Cien ciudades contra la salud pública

Cien de las 153 ciudades españoles de más de 50.000 habitantes que antes del 1 de enero de 2023 debían tener en vigor sus espacios restringidos al tráfico —zonas de bajas emisiones (ZBE)— siguen todavía sin instalarlas, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Figuran entre ellas 10 de las 30 más pobladas, como Valencia, Murcia o Vigo. Son ya tres años incumpliendo de forma palmaria una obligación legal que todas estas urbes y sus regidores conocen perfectamente desde que en mayo de 2021 entrase en vigor la ley de cambio climático. En todo el año pasado solo se sumaron ocho nuevas ciudades, mientras que otras 10 ni siquiera han iniciado el proceso.

Por otro lado, algunos de los ayuntamientos que sí han implantado su ZBE se han limitado en la práctica a maquillar su obligación, con áreas de restricción del tráfico muy pequeñas o aplazamientos en la exigencia de sancionar a los coches más contaminantes. Todo ello deja en nada las pretensiones de la norma: reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático, bajar la contaminación ambiental y promover una movilidad sostenible.

La evidencia científica ha demostrado que la contaminación procedente de los motores de combustión es una de las principales causas de muerte evitable en las ciudades, por lo que todo lo que contribuya a un transporte más limpio resulta literalmente vital. Seguir negándolo es absurdo, pero todavía más grave si se hace por razones ideológicas y de puro populismo. La Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que, en 2021, el año de la ley, unas 327.000 personas murieron prematuramente en la UE por la contaminación del aire. Resulta grotesco tener que recordar que el principal cometido de las administraciones es cumplir las leyes y obrar en beneficio de sus ciudadanos. Más aún si la inacción la sufren directamente en su salud. Es evidente que este retraso en la puesta en marcha de las ZBE desobedece ambas obligaciones.

Los primeros que deben cumplir la ley son los consistorios que están actuando con tanta desidia, poniendo excusas reglamentarias o pretextando que su orografía no se lo permite. También el Gobierno, que promovió el texto legal y que ha hecho de la transición ecológica una de sus banderas, debe poner todo de su parte para que la normativa se acate con la máxima celeridad. Es cierto que la norma carece de un régimen sancionador a las ciudades, pero está en la mano del Ejecutivo explorar fórmulas para que las zonas de bajas emisiones no sigan acumulando retrasos injustificados, entre ellas, vincular las ayudas estatales al transporte municipal a la existencia de esas zonas. Cuando en todo el mundo crecen el retardismo y el negacionismo climático, se vuelven más necesarias las políticas públicas contra la contaminación.