Breve imagen de tregua autonómica

Todos los jefes de Gobierno de España —el central y los autonómicos— se reunieron este viernes en Santander en la Conferencia de Presidentes para exponer sus posiciones en temas troncales como la reforma de la financiación de las comunidades autónomas, la crisis de vivienda, los recursos para sanidad y la gestión de la inmigración. No se puede hablar de diálogo como tal. Ni siquiera hubo oportunidad de réplicas. De las cinco horas en el palacio de la Magdalena no salió nada parecido a un pacto. Sin embargo, esa conferencia es uno de los pocos foros multilaterales donde, si hay voluntad, es posible superar la dinámica partidista en los grandes debates, por lo que hay que valorarla como una herramienta para el deshielo de cuestiones en las que es urgente llegar a algún acuerdo.

Pedro Sánchez propuso “blindar el carácter público y social” de las viviendas de promoción oficial para contener los precios y pidió a las CC AA que se comprometieran a aplicar la ley que permite poner tope al alquiler en las zonas tensionadas. En materia migratoria conminó a acordar de una vez una solución para el reparto de los menores no acompañados, que desborda la capacidad de acogida de Canarias.

La reforma de la financiación autonómica es uno de los debates económicos más necesarios y, a la vez, el más viciado políticamente. El acuerdo entre el PSC y ERC compromete a los socialistas a plantear una “financiación singular” para Cataluña, y el Ejecutivo central ha expresado la voluntad de convertir esa demanda en una fórmula que sirva para todas las autonomías. Como primer paso anunció para el mes que viene una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que negociar la quita de la deuda autonómica.

La mera presencia del presidente catalán, Salvador Illa, en la conferencia es otro signo de la normalidad institucional que poco a poco regresa a Cataluña y del esfuerzo que el líder del PSC está haciendo por quitar sentimentalismo y afectación a la relación de esa comunidad con el Estado. El último president en acudir fue Artur Mas en 2012. En Santander, Illa defendió su propuesta respondiendo al discurso del PP de que los problemas económicos de Cataluña son producto de la mala gestión y de la proliferación de tributos propios. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, insistió en estas críticas, se mostró contraria a la quita —salvo para Valencia— y defendió una bajada de impuestos que otros mandatarios consideran, con razón, competencia fiscal desleal. Ahí está el embrión del debate transparente que España necesita. Es irónico que Ayuso defendiera con vehemencia la autoridad de Madrid para hacer la política que quiera y al mismo tiempo criticara el concepto de federalismo.

Esta era la 27ª Conferencia de Presidentes. Hace 20 años, este periódico escribió que la primera cita —criticada por algunos como una ocurrencia de José Luis Rodríguez Zapatero— era “más que una foto”, pues nunca antes se había evidenciado así el reparto del poder en un Estado tan descentralizado como el español, con las obligaciones y responsabilidades que eso conlleva. O debería conllevar. Como señaló Díaz Ayuso, el viernes se vio que “el 70% de España está gobernada por el Partido Popular”, eso es mucho poder efectivo que no puede usarse solo para hacer oposición al Gobierno.

Dos décadas después sigue sin estar claro qué más, aparte de una foto, es la Conferencia de Presidentes. Pero no cabe duda de que esa imagen es importante. También lo es que los ciudadanos la vean regularmente, dada la escalada de agresividad verbal y falta de respeto institucional que vivimos desde que el inesperado resultado de las elecciones del 23 de julio de 2023 privó al PP de un poder central que veía al alcance de la mano. En el crispado panorama político actual, la conferencia tiene al menos el valor de ser una cita que obliga a todos los jefes del poder Ejecutivo real a salir de sus cuarteles, saludarse, sentarse en la misma mesa y escuchar lo que el otro tiene que decir. No es poco.