Se rompe España

Ahora que anda roto el mundo, descosturado por todos los nexos que considerábamos sólidos, hablar de España resulta casi ridículo. Somos pequeños entre este océano de catástrofes. Sin embargo, la idea de que España se rompe ha sido terca, quizá porque algunos confían poco en la fortaleza de su propio país, un error de apreciación que cometen a veces también sus enemigos. Pero resulta que si se rompe España no va a ser por donde ellos confiaban en que sucedería, sino por otro lado mucho más desguarnecido. Bastaría observar la crisis por el reparto de los menores emigrantes acogidos en Canarias para entender que nuestro país no está bien soldado. Canarias, como Ceuta y Melilla, son estadios fronterizos para el flujo migratorio. En un mundo en que las grandes potencias capitaneadas por criminales han decidido destrozar a los países pobres, la emigración no va a ir a menos, sino todo lo contrario. Por más vallas, deportaciones y crímenes contra la humanidad que presidan las políticas de contención migratoria, si arruinamos a los países de origen con estrangulamiento económico, extracción de sus riquezas y guerras invasivas es natural que sus habitantes más jóvenes y audaces emprendan el camino hacia la salvación. El derecho a sobrevivir no se arredra ante nada.

Pues precisamente esos lugares fronterizos, Canarias, Ceuta y Melilla, sólo han recibido por parte del resto de España un desprecio mayúsculo y una falta de solidaridad insultante. Sucede incluso con comunidades autónomas presididas por su mismo signo político, en general conservador, porque las ciudades fronterizas tienden a generar un voto proteccionista, nadie puede culparles por ello mientras no encuentren algo mejor que esa receta fallida. Esta falta de solidaridad se trató de corregir por medio de políticas estatales algo chocantes. No en vano se conoció como ley de solidaridad obligatoria al primer intento de imponer por mayoría parlamentaria el reparto asignado de emigrantes menores. En ese trance se unieron fuerzas alérgicas entre sí en otros asuntos, pero para esto coaligadas en un profundo sesgo nacionalista. Porque eso sí, las nacionalidades exacerbadas son un rasgo existencial de nuestro país con el que estamos obligados a convivir.

En el último giro de la trama, el Gobierno ha cedido a los baremos de reparto de menores inmigrantes impuestos por el nacionalismo catalán. Un nacionalismo que ha visto surgir un grupo ultra y xenófobo que le ha borrado la sonrisa y la placidez reivindicativa para pasar a ser faltón y amenazador con los más desfavorecidos. Sería largo contar la lista de trágalas que la aritmética parlamentaria ha obligado a digerir en esta legislatura al Gobierno, pero quizá esta sea la menos grotesca de las componendas. El escogido es un baremo como otro cualquiera, pero ha despertado, de inmediato, una catarata de improperios entre los que han callado ante el bloqueo a toda ayuda a Canarias. La ausencia de solidaridad entre las regiones españolas tiene hitos ya conocidos como el reparto del agua, las balanzas fiscales y los impuestos patrimoniales. Ahora ha surgido este nuevo episodio más lamentable aún. Cinco mil menores desprotegidos, que serán en el futuro ciudadanos de todo derecho en el país al que por accidente y lógica marina les llevó su embarcación, están mal atendidos en centros desbordados, con personal en precario y en ocasiones ni tan siquiera especializado. El país no se rompe pero es tan penoso como los demás.