Contra el cupo catalán

Se anuncia que el nuevo modelo de financiación de Cataluña será “singular, federal y generalizable”. Los adjetivos son incompatibles entre sí y falsos por separado: no es singular, puesto que copia el cupo vasco; no es federal sino confederal; no es generalizable porque las comunidades con menos recursos no se lo pueden permitir y si lo adoptan las comunidades ricas quiebra el Estado. La mutación obedece a un acuerdo para formar gobierno en una comunidad autónoma, se presenta para sostener un ejecutivo necrosado por escándalos de corrupción y afecta a todo el país.

Francisco de la Torre y Jesús Fernández Villaverde explican en La factura del cupo catalán el complicadísimo y mejorable sistema de la financiación autonómica, la injusticia del cupo vasco y las consecuencias nefastas que supondría extender ese privilegio. Desgranan las falacias que se utilizan para defender el cupo catalán, versiones de las trampas retóricas y contables del nacionalismo: camuflar como déficit fiscal lo que obedece a diferencias de renta y presentar como una anomalía la redistribución entre territorios del Estado (es decir: la existencia del Estado), proclamar que el problema de Cataluña es de ingresos cuando es de gasto, o afirmar que está infrafinanciada cuando los datos no sostienen esa idea. Otros argumentos como que todos saldremos ganando y que servirá para aumentar la solidaridad tienen un interés puramente humorístico. El cambio dejaría al Estado sin más de 35.000 millones de euros y con la obligación de pagar con los ingresos de los demás el déficit de pensiones en Cataluña, superior a 5.000 millones de euros al año, ha escrito el investigador asociado a Fedea Miguel Ángel García. Según él, nos enfrentamos “a un cambio radical del modelo de Estado descentralizado para pasar a uno confederal asimétrico donde tres de los cuatro territorios más ricos se quedan con su dinero (superior al promedio), se les paga el déficit en pensiones (cada vez más alto) y el resto de los territorios se tendrá que buscar la vida para subsistir con servicios públicos de peor calidad”. Es un atentado a la equidad.

Este cambio a un sistema que no existe en ningún otro lugar del mundo facilita el fraude (como advierten los inspectores de Hacienda) y carece de legitimidad democrática. Los diputados y senadores del PSOE y otros partidos representan a ciudadanos que serían perjudicados por esta transformación. Tendrán que explicar a sus representados que prefieren que tengan menos médicos y peores colegios. Y, como ha recordado Josu de Miguel, también pueden votar contra este acuerdo.