Tomar a los ciudadanos por idiotas

Se ha anunciado la creación de una Comisión interministerial de impulso y seguimiento del plan de Acción por la Democracia. Está integrada por los ministros de Presidencia, Economía, Cultura, Trabajo, Hacienda, Interior y Transformación Digital, así como el secretario de Estado de Comunicación. No se veía un supergrupo así desde la última reunión de los Traveling Wilburys. Si la comisión fuera coherente sería posmoderna: se dedicaría sobre todo a estudiar las acciones del Gobierno, principal factor de degradación democrática e institucional en nuestro país y principal esparcidor de bulos. Esta semana, la ministra Pilar Alegría ha tergiversado el dictamen de la Audiencia de Madrid sobre Begoña Gómez como una portavoz trumpista con entrañable deje aragonés, la ministra Elma Saiz ha falseado los datos del fondo de pensiones, al parecer el ministro Carlos Cuerpo ha tratado de forzar la dimisión de una consejera del Banco de España y solo una humildad extraordinaria impediría a Félix Bolaños no protagonizar todas las reuniones de la comisión. Otro ejemplo de mejora democrática debe de ser la norma que limita las penas a los presos etarras, donde la bochornosa negligencia de PP, UPN y Vox eclipsa la mala práctica de quienes han querido ocultar la medida a la opinión pública: celebran engañar a la oposición, pero toman a los ciudadanos por idiotas.

Tras seis años en el poder, el presidente promete una regeneración. Los observatorios, la cursilería sobre “la mirada larga” y un léxico fatuo sobre el buen gobierno se utilizan contra el adversario, pero hemos entrado en una fase de autorreferencialidad y descomposición.

La conciencia de la debilidad se observa en las reacciones histéricas de Moncloa y sus utilleros a un artículo en The Economist de esta semana, exageradas incluso para el papanatismo que solemos mostrar con respecto a la prensa extranjera. El semanario titulaba: “Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española”. El artículo era más matizado que el titular, pero exige cierta ceguera voluntaria pensar que una amnistía que no aparecía en el programa electoral, que el PSOE consideraba inconstitucional el día de las elecciones y que solo se ha aceptado a cambio del poder o que una reforma regresiva del modelo de financiación autonómica de todo el Estado (todavía sin explicar) a cambio de un gobierno regional no tienen un coste democrático. Estuvimos a punto de convocar una manifestación ante la embajada británica, porque de Sánchez sí somos patriotas, y se publicaron respuestas vehementes de algún catedrático airado. No se veía semejante duelo de titanes desde que Suso de Toro contestó a George Steiner en las páginas de este periódico.