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Dejen a las mujeres en paz

La participación femenina en las negociaciones para la resolución de conflictos garantiza acuerdos más duraderos, según la ONU. Pero ni su presencia ni sus derechos están bien representados 20 años después de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad que instaba a ello

Una niña desplazada interna vive en un refugio temporal en Herat, Afganistán, donde recientemente han comenzado las conversaciones de paz entre el Gobierno y los talibanes.
Una niña desplazada interna vive en un refugio temporal en Herat, Afganistán, donde recientemente han comenzado las conversaciones de paz entre el Gobierno y los talibanes.JALIL REZAYEE (EFE)
Alejandra Agudo

Llegaron en camiones mientras las niñas dormían. Entraron en el internado, saquearon la despensa y las reservas de combustible. Pero la comida y la gasolina no fue lo único ni lo más valioso que usurparon. No se marcharon solos, los terroristas de Boko Haram secuestraron a 276 estudiantes del instituto situado en la localidad de Chibok, en el Estado nigeriano de Borno. Sucedió el 14 de abril de 2014, pero su historia todavía no ha terminado: 56 de ellas lograron escapar inmediatamente, se desató una ola de indignación internacional que se materializó en el movimiento #BringBackOurGirls (devuelvan a nuestras niñas) al que se sumaron famosos y políticos en redes sociales para pedir la liberación de las pequeñas, 100 fueron rescatadas después mediante intercambios de prisioneros, algunas habían tenido hijos o estaban embarazadas de sus captores. En esa existencia de violaciones, despojo de derechos y deshumanización viven todavía otras 112 de las alumnas de Chibok, según cálculos de las organizaciones, aunque no se sabe su número exacto ni destino cierto. Más los miles como ellas para las que no hay tanta atención, pero sí el mismo sufrimiento. Sin infancia, obligadas a ser esposas, trofeos, objetos sexuales, madres.

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“Que nuestros cuerpos sean campos de guerra es muy antiguo. No empezó en el siglo XX. Sucede desde que hay guerras y conflictos, y dominación masculina sobre los cuerpos femeninos”, recuerda Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La específica y ancestral violencia que sufren las mujeres y las niñas como las de Chibok en los conflictos fue, sin embargo, por primera vez oficialmente reconocida por la ONU el 31 de octubre del 2000, en la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad. “Fue un hito”, asegura la jueza, política y abogada costarricense, en la sesión inaugural de las jornadas conmemorativas del 20 aniversario organizadas esta semana por Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

“La Resolución 1325 es importante porque hace visible el impacto diferenciado de los conflictos en las mujeres. No son neutros en cuanto al género y eso se constata en la violencia sexual, pero también en la vulneración de derechos económicos y civiles", reflexiona Cristina Sánchez, profesora de Filosofía del Derecho en la UAM y co-organizadora de las conferencias. Pero esta resolución es mucho más. “Se subraya la importancia de incluir a las mujeres en los procesos de paz. No se las considera únicamente víctimas, sino también agentes de cambio”, agrega la experta.

Que nuestros cuerpos sean campos de guerra es muy antiguo. No empezó en el siglo XX. Sucede desde que hay guerras y conflictos
Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Con motivo del 20 aniversario de la 1325, la ONU ha presentado un informe de seguimiento ante el Consejo de Seguridad este viernes. Los datos en él recogidos dan pocos motivos para la celebración. “A pesar de las excelentes iniciativas y los avances logrados, queda mucho por hacer. Cuando las mujeres participan en las negociaciones, la paz es más duradera; pero normalmente quedan excluidas y relegadas a espectadoras. Y son los hombres los que deciden el futuro de todos”, ha expuesto contundente Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres en esa sesión, emitida en directo en vídeo. Según el estudio, entre 1992 y 2019, solo el 13 % de los negociadores, el 6 % de los mediadores y el 6 % de los signatarios de los principales procesos de paz en todo el mundo eran mujeres. Y entre 1995 y 2019, el porcentaje de acuerdos con disposiciones sobre la igualdad de género pasó apenas del 14 % al 22%.

“Hace 20 años este Consejo recogió el llamamiento del movimiento de las mujeres y lo trajo al nivel global con la Resolución 1325. Ahora tenemos que considerar los problemas en la aplicación”, ha exhortado Mlambo-Ngcuka. La implementación es la asignatura pendiente, como en tantos otros compromisos con la igualdad de género y el desarrollo global que también han celebrado su aniversario este 2020, eclipsados por la covid-19. “La participación de las mujeres en los acuerdos no es necesaria porque ellas sean más pacíficas, sino por que son sujetos políticos de derecho”, reclama Sánchez. “Y garantizan períodos de paz más duraderos porque incluyen a la mitad de la población. Por eso son más exitosos”, explica la especialista. Constatado este beneficio, ¿por qué las mujeres siguen ausentes y sin voz ni voto en las mesas de negociación? “Falla lo mismo que en todos los ámbitos de la sociedad, también en las democracias, por lo que no hay más mujeres en el poder político, económico y cultural”. La desigualdad estructural es la respuesta.

No solo hay que aumentar la presencia de mujeres en los procesos de paz, anota Sánchez, sino también la perspectiva de género en todo el proceso: la prevención de conflictos, el apoyo a las víctimas durante los mismos y en el período posterior de reconstrucción y reparación. Según el informe de ONU Mujeres, en julio de 2020, 85 Estados miembros (el 44 % de los integrantes de las Naciones Unidas) habían trasladado la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad a sus planes de acción nacionales, lo que supone un aumento con respecto a los 19 de 2010. Pero solo el 24 % incluía un presupuesto para aplicarlos en el momento en que se aprobaron. “Y carecen de mecanismos de rendición de cuentas. Son solo para el papel”, se queja Odio a este respecto. “Las mujeres están atrapadas en guerras de hombres. Tienen que defenderse sin fondos”, ha lanzado Mlambo-Ngcuka antes de que los representantes de los países en el Consejo de Seguridad hayan destacado su “más firme compromiso” con la Resolución 1325.

Mientras estas conversaciones tienen lugar, ahora a través de las nuevas tecnologías, 2.000 millones de personas luchan por sobrevivir en zonas afectadas por conflictos armados en medio de una pandemia mundial que también ha golpeado con dureza a la población femenina, y que amenaza con revertir los lentos avances que se han conseguido hacia la igualdad de género. “Las mujeres no pueden aceptar lo despacio que van las cosas y tampoco que vayamos hacia atrás. Han pasado 25 años desde la Plataforma de Acción de Pekín y seguimos teniendo promesas incumplidas. Eso es en lo que nos tenemos que centrar ahora”, ha pedido la directora de ONU Mujeres.

Para Zarqa Yaftali, directora ejecutiva de la Fundación de Investigación Jurídica de Mujeres y Niños de Afganistán, la necesidad de que se cumplan las promesas, sobre todo las de la Resolución 1325, es muy real. “Ahora es un momento crucial porque en septiembre han comenzado las conversaciones de paz entre los talibanes y el Gobierno para dar carpetazo a 40 años de conflicto. Hay cuatro mujeres en el quipo gubernamental, pero no es suficiente”, ha relatado. No se ha incluido a más porque los talibanes rechazaron la presencia de mujeres en las negociaciones en el pasado. “Incluso una sufrió un ataque”, ha recordado la activista. Les preocupa que los derechos de las mujeres, que les ha costado décadas de esfuerzo alcanzar, sean “moneda de cambio” en la negociación ahora que “ya no son lapidadas, ni obligadas a llevar burka y empiezan a prosperar como cineastas, conductoras, ministras o doctoras”. "Exhortamos a la comunidad internacional a ejercer sus responsabilidades para garantizar que ninguna de las partes restringe los derechos de las mujeres, civiles, humanos, económicos y políticos, en modo alguno”, ha pedido firme al Consejo de Seguridad este viernes. “Como mujer afgana estoy aquí para decirles que su papel en Afganistán es más importante que nunca”.

Muchas niñas se la juegan por ir a la escuela de cada día. Trabajamos incansablemente para cambiar este país. Y nadie nos protege
Zarqa Yaftali, activista afgana

El conflicto en Afganistán, ha continuado Yaftali, no solo ha matado a decenas de miles de sus compatriotas, sino que ha causado hambre y pobreza. “Y ha repercutido en mujeres y niñas: el 70% son analfabetas, el 35 % están casadas antes de los 18 y más del 80% han experimentado violencia de género. Y todo esto ha empeorado con la covid-19. Nuestra sociedad civil es víctima de amenazas y ataques. Muchas niñas se la juegan por ir a la escuela de cada día. Trabajamos incansablemente para cambiar este país. Y nadie nos protege”, ha concluido.

Finalmente, además de prestar especial atención a la protección de las mujeres en los conflictos e incrementar su participación en los procesos de paz, hay un tercer desafío pendiente: acabar con la impunidad de los crímenes de guerra contra ellas cometidos, como la violación y otras formas de violencia sexual. Aunque se han producido sentencias históricas en este sentido, no solo 112 de las niñas de Chibok siguen en paradero desconocido, sino también sus secuestradores que, según el derecho internacional, tendrían que rendir cuentas ante la justicia.

“Cuando cambiemos el rostro de la política, aprendamos de las lecciones de décadas de activismo de las mujeres, dediquemos más presupuesto a los servicios sociales en lugar de armas, estaremos en condiciones de mantener la paz, superar la crisis climática, recuperarnos de esta pandemia o prevenir la próxima. Una respuesta a la covid que sea verdaderamente inclusiva representa una oportunidad transformadora para un mundo más pacífico, sostenible y equitativo. Es hora de atender esta llamada”, ha terminado Mlambo-Ngcuka.

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Sobre la firma

Alejandra Agudo
Reportera de EL PAÍS especializada en desarrollo sostenible (derechos de las mujeres y pobreza extrema), ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Miembro de la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras. Antes trabajó en la radio, revistas de información local, económica y el Tercer Sector. Licenciada en periodismo por la UCM

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