La Casa Blanca pide la inmediata publicación de todas las actas de las elecciones en Venezuela antes de estudiar nuevas medidas

La Administración del presidente Joe Biden ha mostrado este lunes su honda preocupación por que los resultados de las elecciones de este domingo en Venezuela “no reflejen la voluntad de cambio” manifestada por la mayoría de los ciudadanos antes de los comicios, según sendas comunicaciones con la prensa de altos funcionarios de Washington. En una llamada con periodistas, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, que depende directamente de la presidencia, ha declarado: “Francamente, nos preocupa que el resultado, tal como se ha anunciado, no refleje la voluntad del pueblo venezolano. Es absolutamente fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan inmediatamente la información con la oposición, que los observadores independientes publiquen sin demora el recuento completo y detallado de los votos. Vamos a esperar hasta ese momento. Nosotros y la comunidad internacional estamos observando, y responderemos en consecuencia”, ha advertido.

En otra conferencia telefónica con periodistas, dos altos funcionarios de la Administración han insistido en la necesidad de que “se publiquen inmediatamente las actas” de todos los colegios electorales, para determinar si el resultado avanzado por el régimen chavista es creíble. Los dos han declinado detallar hipotéticas medidas de presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro en caso de fraude, remitiendo continuamente al debido consenso con la comunidad internacional, incluidos el G-7 y la OEA, para cualquier respuesta. “Los venezolanos tienen el apoyo absoluto de la comunidad internacional para restaurar la democracia en su país”, han dicho, enumerando todos los países americanos, con especial hincapié en Brasil, que han solicitado el acceso a todos los datos de los colegios. “En este proceso de evaluación [de los datos] no contemplamos de momento nuevas medidas”, han subrayado.

Sobre la eventual represión de opositores y actores de la sociedad civil en protestas poselectorales, han dicho, “sería un insulto a los derechos de los venezolanos y a la comunidad internacional reprimir y detener” a quien manifieste su disconformidad con el resultado oficial. “Teníamos una ingente información sobre la voluntad de cambio de los venezolanos y los resultados no reflejan esa aspiración, por lo que deben verificarse con todos los datos disponibles”.

Los cinco meses que faltan para la inauguración en Venezuela serán seguidos de cerca por EE UU, advirtieron el viernes altos funcionarios de la Administración de Joe Biden en otra llamada con periodistas en vísperas de las elecciones presidenciales de este domingo. Un periodo demasiado prolongado sembrado de incertidumbres, cuando la crisis venezolana se ha convertido para EE UU en algo más que un asunto diplomático o de política exterior: el creciente número de venezolanos que llegan al país huyendo de su país añade presión a la inquietud de Washington, como han vuelto a subrayar este lunes los dos altos funcionarios de la Casa Blanca. Desde 2021, más de 800.000 venezolanos han entrado en Estados Unidos, incluidos 114.695 en el primer semestre de este año.

EE UU había prometido levantar sanciones a la industria petrolera venezolana si se celebraba una votación presidencial limpia. Pero los funcionarios que informaron el viernes aseguraron que la Administración de Biden, ya de salida, contempla varias opciones, que no detallaron, si Nicolás Maduro se resiste a abandonar el poder o el proceso de transición en caso de victoria de la oposición descarrila. Porque del manejo que Maduro haga de los resultados electorales dependen los distintos escenarios que Washington prevé. Estados Unidos le ha acusado de narcotráfico y ofrecido 15 millones de dólares por información que conduzca a su detención. El Tribunal Penal Internacional le investiga por crímenes contra la humanidad, y ambas cosas lo hacen vulnerable a ser procesado si abandona el cargo.

La eventualidad de que Maduro se resista a dejar el cargo sea cual fuere el resultado de las urnas plantea aún más incógnitas a una Administración presidencial, en tiempo de descuento: la inauguración en Caracas sería prácticamente simultánea al relevo en la Casa Blanca. Lo cierto es que las elecciones de este domingo no se habrían celebrado sin la intervención de EE UU, en conversaciones directas con funcionarios chavistas en Catar, hace un año. La estrategia de la Administración de Biden, que muchos criticaron por considerarla demasiado indulgente, ayudó a sentar las bases para las elecciones de este domingo y dinamizó a la oposición tras el intento infructuoso de Juan Guaidó.

EE UU y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, cuando el republicano Donald Trump ocupaba la Casa Blanca, lo que representa una anomalía para el candidato opositor Edmundo González, diplomático de carrera. “Es absurdo, por no decir increíble, el número de años que Venezuela lleva sin oficina diplomática en Washington. Es algo que tenemos que abordar de inmediato”, dijo recientemente.

Aunque los últimos tres presidentes de EE UU han coincidido en la política de las sanciones para castigar la corrupción y las violaciones de los derechos humanos —que siguen preocupando mucho a Washington—, el enfoque de línea dura de Trump no permitió el progreso hacia las elecciones. El año pasado en Catar, funcionarios estadounidenses se reunieron con representantes del Gobierno de Caracas para discutir el levantamiento de las sanciones que yugulan a la vital industria petrolera del país. Los contactos bilaterales de Catar allanaron el camino a las negociaciones directas entre el régimen y la oposición en Barbados, en otoño pasado, que culminaron en un acuerdo para la celebración de elecciones libres, aunque desde entonces el Gobierno de Maduro ha intentado socavar el proceso con distintas medidas.

Mediante órdenes ejecutivas —que promulgan los presidentes sin necesidad de tramitación parlamentaria— y la llamada Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros, Estados Unidos ha impuesto más de 350 sanciones contra Venezuela en los últimos siete años. El Gobierno de Trump (2017-2021) congeló los activos venezolanos en Estados Unidos. Hace un mes, un tribunal federal de Delaware denegó los argumentos de Maduro para recuperar Citgo, compañía de origen estadounidense de refinación de petróleo y comercialización de gasolina adquirida por el Estado venezolano en 1990 y uno de los principales activos del régimen, lo que supuso un serio revés económico para el país en la recta final de la campaña.

Durante la Administración demócrata las cosas empezaron a moverse, no sólo entre bambalinas. En octubre pasado, tras el acuerdo de Barbados entre el Gobierno chavista y un grupo de partidos de la oposición, la Plataforma Unitaria Democrática, Washington eliminó la prohibición de comerciar en el mercado secundario con algunos bonos venezolanos y suavizó varias sanciones sobre el petróleo durante seis meses. Estados Unidos había prometido liberar millones de dólares para uso humanitario, si el Gobierno venezolano cumplía su parte del trato, pero el régimen impidió que una de las principales líderes de la oposición, María Corina Machado, se postulara a las elecciones presidenciales. Además, decenas de activistas de la oposición han sido acosados y detenidos en lo que va de año, “un centenar desde comienzos de año, de los que unos 30 siguen presos”, denunciaron los altos funcionarios de la Casa Blanca en la llamada con periodistas. A consecuencia de la represión, Washington dejó expirar en abril la flexibilización de las sanciones y no se han liberado millones de dólares. Caracas considera que las sanciones son ilegales y culpa a Washington de la crisis económica del país y del éxodo de casi ocho millones de venezolanos.

Los altos funcionarios de la Administración demócrata insistieron en que es importante esperar y ver qué sucede antes de discutir cualquier repercusión o consecuencia ante dos posibles escenarios: una victoria fraudulenta de Maduro en las urnas o, en el caso de que gane el opositor González, una transición torpedeada por el chavismo, incluida la posibilidad de que el sucesor de Hugo Chávez se acantone en el cargo por cualquier medio. Estados Unidos observa de cerca cualquier estrategia de última hora para socavar el proceso, especialmente la posibilidad de que pueda reivindicar la victoria sin resultados verificables. “El partido gobernante es consciente de que su futuro político está ligado a la legitimidad de la votación”, apuntaron las fuentes.

En el mejor escenario posible, que Maduro pierda las elecciones y acepte la derrota, la transición de poder —tan prolongada, hasta enero, que la propia duración del lapso preocupa sobremanera a Washington— podría incluir negociaciones sobre amnistías, garantías para los cesantes y el establecimiento de comisiones de la verdad.

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