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editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Transparencia absoluta, caiga quien caiga

El Gobierno debe cumplir el máximo estándar de claridad ante la supuesta corrupción en el entorno del exministro Ábalos

El entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, escoltado por Koldo García, en un acto oficial en agosto de 2019.
El entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, escoltado por Koldo García, en un acto oficial en agosto de 2019.Manuel Bruque (EFE)
El País

El caso de Koldo García obliga al Gobierno de Pedro Sánchez a despejar cuanto antes cualquier sombra de duda después de que este miércoles García fuera detenido junto a otras 19 personas por participar en una presunta trama de cobro de comisiones en la compra masiva de mascarillas durante los peores momentos de la pandemia, en abril de 2020. La operación parte de una denuncia del Partido Popular que la Fiscalía Anticorrupción ha investigado durante casi dos años hasta detectar indicios de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

García era el asesor personal de José Luis Ábalos, en aquel momento secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, que tenía un enorme poder de contratación, aparte de su influencia orgánica en el partido. Los contratos investigados —en un momento en el que por la urgencia se suspendieron todos los controles— afectan a instituciones estatales y autonómicas y ascienden al menos a 50 millones de euros, de los que supuestamente nueve se habrían repartido entre la veintena de investigados. García quedó en libertad este jueves tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional, donde se negó a declarar. El sumario es secreto y se desconocen los hechos concretos que se le imputan.

Esta operación anticorrupción supone una prueba de fuego para Sánchez, que llegó al poder tras una moción de censura fundamentada en la inacción del presidente Rajoy ante la corrupción del PP, condenado en 2018 por la Audiencia Nacional como partícipe “a título lucrativo” en la sentencia del caso Gürtel. Desde entonces, el del PSOE se ha presentado ante la ciudadanía, con toda legitimidad, como un Gobierno limpio de toda sospecha. Ninguna organización está libre de albergar a personas que deciden corromperse; lo importante es la forma de enfrentar los casos en cuanto se conocen. Naturalmente, les ampara la presunción de inocencia en el ámbito jurídico, pero eso no sustituye la voluntad política inmediata de ofrecer transparencia y tomar medidas si es necesario. La presunta trama actuó en momentos dramáticos, cuando morían cientos de personas al día por la covid-19 y la compra de mascarillas era una cuestión de vida o muerte. El reproche social a esta bajeza debe ser el mismo que en escándalos similares que han afectado a otros.

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Ábalos fichó a Koldo García como chófer y después lo aupó a posiciones de poder. Fue la sombra del hoy exministro durante todo su ascenso dentro del PSOE de Pedro Sánchez. Los altos cargos que trataron con García en aquellas fechas deben dar la información que tengan. Si no tienen ninguna, deben despejar cualquier duda. No basta con mostrarse sorprendido. El PSOE y el Gobierno deben cumplir el mismo estándar de limpieza que ellos han exigido ante los numerosos casos de corrupción del PP, sin excusas. En este contexto, resulta insuficiente la respuesta de Ábalos —en la actualidad, diputado socialista— diciendo este jueves en un pasillo del Congreso que lo conocido son “filtraciones o conjeturas” en vez de ofrecer inmediatamente explicaciones a la altura de su responsabilidad política en aquel momento.


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