Calor y accidentes laborales

La llegada de la primera ola de calor del verano ha desatado las alertas de las autoridades ante la evidencia del impacto que las temperaturas extremas tienen sobre la salud, sobre todo en niños, mayores y enfermos con patologías crónicas. También sobre los trabajadores expuestos a la intemperie, que sufren tanto los episodios de altas temperaturas, como los de frío —ya lo vivimos con la borrasca Filomena— o los de polvo sahariano. La proliferación de estos fenómenos, vinculados con el calentamiento global, es una realidad que irá a más, según subrayan los expertos, y que exige adaptar la legislación a este nuevo entorno climático.

Las cifras son elocuentes. Un estudio del sindicato UGT recoge que el año pasado hubo 199 accidentes laborales que requirieron baja por calor e insolación y otros 105 provocados por temperaturas extremas, luz y radiación. En conjunto, un 24% más que en 2022, pese a que 2023 fue menos caluroso. La central sindical advierte, además, de que los datos del Ministerio de Trabajo no recogen al detalle el verdadero alcance del problema porque solo el seguimiento de los casos publicados en prensa permite concluir que hay más muertes causadas por estos fenómenos que las cuatro recogidas en las estadísticas oficiales. El primer requisito para resolver un problema es tener datos fiables.

Dado que la región mediterránea se ha identificado como una de las áreas más vulnerables al cambio climático, es urgente acelerar la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la que sindicatos, patronal y Gobierno llevan trabajando desde febrero. Y, por supuesto, aplicar con rigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, especialmente, aunque no solo, en las actividades expuestas a un riesgo mayor, como la agricultura, la ganadería, la construcción, el sector de la limpieza y la hostelería. Ahí debería, además, incidir la Inspección de Trabajo: no es casualidad que los empleados con contrato indefinido sufran menos accidentes que aquellos con una relación laboral temporal o fija discontinua.

El Gobierno aprobó el año pasado un plan para garantizar la seguridad de los trabajadores durante los periodos más calurosos del año en el que se recogía la prohibición de trabajar cuando la Agencia Estatal de Meteorología decrete alerta roja o naranja si la empresa correspondiente no puede garantizar la debida protección de sus empleados. Los sindicatos reclaman, además, protocolos de calor en las empresas y en la Administración y la implantación de la jornada intensiva allí donde sea posible. Pero es necesario ir más allá. En caso de litigio algunos jueces consideran a veces demasiado subjetiva la noción de peligro para la salud de los fenómenos meteorológicos, por lo que la reforma de la ley debería desarrollar ese punto en detalle y con parámetros lo más objetivos posible. Por el bien y la salud de todos.