Violencia en el Congreso

El grave incidente protagonizado el martes en el Congreso por el diputado de Vox José María Sánchez García no puede despacharse como un episodio más de pésima educación de un parlamentario que, en sus más de seis años en la Cámara, ha exhibido demasiadas veces su desprecio a las normas de comportamiento básicas y su machismo. En esa sesión, Sánchez García ya había sido llamado al orden cuando, en un acto intolerable, subió al estrado donde se sienta la Presidencia de la Cámara, increpó a una letrada y se encaró con el vicepresidente primero, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento ejercía de presidente. La imagen de agresión a la institución por parte de Vox es inaudita y no se puede dejar pasar. No se había visto nada parecido en democracia y no puede volver a suceder.

El diputado ultra protestaba porque, según él, un parlamentario de ERC le había llamado “asesino” y criminal”. Sin duda, de ser cierto, sería reprobable. Pero la Cámara tiene suficientes instrumentos de los que Sánchez García podía haber echado mano en lugar de invadir el espacio de la Presidencia y encararse con la tercera autoridad del Estado en una discusión de bar. El estupor de la mayoría de diputados, preocupados porque se empiecen a sobrepasar límites de violencia en el Congreso, está justificado.

Ese desprecio por las normas y el decoro viene de un diputado que es juez (en excedencia), abogado y catedrático. Su actuación y la justificación posterior reflejan el concepto que el tercer partido de España tiene de las instituciones. Vox está acelerando su deriva como partido antisistema y lo explicita en el desprecio al Gobierno o a las Cortes. No sobra recordarle a Sánchez García que “asesino” y “criminal” son los insultos que su jefe de filas, Santiago Abascal, dedica sistemáticamente al Gobierno. La polarización es una realidad, pero es Vox el que ha dado carta de naturaleza a las injurias en el Congreso. El desprecio a los consensos mínimos de la convivencia permea en otras muchas instituciones. El miércoles, un diputado de Vox en la Asamblea de Murcia abogaba por “combatir, incluso con violencia” el aborto y la eutanasia.

El PSOE, con otros nueve partidos, intentó el miércoles consensuar una declaración institucional de condena. No tenía opciones pues se requiere unanimidad, y Vox hubiese votado no. Lo inaceptable es el cinismo del PP, un partido que aspira a sentarse en la Presidencia de las Cortes y que no se sumó con el argumento de que hay otras actitudes igualmente condenables. Se entiende que el PP no quiera molestar a la ultraderecha cuando están negociando tres gobiernos autonómicos. Pero ahora y de cara a futuras elecciones, Feijóo debería aclarar, sin ponerse de perfil como volvió a hacer este jueves, si ve legítimo gobernar con un partido hostil a las instituciones y las formas de la democracia.