Un juez en La Moncloa

El juez Juan Carlos Peinado, que abrió una causa penal contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, acudió ayer al Palacio de La Moncloa para interrogar a Pedro Sánchez como testigo aunque se podía presumir la inutilidad de esa diligencia: la ley exime a cualquier ciudadano de declarar contra un familiar de primer grado y, si además es presidente del Gobierno, le da derecho a hacerlo por escrito. Pero el juez Peinado insistió en obligar a Sánchez a declarar en su presencia con el argumento de que le iba a preguntar por asuntos que podría haber conocido en su condición de marido y no de presidente del Gobierno.

Sin embargo, la causa abierta por él mismo investiga un supuesto tráfico de influencias, es decir, todo lo que pudiera haber hecho Sánchez para que se consumara el supuesto delito habría tenido que ser en calidad de presidente, no de marido; por su cargo, no por su parentesco. Finalmente, el juez llegó a La Moncloa listo para que el momento del interrogatorio quedara fijado en un vídeo que tardaría poco en ser difundido por las partes personadas, entre ellas Vox. El presidente se acogió a su derecho a no declarar. Tras atender la citación judicial, Sánchez respondió con una querella por prevaricación contra el juez Peinado en la que se argumenta que el instructor forzó la declaración en el Palacio de la Moncloa utilizando un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a sabiendas de que no correspondía con el procedimiento que instruye. También se afirma que “hay una larga historia de cómo resoluciones judiciales pueden influir en el devenir político de un país” y se subraya que “es evidente que la forma de toma de declaración tiene una repercusión a la que no es insensible el legislador, cuando distingue su realización escrita o verbal, en sede judicial o fuera de ella”.

La admisión de esta querella por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dejaría al juez en una situación delicada: instruyendo una causa penal mientras se le investiga por supuesta prevaricación en ese mismo proceso. Tras más de cien días de investigación, no consta que haya encontrado indicios de delito. Sin embargo, con sus decisiones alienta hipótesis especulativas mientras obvia informes periciales que descartan cualquier irregularidad. Un país que ha visto declarar en juicios del Supremo o de la Audiencia Nacional a los presidentes González, Aznar o Rajoy —para responder sobre los crímenes de los GAL (el dirigente socialista) o sobre la financiación ilegal del PP (los líderes conservadores)— asistió ayer por primera vez en su historia a la entrada de un juez en La Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno sobre una causa de tráfico de influencias donde la influencia sobre contratos públicos, de momento, no acaba de aparecer.