Sánchez ante Sánchez

Pedro Sánchez ha colocado la vida política española en una situación inédita. Tras la publicación de la carta abierta desde su cuenta de X, en una reacción de índole personal pero con indudable trascendencia política y un aire plebiscitario, y tras darse un plazo de cinco días para reflexionar sobre su futuro, está previsto que mañana anuncie si continúa o no como presidente del Gobierno. Con esta decisión de alto riesgo la cuestión que ha puesto sobre la mesa no es solo si se queda o se va. Mediante una técnica comunicativa inusual en nuestro país —dirigirse directamente a la ciudadanía en un tono personal y en una nota sin sello oficial—, el presidente ha abierto un debate sobre las condiciones en las que se hace política, sobre los límites de su acción cuando se crea artificialmente un ambiente tenso, se utiliza un lenguaje bárbaro y las amenazas ocupan el lugar de su noble ejercicio.

La carta puede ser una señal de alerta sobre el funesto impacto de la pseudoprensa en las democracias contemporáneas en su empeño por instalar a la sociedad en una realidad paralela en la que hechos y verdad no penetren. La fiscalización del poder, de todos los poderes, nada tiene que ver con la difusión de bulos o con la insidia. Más bien la perjudica, porque el aluvión de mentiras se convierte en una pantalla tras la que el poder se oculta para no responder a las preguntas verdaderas. Se extiende además a una parte del poder judicial instrumentalizado políticamente y a unos partidos cuyos usos y costumbres sobrepasan todos los límites de lo que es aceptable para ejercer su función pública en una democracia liberal. Los ataques por todos esos frentes se han hecho tan rampantes y tóxicos que llegan a provocar la sensación de vivir en un estado de indefensión democrática en un sector importante de la ciudadanía. Parte de ese malestar se sustanció el sábado a través de la reacción de militantes y simpatizantes socialistas movilizados para respaldar al presidente en un Comité Federal también inédito que acabó con la dirección del PSOE compartiendo calle con la militancia.

Pero si nuestro país no se puede permitir este nivel de barbarización de la vida política, tampoco puede vivir en un estado de excepción permanente. Más allá de la adhesión de sus simpatizantes y su partido, la decisión que anuncie Sánchez este lunes devuelve el debate automáticamente a las instituciones compartidas, que es el lugar donde debe sustanciarse y donde debe priorizarse la estabilidad que España necesita y merece. Si el presidente decide dimitir, dos salidas son posibles, que disuelva las Cortes y convoque elecciones. O que simplemente dimita y se active el mecanismo constitucional de la investidura, con nuevas consultas del Rey a las que acudiría por parte del PSOE un nuevo candidato o candidata. Las dos salidas son igualmente legítimas constitucionalmente —y estamos rodeados de democracias en las que la dimisión de un primer ministro no implica en absoluto nuevos comicios—, teniendo en cuenta, además, que los españoles votaron en unas elecciones generales hace nueve meses.

Si tras estos días de reflexión, Pedro Sánchez decide seguir al frente de un Gobierno pleno de legitimidad tras las elecciones del 23 de julio pasado, tiene en su mano someterse a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, aunque, en puridad, no ha habido un cuestionamiento de esa confianza por parte de la Cámara, no es ese el origen de esta crisis. Lo relevante será saber a qué conclusiones políticas ha llegado para enfrentar esa impotencia democrática que expresaba en su carta y que tiene que ver con el ecosistema en el que hoy se desenvuelve la política en buena parte del mundo y con la agresividad de las derechas españolas. Qué está dispuesto a hacer él, su Gobierno, su partido y las mayorías sociales que les apoyan para no incrementar sino combatir eficazmente una toxicidad que pone en jaque a las democracias.