La ceguera de la Vuelta

La suspensión de la etapa final de la Vuelta a España de 2025, forzada por las protestas contra la despiadada ofensiva militar israelí contra la franja de Gaza y por la presencia en la prueba del equipo Israel-Premier Tech, ha puesto de manifiesto la incapacidad de los responsables deportivos y políticos para gestionar la convivencia entre el derecho legítimo de manifestación de cualquier ciudadano y la obligación de organizar una competición garantizando la seguridad de los deportistas, que se ha visto comprometida en varias ocasiones durante estos días.

Nadie puede argumentar que no sabía lo que iba a suceder. La indignación social en España por la actuación del Ejército a las órdenes de Benjamín Netanyahu tiene una base real: más de 60.000 personas, en su mayoría civiles, han muerto en Gaza desde octubre de 2023, y desde entonces miles de españoles han salido regularmente a la calle para exigir al Gobierno y a la Unión Europea acciones concretas para detener la masacre.

En este contexto era previsible que la presencia de un equipo israelí en la Vuelta generara tensión, más aún en un país donde la solidaridad con Palestina ha sido masiva, el Gobierno ha tomado una postura clara y el propio presidente ha mostrado, pocas horas antes del acontecimiento, su “admiración” por las protestas, calentando aún más el ambiente. La organización de la Vuelta y las autoridades concernidas deberían haber tomado con antelación las decisiones necesarias —competitivas o logísticas— para evitar el desastre. A la vista está que eso no ha pasado. Todo lo contrario.

Durante varias etapas —especialmente en Bilbao y Valladolid—, algunos manifestantes interrumpieron el recorrido y lanzaron objetos —como chinchetas y tomates— que ponían en peligro la integridad de los corredores. El ciclista Javier Romo sufrió una caída y tuvo que abandonar la competición a causa de las heridas sufridas. Hasta la llegada a Madrid, más de 20 manifestantes habían sido detenidos y algunas etapas tuvieron que recortarse por motivos de seguridad.

Frente a esta situación, que se ha prolongado durante dos semanas, los actores implicados han eludido sistemáticamente su responsabilidad. La Vuelta se empeñó en que una de las carreras por etapas más importantes del mundo se desarrollara con una normalidad que no existía. Y así, la protesta contra el equipo de Israel derivó en un rechazo de los manifestantes a la competición misma y a quienes participaban en ella.

El daño causado por las anomalías generadas durante la prueba va mucho más allá de la suspensión parcial de una competición deportiva, porque revela una inaudita ceguera respecto a la indignación de buena parte de la sociedad española ante la masacre diaria de la población de Gaza y una preocupante parálisis para hacer frente a una situación que se sabía complicada.

La Vuelta no debería haber gestionado las protestas a base de improvisación y recortes de última hora —ayer volvió a pasar con los corredores ya en las calles de Madrid— sino con sensibilidad, estrategia, diálogo previo y compromiso de todos los actores implicados. La democracia no se mide solo en la posibilidad de manifestarse ante una situación indignante, sino también en la capacidad de sus instituciones y empresas —incluidas las deportivas— para calibrar esa indignación y actuar a tiempo.