Los castigos de Milei

El sistema de crédito social chino fue un experimento que despertó gran fascinación en Occidente porque, más que un sistema de vigilancia, era un proyecto de reeducación. Buscaba corregir “vicios” de la ciudadanía como comprar alcohol, faltar al trabajo, cruzar en rojo, no visitar a los padres ancianos y, por supuesto, participar en manifestaciones o criticar al gobierno en el chat familiar. Estaba perfectamente alineado con la era del me gusta: cada ciudadano empezaba con 400 puntos y el correctivo por perderlos era ir limitando su acceso a productos y servicios importantes, incluyendo el parque de viviendas, puestos de trabajo y buenos colegios para sus hijos, pero también billetes de avión, de tren y hasta de autobús. Su eslogan lo decía todo: los buenos ciudadanos caminarán libres bajo el sol y los malos ciudadanos no podrán dar un paso.

Era abominable y fascinante, puro Black Mirror. Aunque para algunos, más honesto que la discriminación invisible que caracteriza el mundo occidental. Al menos la escalera era de doble sentido y las reglas eran explicitas. Un ciudadano podía recuperar los puntos y hasta mejorar su condición haciendo obras para la comunidad como donar sangre, cuidar niños o trabajar como voluntario.

El proyecto tropezó con dos problemas técnicos: es difícil unir los archivos burocráticos de un país de 1.400 millones de personas, y es imposible juzgar sus decidiones diarias sin activar la violencia y la corrupción natural del sistema. Parafraseando a Audre Lorde, las herramientas de la democracia no sirven para desmantelar la democracia. La transparencia nunca podrá favorecer a un régimen autoritario, incluyo cuando su propósito es la represión.

Hoy el Gobierno chino se conforma con controlar a las empresas y conectar bases de datos judiciales y financieras para discriminar a los pobres, encarcelar a los díscolos y llenar de musulmanes y disidentes los centros de detención. Como Donald Trump.

Y sin embargo, el proyecto acaba de encontrar un improbable heredero. El gobierno de Javier Milei envió a las autoridades de Estados Unidos una lista de unas 13.000 personas que no pagaban la manutención (pensión alimenticia) de sus hijos para imponer un castigo aleccionador: no dejarlos entrar en los partidos del Mundial de fútbol.

Pensará el lector que no es lo mismo y tendrá un poco de razón, pero la diferencia no es de clase sino de grado, con un importante matiz. Argentina entrega datos sensibles de sus propios ciudadanos a un país donde no tienen derechos civiles para que los castigue. Una medida hasta ahora estaba reservada para terroristas, pedófilos, traficantes de personas y perfiles extremadamente peligrosos. Pero con un argumento satisfactorio: si tienen dinero para ir a ver el fútbol, también lo tienen para pagar la manutención.

Hay que desconfiar de las noticias que hablan de justicia pero apelan a nuestro instinto de venganza, porque todos lo tenemos y el fascismo vive de él. Esta ocurrencia parece diseñada para que aplaudamos una medida que vulnera los derechos civiles de todos los argentinos, no sólo los malos, y expandir los poderes de un país que desaparece niños y los separa de padres que no han cometido más crimen que huir de una muerte probable y aceptar trabajos que nadie quiere para que sus hijos tengan una oportunidad.