Sánchez habla con claridad
El aspirante a la reelección defiende la amnistía para evitar un Gobierno con la extrema derecha y superar la crisis catalana
El anuncio en defensa de la amnistía que Pedro Sánchez hizo, por fin, el pasado sábado en el comité federal del PSOE cuenta con dos virtudes políticas, la de cambiar el foco de la conversación —hasta ahora al albur de la especulación— y la de enviar un mensaje constructivo: es el paso decisivo para salir del bloqueo político en el que en estos momentos se encuentra España y evitar un Gobierno de la derecha con la extrema derecha. Sánchez se enfrentaba al reto de construir una explicación verosímil ante el cambio de criterio sobre una medida que hasta antes de las elecciones del 23-J era inaceptable para él y para muchos dirigentes socialistas que el sábado lo aplaudieron, y que ahora pasa por la razón política de “hacer de la necesidad virtud”. Mirar esa contradicción de frente era inexcusable por un ejercicio de responsabilidad política que no solo implica valentía, sino tratar a la ciudadanía con la madurez y transparencia que merece.
La rendición de cuentas obliga a la presentación y justificación de las decisiones tomadas y a una evaluación de sus posibles costes. Más aún cuando lo que está en juego como moneda de cambio de una investidura es una medida de gracia como una amnistía que deberá tener un encaje constitucional y desarrollarse con un absoluto rigor legislativo. Sánchez habló sobre todo esto con claridad y sin eufemismos, mostrando que una negociación nunca se hace en un laboratorio: siempre depende del contexto y eso no implica renunciar a las convicciones. Si en la legislatura anterior las circunstancias llevaron al PSOE al entendimiento y colaboración con Podemos —ante el posible coste político de una repetición electoral y la subida de la ultraderecha—, en esta ocasión lo empujan al entendimiento con las fuerzas independentistas, y es imprescindible que esto se diga. En política siempre se negocia sobre la base de unas consecuencias que dependen del contexto, determinado hoy por la pura aritmética parlamentaria que obliga a contar con la abstención de Junts. En la anterior legislatura exigió acuerdos con Esquerra, con resultados palpables que la ciudadanía ya conoce. El contexto, según Sánchez, también obliga a no aislar su decisión de la voluntad de evitar un Gobierno que incluya a la extrema derecha. De la misma manera que el candidato socialista asume riesgos en cada una de las mayorías que busca, hoy se sabe que Alberto Núñez Feijóo está dispuesto asumir el riesgo de gobernar con Vox si los números le hubieran dado o le dan en el futuro.
Estas son las variables que el presidente expuso abiertamente, dejando claro que toda decisión política implica costes y que ahorrar a los ciudadanos los dilemas y los riesgos de elegir entre políticas alternativas sería infantil e irresponsable. Sánchez defendió la coherencia de las medidas de gracia con la doctrina histórica del PSOE en relación con Cataluña: diálogo, normalización institucional y acuerdos que encaucen la crisis de 2017 hacia un marco de convivencia, que además han sido refrendados por su electorado. Sobre la base de estas coordenadas se llamará a la militancia a pronunciarse en una consulta que sería conveniente formular con la misma claridad con la que el sábado habló el presidente.
Hay otra variable importante que la ciudadanía tendrá que valorar. El pacto de investidura abrirá un importante desafío en el sector independentista. Entrar en la negociación implica admitir que tanto Junts como Esquerra renuncian a la estrategia del “cuanto peor, mejor”, y se enfrentan a la elección decisiva de escoger entre reforzar el nacionalpopulismo españolista que abrazan Vox y un PP empujado por la agenda ultra —y persistir, por tanto, en el nacionalpopulismo catalán— o bien iniciar una salida política para Cataluña que también es buena para Europa y para España.
