Washington y Maduro: ¿Qué puede hacer Estados Unidos?

La evidencia demuestra contundentemente que el candidato de la oposición Edmundo González obtuvo una victoria aplastante. Así lo ha reconocido en las últimas horas el Departamento de Estado. Pero la titánica y heroica labor de María Corina Machado para devolverle la democracia al pueblo venezolano está a punto de desmoronarse. La situación de ebullición política y social en Venezuela se deteriora por minutos.

Después de que Maduro fuese proclamado fraudulentamente ganador de las elecciones -por una autoridad electoral títere- han estallado protestas masivas. La reacción de la autocracia chavista ha sido apelar a la más cruda violencia. La vida de los líderes, de los dirigentes e incluso y de los votantes está literalmente en vilo.

Aunque se cerró por un momento la fractura ideológica en América Latina para condenar colectivamente a Maduro, pese al fiasco en la OEA, el rechazo regional no llevará a que el régimen modifique su postura represiva. Ninguno de esos pronunciamientos ha logrado detener la máquina de usurpación y violencia que ha puesto en marcha el chavismo para imponer su falsa victoria.

Ante la situación todos los ojos están puestos en Washington. Como en las viejas películas del Oeste, todo el mundo cruza los dedos rogando para que aparezca la caballería a rescatar a las carretas de colonos sitiadas en medio del desierto. Por eso cabe hacerse la pregunta. ¿Está Washington en disposición y en capacidad de forzar a Maduro a un reconocimiento de la victoria o por lo menos a una negociación?

En Nueva York, Houston, Los Ángeles, Chicago o Des Moines, los ciudadanos estadounidenses están enfocados casi que exclusivamente en las elecciones presidenciales y congresionales de noviembre. No es para menos con todo lo que ha ocurrido. Un presidente que abandona súbitamente su candidatura para la reelección; otro candidato que estuvo a milímetros de ser asesinado; una candidata demócrata que surge de las cenizas de su antecesor; un polarizado debate político que pone en duda la misma viabilidad de la democracia americana.

Ante esa complejidad es poco factible que la opinión pública o los líderes políticos, incluso aquellos que tienen interés en América Latina, le otorguen a Venezuela la atención política que demanda la gravedad de la situación. Maduro sabe esto y de allí que se dé el lujo de ignorar los pronunciamientos la Casa Blanca o del Departamento de Estado.

Las herramientas a disposición del gobierno Biden para cambiar el curso de los acontecimientos son más bien escasas. Dado que el uso de la fuerza directa está claramente descartado, a la Casa Blanca solo le quedan dos tipos de herramientas disponibles: las sanciones económicas al país y las acciones judiciales contra los protagonistas del fraude, la violencia y los crímenes que están ocurriendo frente a nuestros ojos.

El camino preferido de la política exterior de los Estados Unidos en la última década ha sido el garrote económico. Dado el tamaño e importancia de su economía el gobierno sabe perfectamente que bloquear el comercio, la inversión, las transacciones financieras y la actividad empresarial tiene un impacto doloroso en otros países. Sin embargo, hay muchos estudios que demuestran la baja eficacia del uso de las sanciones para lograr cambios reales y duraderos en el comportamiento de los regímenes autoritarios.

Quedan a disposición del gobierno Biden y del Departamento de Estado las herramientas de carácter jurídico. La única justicia que muchos de los dictadores corruptos y sus secuaces temen es la de los Estados Unidos. Saben que verse ante los tribunales de ese país casi que inexorablemente terminaría en una condena severa o de por vida y la perdida de sus bienes.

De allí que los Estados Unidos haya usado no pocas veces la justicia penal como una herramienta útil de política exterior. Dado el carácter transaccional de la justicia penal de ese país, los arreglos y acomodos no son inusuales. Esa facultad puede ser utilizada eficazmente en la situación actual.

Ya demostró el gobierno Biden que está dispuesto a acomodar las aspiraciones personales de los sátrapas chavistas para evadir o aminorar los cargos por los que hoy son responsables. De hecho, la Casa Blanca llegó a un acuerdo con el Palacio de Miraflores para intercambiar prisioneros y exonerar a uno de los más cercanos colaboradores de Maduro, el colombiano Alex Saab acusado de lavar las fortunas robadas por los altos jerarcas del régimen.

El gobierno de los Estados Unidos puede ofrecer una salida judicial, benévola y decorosa, a los altos mandos militares, a los comandantes de fuerzas y a los demás funcionarios que tienen los recursos institucionales para frenar la usurpación de Maduro. Se trata de deshuesar por dentro la ya frágil cofradía en el poder. No es precisamente una solución “kosher” pero sí una opción eficaz. Además, a Washington por el momento no le quedan muchas más alternativas.

Gabriel Silva Luján es exministro de Defensa y Exembajador de Colombia en Estados Unidos. @gabrielsilvaluj