Oposiciones fallidas

Cinco mil personas, muchas de ellas con los nervios a flor de piel tras meses e incluso años de estudio, se agolpaban el pasado fin de semana en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid para —minutos antes de uno de los exámenes más importantes de sus vidas— enterarse de que la prueba de acceso a los puestos de informadores de RTVE había sido suspendida por la filtración de las preguntas. Estas oposiciones se celebraban además con retraso, tras un largo proceso que llegó a pasar por la Audiencia Nacional.

El mismo fin de semana, más de 26.000 aspirantes a cabos y agentes de la Guardia Civil recibían la noticia de que las pruebas a las que tenían que enfrentarse horas más tarde se aplazaban por “un problema en el etiquetado de las cajas de exámenes” causado por la empresa externa contratada para empaquetarlos.

La Constitución española ordena que el acceso al empleo público se haga basándose en los principios “de mérito y capacidad”. El concurso-oposición, aun con todos sus defectos, es la mejor forma para hacerlos efectivos. Por ello, episodios como los de este fin de semana, o como lo ocurrido en los exámenes a funcionarios de prisiones del pasado mes de febrero —cuando a algunos de los participantes se les estaban diciendo las respuestas a través de auriculares— no solo hacen saltar las alarmas sobre si estos procedimientos se están llevando a cabo de la manera adecuada, sino que también socavan la necesaria credibilidad de las instituciones que los organizan.

Nunca está de más repetir que, pese al descrédito al que se les somete en el imaginario popular ya desde la aparición del Estado moderno en el siglo XIX, los empleados públicos de carrera son una parte esencial del funcionamiento de un país como España, y que su falta se hace notar de inmediato en la calidad de los servicios. Y eso sin pensar en tiempos excepcionales como la pasada pandemia de covid.

El Gobierno está reaccionando al envejecimiento de las plantillas de la Administración con la mayor oferta de empleo público de la historia y el compromiso de reducir la temporalidad, pero el ritmo en que la puesta al día se llevan a cabo todavía no compensa el desfase.

Un Estado del siglo XXI requiere de una Administración ágil y eficaz. Para que sea así, es necesario atraer el talento, y la mera estabilidad laboral no es bastante. Errores y fraudes como los citados perjudican al conjunto de la ciudadanía. Para los candidatos, opositar ya requiere de por sí voluntad y sacrificio, aparte del tiempo y el dinero necesarios para la preparación. Ahora que los necesitamos más que nunca, las administraciones deben asegurar que se han activado todas las garantías en las pruebas destinadas a seleccionarlos.