El tsunami de García-Castellón

El Tribunal Supremo archivó ayer el caso Tsunami contra Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg, aforados por su condición de diputados en el Parlamento de Cataluña. Lo hizo después de que la Audiencia Nacional dictara el lunes un auto en el que concluía que García-Castellón habría prorrogado la investigación fuera de plazo en julio de 2021 y que, por tanto, las averiguaciones recabadas desde ese momento no tenían valor. Al juez le quedaban dos opciones: revaluar la causa —que afectaba a 10 personas no aforadas, entre ellas, Marta Rovira, secretaria general de ERC— o archivarla. Optó por lo segundo y lo mismo ha hecho el Supremo.

Termina así un episodio de escaso fundamento jurídico pero de gran trascendencia política porque las acciones de García-Castellón durante el otoño pasado parecían responder a las diferentes etapas de negociación de la investidura de Pedro Sánchez y del anuncio y la tramitación de la ley de amnistía. Así, tras cuatro años de investigación de un supuesto delito de terrorismo sin grandes avances, el 6 de noviembre de 2023 el instructor se empeñó en incluir en la causa a Puigdemont, cuya implicación en las protestas organizadas en 2019 por el movimiento Tsunami Democràtic contra la sentencia del procés era inexistente según las pruebas incluidas en el sumario. García-Castellón llegó a copiar en alguno de sus autos frases de los borradores de la ley de amnistía que solo podían interpretarse como elementos colocados en el sumario para que el expresidente catalán y el resto de los imputados no pudieran beneficiarse de la nueva norma una vez que fuera aprobada.

Tras añadir a Puigdemont en una investigación que desde 2019 no había logrado hallazgos relevantes pese a carecer de especial complejidad, decidió enviar la causa al Supremo. Este tribunal admitió encausar al expresidente catalán pese a que el fiscal que había investigado los hechos durante cuatro años no apreciaba ni el delito ni la participación del líder de Junts en los hechos.

Además, el Tribunal Supremo intentó argumentar que las protestas contra la sentencia del procés en el aeropuerto del Prat podían entrar dentro de la categoría de delitos terroristas. Más de 70 juristas, algunos de ellos reputados catedráticos de Derecho Penal, firmaron el lunes un manifiesto en el muestran su preocupación por los argumentos del alto tribunal sobre el caso. De arraigar tal doctrina, avisaban, “se podría terminar aplicando la calificación de terrorismo a las tractoradas de los agricultores, a los bloqueos de las carreteras por transportistas organizados y a los trabajadores en sus acciones de huelga y manifestación, a pesar de realizarse en el ejercicio de un derecho fundamental”.

Finalmente, un error formal ha dado al traste con toda la instrucción porque, según el propio juez, cuando la investigación se consideró finalizada (en julio de 2021, más de un año y medio después de abierta) ni siquiera había tomado declaración a las personas investigadas. Para ese momento, Puigdemont no aparecía en la causa ni el instructor había mostrado intención de imputarle delito alguno.

Un error de procedimiento deja sin desenlace final una investigación judicial llena de sombras que desencadenó un maremoto político. Lo ocurrido con el caso Tsunami pone de manifiesto que no todo vale contra la amnistía, por mucho que alguien pueda albergar dudas sobre la constitucionalidad de la ley. Quienes critican la arbitrariedad de algunas importantes decisiones judiciales sobre esa ley deberían celebrar, con idéntica fuerza, la decisión de la Audiencia Nacional esta semana. El Estado de derecho ha acabado imponiéndose.