La peligrosa concesión de la UE a Orbán

La decisión de la Comisión Europea de desbloquear 10.000 millones de euros en fondos previamente congelados debido a la grave preocupación por la corrupción y el Estado de derecho en Hungría, es un error flagrante porque recompensa a Viktor Orbán, un autócrata cuyas acciones son contrarias a los valores fundamentales de la UE, y socava directamente la postura unida del bloque contra la agresión rusa en Ucrania. El momento no podía ser peor, ya que el partido gobernante húngaro acaba de aprobar una nueva y draconiana ley de “protección de la soberanía” que recuerda a la opresiva ley de “agentes extranjeros” de Vladímir Putin, concebida para reprimir la disidencia. La ironía es amarga: mientras la UE insiste en la necesidad de mantener el apoyo a Ucrania, un Estado miembro que bloquea activamente la ayuda a Kiev es recompensado con un importante paquete financiero. No se trata solo de una incoherencia diplomática; supone un fracaso moral. Al capitular ante Orbán, la UE ayuda indirectamente a un régimen que ha mostrado un apoyo inquebrantable a Rusia.

El Gobierno de Orbán ya ha bloqueado temporalmente las sanciones contra Rusia con el fin de obtener concesiones y ha presionado con éxito para mantener fuera de la lista de sanciones de la UE a los partidarios rusos de la invasión, entre ellos el patriarca Kirill de Moscú, aliado de Putin. El Gobierno húngaro siempre ha afirmado que no utilizaba su derecho de veto sobre la ayuda a Ucrania para obtener fondos congelados de la UE, pero solo dos días antes de una cumbre crucial de los países europeos, el principal asesor político del primer ministro húngaro reconocía que el país estaba efectivamente dispuesto a retirar su veto si recibía el dinero.

La Comisión alega que Hungría cumplía los criterios para empezar a liberar recursos de la política de cohesión, del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y del fondo para asuntos internos, al haber adoptado medidas para resolver problemas graves relacionados con la independencia judicial. Sin embargo, la ley de “protección de la soberanía”, que el Parlamento húngaro aprobó el 12 de diciembre, delata las intenciones de Orbán.

Esta ley, ostensiblemente dirigida a “proteger” la soberanía nacional, es, en realidad, un ataque directo a la sociedad civil independiente y a la libertad de expresión. La legislación incluye la creación de una “oficina para la defensa de la soberanía”, dotada de poderes ilimitados para investigar a los sospechosos de “servir a intereses extranjeros”. La intención de la ley es obstaculizar el apoyo a los partidos políticos, las organizaciones civiles y la prensa extranjera, como ha subrayado el líder de la facción Fidesz, Máté Kocsis. Pone de manifiesto un preocupante enfoque de la soberanía que confunde la independencia democrática con el control gubernamental.

Académicos, abogados, ONG y organizaciones como Acción por la Democracia han criticado la legislación por ser ilegal y constituir un ataque contra las voces críticas dentro de Hungría. Más de un centenar de ONG húngaras emitieron a principios de este mes una declaración conjunta para protestar contra su aprobación. Los directores de los principales medios de comunicación independientes de Hungría advirtieron de que la ley amenaza la libertad de prensa y el debate democrático.

Por otra parte, el relato del Gobierno húngaro pretende deslegitimar a los que se oponen a Orbán. Esta estrategia no solo se hace eco de las prácticas de represalia de los regímenes totalitarios, sino que también demuestra una clara desviación de las normas democráticas de la UE.

Al no exigir responsabilidades a Hungría, la UE sienta el peligroso precedente de que el chantaje político constituye una estrategia eficaz frente a la toma de decisiones colectiva. Esto envalentona a líderes y políticos autocráticos y populistas dentro del bloque, como Geert Wilders y Giorgia Meloni, y debilita a la UE en la escena mundial. También refuerza la apuesta de Orbán por encabezar el movimiento de la derecha populista antes y después de las elecciones parlamentarias europeas de junio de 2024.

Es más, esta decisión podría tener repercusiones políticas dentro del bloque. Es posible que la candidatura de Ursula von der Leyen a la reelección se vea comprometida, ya que su débil postura respecto al Estado de derecho ha sido una constante fuente de discordia.

El Parlamento Europeo, que se ha opuesto firmemente a la entrega de fondos a Hungría si el país no lleva a cabo reformas sustanciales, seguramente contemplará esta decisión como un desafío directo a sus principios y a su autoridad. Los fondos de la UE se liberan en un momento en que una campaña de carteles en Hungría patrocinada por el Estado ataca a Von der Leyen y a Alexander Soros, hijo del financiero George Soros y presidente de Open Society Foundations, y advierte a la población: “¡No bailemos al son que ellos tocan!”.

Por consiguiente, liberar fondos por un valor de 10.000 millones de euros no solo es un error diplomático, sino que también constituye un paso en falso estratégico, que corre el riesgo de socavar la integridad, los valores y la posición mundial de la UE. Sentaría un peligroso precedente al recompensar a un régimen autocrático a expensas de los principios del bloque, y supondría para la UE el riesgo de perder su autoridad moral y política tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Los líderes europeos no pueden ceder a este chantaje, y deben ser conscientes del sufrimiento al que se ve sometido el pueblo húngaro por la inagotable ansia de poder de Orbán. Deben encontrar la manera de canalizar los fondos retenidos de la UE directamente a los municipios, empresas, ONG y ciudadanos húngaros en apuros. Este enfoque garantiza que las personas necesitadas reciben la ayuda que merecen, y esquiva a un Gobierno que ha despreciado sistemáticamente los principios del bloque.