El drama de Ecuador pone en alerta al Gobierno de Brasil

En los 20 años que llevo informando sobre Brasil, pocas veces el drama de un país y pequeño de América Latina, como Ecuador, ha recibido tanta atención en la prensa nacional. El tema está siendo colocado en relieve a nivel informativo y de análisis político.

La violencia desencadenada en Ecuador interesa y asusta al mismo tiempo al Gobierno de Lula, que estaba siendo acusado por la oposición bolsonarista de no enfrentar con ahínco el tema de la seguridad nacional que aflige al país hasta el punto que en los sondeos dicho tema aparece como más grave que la economía.

Y es que ya en varios Estados del país, desde Río a Bahía, las facciones criminales involucradas en el comercio de drogas y armas se hacen más visibles y peligrosas creando una alarma entre los ciudadanos para quienes el solo salir a la calle puede suponer ya un peligro de vida.

En Brasil, el tema de la violencia urbana donde se juntan las milicias policiales a los traficantes de drogas y a políticos corruptos en busca de votos, se está haciendo más grave cada año y tuvo un nuevo empujón en los cuatro años del Gobierno ultraderechista de Bolsonaro, el cual favoreció que la población se armara.

El Gobierno de Lula teme que el caso de Ecuador pueda acabar levantando las críticas que habían recibido sus gobiernos anteriores de no ser los suficientemente severos con los criminales y de no haber abordado con coraje el tema dramático de las cárceles brasileñas, consideradas unas de las más violentas del mundo.

La consigna ante el caso de Ecuador del Gobierno de Lula ha sido la de cautela en tratar el asunto “por miedo a una contaminación política” que podría ser instrumentalizado por la oposición. De ahí que estos días Lula haya tenido repetidas reuniones con sus asesores de política exterior justamente en el momento en que acaba de nombrar como ministro de Justicia al exmagistrado del Supremo, Ricardo Lewandowski, que se había caracterizado siempre por su preocupación con la política carcelera. Una política que siempre ha sido criticada por Human Rights Watch por las supuestas inconsistencias en materia de derechos humanos de los presos brasileños. Para el organismo, la violencia policial fuera y dentro de las cárceles en Brasil sigue siendo un problema crónico que afecta principalmente a los negros y a los jóvenes de las grandes favelas.

Hoy en las cárceles de Brasil, dominadas muchas de ellas por las organizaciones criminales, existen 832.295 presos de los cuales, uno de cada cuatro aún no ha sido juzgado y faltaría lugar en las cárceles para 236.000 presos. Y quizá lo más grave es que el 43% de esos detenidos son jóvenes.

Cuando Lula ganó las elecciones una de sus primeras promesas fue la de cambiar la política expansiva de la extrema derecha de armar a la población “convirtiendo los centros de tiro del país en bibliotecas”. Y de hecho ha disminuido el comercio de armas en manos de los ciudadanos, pero la violencia policial y la fuerza de las organizaciones criminales siguen vivas y atemorizando cada vez más a la población de las grandes urbes, donde las personas temen salir a la calle por miedo de ser asaltadas o asesinadas.

Hasta el robo de un simple celular puede acabar en un asesinato y hay ciudades donde existe un estado de violencia tal que contamina a la propia convivencia y exacerba el miedo a salir de casa. Si no fueran trágicas, resultarían graciosas algunas iniciativas para no ser atracados en la calle, en plena luz del día y en los lugares más impensables. Como buena parte de las víctimas de atracos en la calle son mujeres para quitarles el móvil suelen llevarlo escondido en el pecho. Pero como eso ya no les basta para estar seguros hay quien ha inventado una bolsita con cremallera para esconderlo en sus partes más íntimas. Y dicen que es barato.

Lo cierto es que, aunque pueda extrañar, en este momento al Gobierno le preocupa más que la economía, que empieza a mejorar, es el de la violencia policial que contagia al resto de las organizaciones criminales que acaban abrazándose, las cuales a su vez contagian a los políticos más de derechas a quienes les aseguran millones de votos en las elecciones municipales.

Existen hoy ciudades en Brasil tan dominadas por las organizaciones criminales que para un candidato en las elecciones resulta difícil, sino imposible, elegirse sin la ayuda oculta y a veces hasta abierta de las milicias policiales. Todo ello ha empezado a agudizar más el tema de la violencia urbana, que a veces acaba en verdaderas guerrillas con truculencias policiales, algo que aprovecha la extrema derecha contra el Gobierno progresista, acusándolo de inerme y hasta cómplice de dicha violencia al condenar el cogollo de la política bolsonarista centrada en el sueño de contar con una sociedad armada al servicio del Gobierno.

En su columna del diario O Globo, Malu Gaspar acaba de alertar contra el peligro de contagio en Brasil del dramático estado en el que vive Ecuador. Según la analista política, hoy en Brasil “milicias y narcotraficantes están tan juntas y mezcladas que son apellidadas de narcomilicias que dominan ya parte del territorio nacional”. Y concluye que “la alerta de Ecuador para Brasil está ahí”.

Y menos este año en el que Brasil va de nuevo a las urnas para elegir a los gobiernos locales en los que, de manera muy especial, esas narcomilicias son expertas en contaminar y comprar a los candidatos y en las que la extrema derecha está especialmente arraigada. Además de que consigue infiltrar en la política a candidatos llegados del mundo militar y policial, cada vez más presente en el Congreso Nacional. Hoy los tres mayores influyentes grupos parlamentarios son el llamado de la Biblia, de los evangélicos, el de los granjeros y el de los militares. Justamente donde la oposición bolsonarista aparece más peligrosa.

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