Sunak se empeña en Ruanda

Rishi Sunak ha decidido amarrar su futuro político al éxito de las deportaciones de inmigrantes en situación irregular a Ruanda. El Gobierno británico ha renegociado el tratado ya existente con el país africano, que cerró Boris Johnson hace año y medio, para intentar enmendar todas las ilegalidades señaladas en el texto por el Tribunal Supremo del Reino Unido. La respuesta de Downing Street a la demoledora sentencia del mes pasado es más un ejercicio de voluntarismo para contentar al ala dura del Partido Conservador que un esfuerzo honesto por garantizar la seguridad jurídica de un modo de tratar a seres humanos muy cuestionable ya desde un punto de visto ético.

Ni un nuevo tratado ni declaraciones solemnes ni legislación adicional pueden cambiar de modo mágico la realidad. Los magistrados del Supremo no cuestionaron en su decisión el método elegido —la externalización a un tercer país de la gestión de los inmigrantes y de la tramitación de sus solicitudes de asilo—, sino las deficiencias en el sistema de asilo ruandés, según denunciaban instituciones solventes como el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU. Actualmente, no hay garantías de que se pueda evitar que el Gobierno de Kigali acabe devolviendo a los recién llegados a países donde su vida o su libertad se verían seriamente amenazadas.

El nuevo tratado establece claramente la prohibición de esas devoluciones e impone normas claras de atención y cuidado para los inmigrantes realojados, pero correspondería a una comisión independiente, financiada y supervisada en último término por el Gobierno británico, la comprobación constante de que esa declaración de buenas intenciones se corresponde con la realidad diaria.

La nueva estrategia de Sunak consiste en redoblar su apuesta y confiar en el puro agotamiento de la vía judicial. La realidad que se esconde detrás de esta maniobra es, sin embargo, la de una guerra política interna que Sunak es incapaz de controlar. Los más duros del Partido Conservador, encabezados por la exministra del Interior, Suella Braverman, presionan al primer ministro para que saque al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos, que Londres firmó hace ya décadas, y tenga manos libres para diseñar una política migratoria todo lo dura que reclamen los votantes.

Los moderados del partido, sobre todo los que ocupan puestos gubernamentales, han amenazado con poner en marcha una rebelión si Sunak opta por saltarse el derecho internacional. El primer ministro, de momento, se resiste a dar ese último salto al abismo, pero a la vez se ha atado al mástil desesperado de la estrategia de Ruanda, empeñado en que el primer avión lleno de inmigrantes con destino a ese país despegue antes de las próximas elecciones generales, previstas para finales del año que viene.