La justicia rodea a Bolsonaro

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha sido denunciado por el fiscal general por uno de los ataques más graves que puede perpetrar un político electo: atentar contra la propia democracia para destruirla. En un detallado escrito basado en múltiples pruebas documentales y en la confesión de su secretario personal, la Fiscalía acusa al líder de extrema derecha de encabezar un intento de golpe de Estado para revertir el resultado electoral que en 2022 dio la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva y mantenerse ilegítimamente en el poder.

Los delitos imputados a Bolsonaro y a sus 33 supuestos cómplices son de extrema gravedad. El Tribunal Supremo, que ya ha recibido la denuncia, deberá analizarla con diligencia para decidir si la acepta y abre juicio contra ellos. La expectativa es que lo haga. El presidente Lula ha recalcado la importancia de que todos tengan amplio derecho a la defensa. Los tiempos son también cruciales. Cuanto más se prolongue el proceso judicial, más se aproximará a las elecciones presidenciales de finales de 2026 Y más faltará en el ambiente político la serenidad que debería imperar.

Bolsonaro “lideraba una organización criminal basada en un proyecto autoritario de poder, enraizada en la estructura del Estado y con fuerte influencia de sectores militares”, dice la denuncia, que detalla la campaña de desinformación emprendida por esa organización para desacreditar con falsedades las urnas electrónicas. También recoge cómo impulsaron la movilización que culminó en enero de 2023 en el asalto a las sedes de los tres poderes, en Brasilia. Los planes incluían asesinar al presidente Lula, al vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez del Supremo Alexandre de Moraes. Es esencial que la justicia siente en el banquillo a quienes instigaron y financiaron el ataque al corazón de la democracia porque hasta ahora solo han sido juzgados los autores materiales. Más de 200 ciudadanos de a pie han sido condenados. Jair Bolsonaro se declara inocente y víctima de una persecución política, echando mano del mismo argumento esgrimido por Lula siete años atrás, cuando cayó sobre él una condena anulada luego por la justicia. Por eso resulta capital que la solidez de las pruebas sea incontestable y el proceso, impecable. Más allá del futuro personal de los acusados, está en juego la credibilidad de las institucionales brasileñas.

El presidente de EE UU, Donald Trump, ya ha intervenido en defensa de su amigo Bolsonaro. El grupo Trump Media & Technology y Rumble, una plataforma para compartir vídeos, ha denunciado a Moraes ante un tribunal de Florida por “censurar” en Brasil “discursos políticos legítimos en Estados Unidos”. Ponente en el Supremo del caso Bolsonaro, Moraes se hizo famoso por suspender en el país sudamericano la actividad de X —la red social de Elon Musk— después de que la plataforma se negara a bloquear a usuarios que divulgaban mensajes de odio.

Bolsonaro sigue adelante con su carrera política pese a la denuncia por golpismo y a que está inhabilitado hasta 2030 por otro caso en el que fue condenado por abuso de poder. Sobre el papel, sus opciones de ser candidato presidencial en 2026 son casi nulas, pero él maniobra para que sus aliados en el Congreso le ayuden a sortear esos obstáculos con una ley de amnistía u otra iniciativa legal. Por ahora está, por fin, en manos de la Justicia.