Persecución a Podemos

Podemos es ya la formación política en España que más ha sufrido la persecución policial y judicial en la reciente etapa democrática, sin que nadie haya asumido aún responsabilidades por ello. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón intentó imputar a Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del Gobierno (2020-2021) por un supuesto delito de revelación de secretos, pero el Tribunal Supremo neutralizó la iniciativa y afeó al magistrado que no hubiera llevado a cabo la diligencia necesaria para proceder contra el líder político. El mismo magistrado mantiene hoy viva una causa relacionada con la supuesta financiación ilegal del partido a través de Venezuela, una acusación investigada en varias ocasiones y desmentida hasta ahora por los hechos. La formación morada se ha querellado contra el magistrado por “investigar unos delitos inexistentes”.

En 2016, el Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz (PP) al frente, intentó abrir otra causa por supuesta financiación irregular recurriendo a un informe anónimo lleno de pruebas falsas. La Policía también presentó ante el Tribunal de Cuentas una denuncia que fue archivada y el sindicato de ultraderecha Manos Limpias denunció en la Audiencia Nacional los mismos hechos, con el mismo informe y con idéntico resultado. A ello habría que sumar la filtración por parte de Interior de datos falsos sobre presuntos ingresos de Pablo Iglesias en paraísos fiscales.

Tras esos fracasos para intentar juzgar a los dirigentes de Podemos y sembrar dudas sobre la financiación de esta formación política llegó el caso Neurona, abierto en 2020 a raíz de la denuncia de un extrabajador despedido por un supuesto caso de acoso sexual a una abogada del partido que fue desestimado por los tribunales. Ese trabajador denunció aspectos supuestamente dudosos en las finanzas de Podemos, pero el juez instructor abrió una causa que fue engordando a la misma velocidad que la investigación desmontaba los falsos indicios. Se investigó una presunta caja b con la que se pagaban sobresueldos, el sobrecoste no declarado en las obras de su nueva sede, el desvío de fondos de una caja de solidaridad o servicios supuestamente falsos contratados para una campaña electoral que luego se convirtieron en reales, pero con un coste sospechoso. Incluso se investigó si el partido pagaba una niñera para los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero con los fondos del Ministerio de Igualdad. Todo falso.

El magistrado Juan José Escalonilla, titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, archivó hace unos días la última de las 10 piezas separadas que abrió por delitos de corrupción contra Podemos y varios de sus dirigentes. El ruido que, con titulares de escándalo, acompañó desde algunos medios todas las investigaciones abiertas por el juez se convirtió en silencio cada vez que los hechos demostraban la falsedad de las denuncias y el instructor dictaba el archivo de los procedimientos.

Esta macrocausa, levantada basándose en falsedades, ha durado demasiado, y nada se parece tanto a la injusticia como una justicia tardía. El juez se ha demorado excesivamente en desmontar bulos que han dañado la reputación del partido político que más ha sufrido el acoso de un Gobierno, el de Mariano Rajoy, por caminos oscuros y la persecución judicial por parte de tribunales a los que la llamada policía patriótica intentó manipular. Por suerte, sin demasiado éxito. Lo que demuestra que en España no ha dejado de funcionar la separación de poderes. Todas esas falsas acusaciones siguen, sin embargo, impunes a día de hoy. Otra forma de injusticia.