El pecado original de la política

La gente a veces tiene opiniones un tanto contradictorias. En el último barómetro de 40dB. sobre democracia publicado en este mismo periódico hay un dato especialmente llamativo. Se observa un apoyo equivalente a dos posiciones que en principio parecen incompatibles. Por un lado, un 63% de los entrevistados está bastante o muy de acuerdo con el siguiente enunciado: “Las decisiones políticas relevantes las deberían tomar los ciudadanos de forma directa, mediante referéndums”. Hay, pues, un apoyo amplio a un autogobierno sin mediación de los representantes. La gente quiere una conexión más estrecha entre las preferencias populares y las políticas públicas. Es una especie de radicalismo democrático.

Por otro lado, un porcentaje muy parecido, ligeramente superior, del 66%, da su apoyo a este otro enunciado: “Lo ideal sería que nos gobernara un grupo de expertos con los conocimientos necesarios para tomar las decisiones más beneficiosas para la sociedad”. El gobierno de los expertos (o tecnocracia) no puede ser más diferente de la democracia directa.

Las dos cosas a la vez no pueden ser, la democracia directa y la tecnocracia no se avienen, aunque, dados esos porcentajes tan elevados, un buen número de personas está de acuerdo con ambas. Esta aparente incoherencia es resultado de una desconfianza profunda hacia la política representativa: lo que tienen ambas posturas en común es su rechazo a las formas tradicionales de la intermediación política, es decir, hacia el mecanismo representativo encarnado en los partidos. La gente en España está tan harta de los partidos políticos que cualquier alternativa les parece preferible, ya sean referéndums o gobiernos de expertos.

Creo que este es el contexto de desconfianza en la política desde el que hay que analizar la polémica a propósito del nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Muchos consideran que Escrivá está “manchado” por haber sido ministro en los gobiernos de Pedro Sánchez. Si ha participado en un gobierno, ya no puede aspirar a nada fuera de la política representativa. Según este punto de vista, el caso de Escrivá se suma a otros muchos en los que partidos y gobiernos abusan de su posición y se saltan el espíritu de la ley para tener controladas todas las instituciones, las representativas o mayoritarias y el resto también.

Lo interesante del caso de Escrivá es que él no es un político, sino más bien un técnico. No está afiliado a ningún partido. El Gobierno de Mariano Rajoy lo nombró en 2014 primer presidente de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). Tras seis años en el cargo, Sánchez, en 2020, lo incorporó a su Gobierno como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y, tras las últimas elecciones, pasó a ser ministro de Transformación Digital y Función Pública. Aunque no es lo mismo dirigir la AIReF que un ministerio, se trata de un profesional en el que han confiado los dos partidos grandes en distintos momentos de su trayectoria.

La cualificación técnica y los méritos profesionales de Escrivá para el puesto de Gobernador del Banco de España no están en cuestión. Nadie los discute. En este sentido, su caso no tiene nada que ver con el de miembros de uno u otro partido a los que se nombra para puestos en organismos internacionales o embajadas sin tener ni experiencia ni idiomas ni conocimientos en la materia. Según lo veo, tampoco encaja su caso en la llamada “colonización partidista” de las instituciones, ni en el “intercambio de cromos” que muchas veces le acompaña. Estas prácticas viciadas, que suponen para los partidos un control por vía indirecta de instituciones que no son representativas, las ha analizado en detalle Jesús López-Medel en su libro reciente Calidad democrática. Partidos voraces, instituciones contaminadas. Yo mismo, en estas páginas, he sido muy crítico en alguna ocasión con los acuerdos alcanzados por PSOE y PP para renovar a magistrados del Tribunal Constitucional y otros puestos de altos organismos del Estado (Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, etc.). Son casos en los que los nombramientos son producto de un reparto de cuotas de poder entre los partidos, en los que suele primar la lealtad de los elegidos antes que sus méritos y trayectoria. En el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha habido nombramientos bochornosos (por partidistas), resintiéndose la calidad argumentativa de las sentencias. En muchas ocasiones el escándalo surge por la manifiesta falta de preparación de las personas designadas para altas responsabilidades.

El problema de este tipo de nombramientos alcanza su máxima intensidad cuando se producen en organismos que han de fiscalizar y controlar al Gobierno. Es entonces cuando los partidos grandes parecen burlarse de la ciudadanía al buscar descaradamente espacios de impunidad. Esto no sucede con el Banco de España. Sus funciones tienen que ver con la política monetaria en el área euro, el funcionamiento del sistema financiero, la gestión de las reservas de divisas, la elaboración de estadísticas económicas y el asesoramiento al Gobierno. Los desacuerdos que pueda haber entre el Gobierno y el Banco de España se ciñen a asuntos monetarios (salvo cuando el Banco de España se excede y opina sobre asuntos económicos y sociales que no son de su competencia). Esto es muy distinto de los conflictos que se dan con los organismos de revisión y control que afectan a la actividad y funcionamiento de partidos políticos e instituciones representativas.

A mi modo de ver, la elección de José Luis Escrivá no es reprochable. No es que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga una hoja de servicios impoluta en este ámbito: creo que ha cometido algunos abusos claros poniendo a gente próxima sin la cualificación necesaria a dirigir empresas y organismos públicos, contribuyendo así a la gran piñata política en la que han participado tradicionalmente PP y PSOE cuando llegan al poder. Además, ha continuado el reparto de cromos en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial, eligiendo en ocasiones a personas cuya preparación no es la adecuada.

Pero me parece que el caso de José Luis Escrivá es distinto. Se trata de una persona que reúne méritos sobrados para el puesto. No pertenece a ningún partido, ha tenido cargos tanto con el PP como con el PSOE. No tendrá que tomar decisiones que puedan anular o bloquear las del Gobierno, limitándose al ámbito de la política monetaria y bancaria. Y, recuérdese, es un nombramiento discrecional del Gobierno, que no se espera que sea fruto de un consenso con las fuerzas de la oposición. Por último, cabe apuntar que no es raro que se nombre a personas con experiencia política en los bancos centrales. Sin ir más lejos, la presidenta del Banco Central Europeo, Cristine Lagarde, y su vicepresidente, Luis de Guindos, son dos expolíticos. Lagarde fue ministra con Chirac y con Sarkozy, y de Guindos con Rajoy. Lagarde saltó de la política y llegó al BCE después de dirigir el FMI, pero Guindos pasó directamente del Gobierno de Rajoy al BCE. Y no hubo el ruido que ha habido ahora.

Si no hubiera una opinión tan negativa sobre la política y los partidos, no creo que se juzgara tan severamente un nombramiento como el de Escrivá. Hemos llegado en España a un punto en el que parece que cualquier relación con el ejercicio del gobierno sea un lastre.