Socorro judicial a Gaza

La actuación de Israel en la guerra de Gaza está desde ayer bajo un escrutinio legal que puede tener importantes consecuencias después de que el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) emitiera ayer en La Haya una serie de medidas cautelares, de obligado cumplimiento para Israel, que reconoce la autoridad del tribunal. Esas medidas están destinadas a aliviar la desesperada situación de la población civil de la Franja y a evitar cualquier acción constitutiva de genocidio según la convención de 1948. Además, imponen la obligación de no destruir ninguna prueba que pudiera incriminar a Israel. El Tribunal evitó pedir un alto el fuego entre Israel y la organización terrorista Hamás, pero es muy difícil, por no decir imposible, que mantenga la intensidad actual de su mortífera ofensiva y que a la vez pueda cumplir con lo ordenado por los jueces de La Haya.

Desde la lectura de la resolución, el Gobierno de Netanyahu está obligado a tomar “todas las medidas necesarias” para evitar una violación del artículo 2 de la convención, que desglosa una serie de actuaciones consideradas genocidas tales como la matanza de miembros de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, las lesiones graves a la integridad física o mental de sus miembros o el sometimiento intencionado de ese grupo a condiciones de existencia que vayan a acarrear su destrucción física, total o parcial. Además, deberá garantizar inmediatamente ayuda humanitaria suficiente para la población de la Franja —en la lectura del resumen la presidenta del tribunal, la estadounidense Joan Donoghue, subrayó que la llegada hasta ahora es totalmente insuficiente— y deberá prevenir y castigar las incitaciones al genocidio dentro de Israel. Hay que recordar —y la juez Donoghue lo hizo ayer— declaraciones como la del ministro de Defensa de Netanyahu, Yoav Gallant, en las que aseguraba: “Estamos luchando contra animales y actuaremos de la misma manera”.

Hay que destacar que el tribunal no ha desestimado la parte más importante de la demanda que Sudáfrica presentó contra Israel a finales de diciembre: “intención genocida” contra la población palestina. Considera que hay indicios para evaluar la grave acusación, pero, consciente de que pasará mucho tiempo antes de que se emita un fallo a ese respecto, ordena una serie de actuaciones con efecto inmediato para frenar lo que está sucediendo y preserve las pruebas de lo acaecido desde el 7 de octubre, fecha del brutal ataque de Hamás contra Israel. Netanyahu deberá aportar en un mes pruebas de que, efectivamente, está cumpliendo con lo dispuesto por el organismo judicial de Naciones Unidas.

La sentencia, que compromete a Israel como nunca antes, es histórica. Por primera vez, Benjamín Netanyahu se enfrenta a una orden internacional cuyo incumplimiento tiene consecuencias de mayor calado que el habitual ninguneo de las resoluciones de la ONU, algo que hubiera vuelto a pasar si el TIJ hubiera pedido un alto el fuego inmediato. Su actuación en Gaza podría llevar a Israel a afrontar un juicio por genocidio —una paradoja de la historia que avergüenza a muchos de sus compatriotas—, no ha conseguido la liberación de los rehenes y ha causado un sufrimiento injustificable a decenas de miles de inocentes. El riesgo de convertir a Israel en un paria internacional puede añadirse también al nefasto legado de su primer ministro.