Emergencia hídrica en Cataluña

La peor sequía jamás registrada obligó ayer a decretar el estado de emergencia en Cataluña y si no llegan pronto las lluvias es muy probable que Andalucía y otras comunidades tengan que seguir una senda parecida. La decisión afecta al 80% de la población catalana, seis millones de personas en total, que a partir de hoy sufrirán severas restricciones de agua. Estas medidas suponen un salto respecto de las que ya se habían establecido dentro del Plan Especial de Sequía elaborado por la Generalitat para retrasar lo máximo posible la declaración de emergencia. Finalmente, ha sido inevitable. Cuarenta meses sin apenas precipitaciones han agotado las reservas no solo de los pantanos, que están por debajo del 16% de su capacidad, sino de los acuíferos de los que se nutren ríos, fuentes y barrancos.

Las nuevas restricciones afectan a la industria, la agricultura y el consumo doméstico de Barcelona, Girona y otros 200 municipios, que se suman a los 37 que ya estaban en emergencia desde agosto. En estas poblaciones no se podrá gastar más de 200 litros de agua por habitante y día, bajo amenaza de sanción. No se podrá regar jardines, lavar coches, limpiar las calles ni llenar piscinas, salvo que se utilice agua de mar o procedente de las plantas de regeneración. Entre las medidas que se contemplan figura también bajar la presión en la red de abastecimiento y transportar agua en barco desde otros territorios al puerto de Barcelona.

De acuerdo con la declaración de emergencia, en esta primera fase la agricultura deberá restringir un 80% el uso del agua; la ganadería, un 50% y la industria, un 25%, pero si la situación empeora están previstas otras dos fases aún más severas. Son medidas dolorosas, especialmente para la agricultura, que verá comprometidas las cosechas, pero absolutamente justificadas. Las previsiones meteorológicas a corto y medio plazo no son halagüeñas, no solo porque no se prevén lluvias, sino porque continúan las temperaturas excepcionalmente altas para esta época del año.

La gestión de esta sequía ha de servir de aprendizaje para el diseño de una nueva política hidrológica, que debe incluir inversiones importantes para renovar las infraestructuras de riego y canalización y para aumentar la capacidad de regeneración de las aguas ya utilizadas. Se trata de optimizar los recursos disponibles y fomentar un consumo ajustado a un escenario de escasez permanente, pues el patrón de cambio climático en el que nos hemos adentrado vaticina que los periodos de sequía severa se repetirán con relativa frecuencia.

Para minimizar los efectos de esta emergencia es muy importante asegurar la colaboración de todos los agentes implicados, desde las administraciones locales y las empresas a los particulares. Todos han de tomar conciencia de que se puede y se debe hacer más para ahorrar un bien que se ha vuelto muy escaso y del cual depende que podamos mantener los patrones de bienestar y prosperidad alcanzados.

No es una buena noticia que se hayan tenido que abrir más de 100 expedientes sancionadores por incumplimiento de las restricciones impuestas a los municipios cuando en noviembre de 2022 se activó la fase de alerta. Las poblaciones turísticas son las que más gastan y, por tanto, las que van a tener más dificultades para ajustarse a los límites de consumo establecidos, pero han de hacer el esfuerzo porque de su capacidad de resiliencia en esta materia dependerá también su futuro. Es mejor gastar ahora menos agua que quedarse sin ella.