Sancionar los abusos inmobiliarios

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 investiga desde el pasado mes de octubre a varias agencias inmobiliarias por prácticas contrarias a la ley, unos abusos que agudizan la ya de por sí acuciante crisis de la vivienda en España y generan un sentimiento de indefensión entre los consumidores. La falta de oferta —en un país donde, según el INE, el número de hogares ha crecido en la última década un 43% más que el de los pisos construidos— ha disparado los precios tanto de compra como de alquiler a máximos históricos. Un marco propicio para que algunos en el sector de la intermediación se acojan al todo vale.

La ley por el derecho a la vivienda prohíbe desde mayo de 2023 prácticas como el cobro al inquilino de los honorarios de la agencia. Tampoco es legal facturar por visitar pisos, exigir dinero antes de la firma de un contrato, incluir en ellos cláusulas o fianzas abusivas o presionar al cliente para que contrate la hipoteca con una determinada entidad financiera. Y aun así, muchos ciudadanos todavía se ven en la tesitura de hacer frente a estas condiciones para acceder a una vivienda. Muchos de estos requisitos son, además, recurrentes. Tanto que a veces aparecen recogidos en los anuncios de algunos portales inmobiliarios, contra los que, por tanto, las autoridades podrían actuar de oficio.

He ahí uno de los fallos de la actual legislación, ya que corresponde a las autoridades autonómicas tanto sancionar estos atropellos como supervisar el cumplimiento de otros aspectos de la ley de vivienda, como los límites de rentas en zonas consideradas tensionadas. Sin un régimen sancionador acorde a los posibles atropellos, es evidente que este tipo de prácticas se va a mantener.

Así sucede, por ejemplo, con los falsos alquileres de temporada. Como la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no se aplica en su totalidad sobre estos contratos, cada vez son más los propietarios y agencias que intentan saltarse la legislación y hacer pasar un alquiler tradicional como un arrendamiento inferior a un año, lo que obliga a renovaciones constantes del contrato y a las consiguientes subidas de precio.

Pese a las mejoras introducidas en la legislación en los últimos años, la situación del mercado inmobiliario sigue siendo muy compleja y exige constantes actuaciones por parte de los poderes públicos para contrarrestar los excesos del mercado y garantizar el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos. Esas actuaciones empiezan por hacer cumplir la ley y establecer sanciones para quien la incumpla. La decisión de Cataluña, por ejemplo, de aprobar multas de hasta 900.000 euros para quienes se salten la regulación de los precios del alquiler o hagan un uso fraudulento del alquiler de temporada —sin que ello exima de la adopción de otras medidas— puede ser un buen ejemplo.