecutivo de la Fundación Bill y Melinda Gates, “en 2021, el mundo se tiene que focalizar en maximizar la producción y distribución de forma equitativa”. Para que las tecnologías, medicamentos y, sobre todo, las vacunas lleguen al mismo tiempo a todo el planeta, “se necesitan fondos para negociar precios y reservar dosis”. Su apuesta para conseguirlo es el mecanismo internacional que se ha creado para ello: Covax, una plataforma de países ricos y pobres para aunar esfuerzos en esta línea. El objetivo de esta alianza es proveer a los 187 socios con 2.000 millones de vacunas en 2021, también a los 92 de renta baja y media que no se pueden permitir adquirirlas.

Queremos que las vacunas lleguen a los pobres lo más rápido y barato posible. El AMC garantiza que tengan acceso a precio de coste

Mark Suzman, Fundación Gates

Para asegurar que los países sin recursos las reciban en igual cantidad y al mismo tiempo que los prósperos, se creó el compromiso de Mercado Anticipado Covax (AMC, por sus siglas en inglés), un fondo que se nutre de la ayuda oficial al desarrollo de los donantes, así como contribuciones del sector privado y la filantropía para garantizar precios muy asequibles a las economías más precarias. “Queremos que las vacunas lleguen a los pobres lo más rápido y barato posible. El AMC garantiza que tengan acceso a precio de coste”, explica. Conseguirlo requiere de dinero y esta hucha ya cuenta con más de 2.000 millones de dólares (1.650 millones de euros). “Pero estamos preocupados porque no es suficiente, se necesitan otros 5.000 millones para vacunar al 20% de la población en 2021”, subraya en un encuentro virtual con periodistas. Por eso, la Fundación Gates aportará otros 250 millones de dólares (207, de euros) a la respuesta global contra la covid-19, desvela, lo que eleva los compromisos totales de la entidad a 1.750 millones de dólares (1.450, de euros).

“La UE ha sido líder en apoyar el Covax AMC”, ha destacado Suzman. La Comisión Europea destinó a este fondo 100 millones de euros a mediados de noviembre. Por su parte, Francia donó otros 100 y España 50. El temor de quienes apoyan la suspensión de patentes es que, incluso con el apoyo de Covax AMC, haya países que se queden fuera o les llegue todo demasiado tarde. Hasta la fecha, este fondo se ha hecho con 700.000 vacunas de los 2.000 millones que calcula que necesita para cumplir su misión en 2021. Es lo que plantea González, de MSF. “Ya lo vemos con la Alianza Global para las Vacunas [Gavi}: hay quienes no acceden a ellas. Covax es un paso, pero pedimos ir más allá”, termina.

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