Especulaciones irresponsables en Portugal

El caso judicial que llevó a la caída del Gobierno de Portugal a finales de 2023 es cada vez menos caso. Por segunda vez en pocos meses, los jueces han desmontado la arquitectura delineada por los fiscales de la Operación Influencer para justificar cinco detenciones y el registro de más de 40 domicilios y sedes oficiales, incluida la residencia del primer ministro. La fiscalía señaló entonces que había indicios de corrupción, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación en la tramitación de varios proyectos empresariales. Las alusiones a António Costa en las escuchas telefónicas realizadas a algunos de los implicados fueron suficientes para que el Tribunal Supremo abriese una investigación sobre él.

Esa fue la razón por la que el mandatario portugués presentó la renuncia a sus cargos al frente del Gobierno y del Partido Socialista. Consideró que la dignidad de ambos puestos era incompatible con las sospechas. A continuación, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas. El resultado fue el recorte a la mitad de una legislatura con la mayoría absoluta conquistada por el PS en 2022 y su sustitución el pasado 10 de marzo por un gabinete conservador en minoría.

Han pasado más de cinco meses y nadie sabe aún en Portugal cuáles son las turbiedades que llevaron a investigar a Costa, que hasta ahora no ha sido citado por los investigadores y cuyo futuro político en Europa está condicionado por el resultado de estas pesquisas. Pero en estos meses ha habido dos pronunciamientos de instancias judiciales distintas que desaprueban la actuación de los fiscales y desmontan la operación. Primero fue el juez instructor, que rebajó el asunto a un caso de tráfico de influencias y dejó en libertad a los cinco detenidos. Hace una semana, el Tribunal de la Relação de Lisboa fue todavía más severo con el trabajo del Ministerio Público.

En una resolución de más de 350 páginas, los tres magistrados del tribunal desmontan piedra a piedra los fundamentos de los fiscales para justificar la espectacular operación desplegada en Lisboa el pasado 7 de noviembre. Ni ven indicios que justifiquen la investigación a Costa, ni las conversaciones telefónicas entre los detenidos se pueden considerar hechos delictivos. Los supuestos indicios, subrayan, “no van más allá de meras especulaciones”.

La Fiscalía ha seguido investigando. Ahora podría tener más pruebas, pero está claro que en noviembre no existían argumentos para desplegar una operación mediática que desató la crisis política más inesperada de la democracia portuguesa, que ayer celebró 50 años de su momento fundacional, la Revolución de los Claveles. Si los fiscales han errado en este proceso, convendría que alguien asumiera responsabilidades, cosa que no está reñida con el respeto a la independencia de la justicia.