Nuestra pregunta existencial

Que una matanza produzca una división política, ideológica y moral tan profunda como la que se está abriendo estos días entre los ciudadanos de todo el mundo en relación con las imágenes que llegan de Gaza e Israel, cuando lo inmediato, lo lógico, lo simplemente humano, sería estar de acuerdo en decir con una sola voz que se detuviese la violencia, es la prueba de que, abandonadas todas las esperanzas que hizo concebir el fin de la Guerra Fría, nos hemos resignado ante la perspectiva de que un fanatismo aterrador, un fanatismo supurante de dioses y naciones, sea el que dicte las acciones en la escena internacional y nos condene a una catástrofe que asumimos como inevitable.

Admitir que a estas alturas nada se puede esperar de unas reglas que, en ausencia de paz, deberían regir para todos, ni menos aún, de la compasión o la piedad, que en tiempos de guerra son más necesarias que nunca, significa admitir, se diga o no, que el único desenlace concebible para conflictos como el que enfrenta a Israel y Palestina —o como el que, ahora fuera de los focos, sigue devastando Ucrania— consiste en legitimar como realismo alguna variante de la barbarie, con la sola condición de que conduzca a la victoria, a nuestra victoria, o lo que es más mezquino, a la victoria de los nuestros. Para los “moderados” de cualquiera de los escenarios de guerra abiertos, la limpieza étnica del territorio en manos del más fuerte sería una prueba de benevolencia, mientras que para los halcones, en cambio, ninguna solución será definitiva mientras el enemigo, uno u otro, no sea aniquilado como pueblo —que, aplicado al caso, equivale a decir como suma de individuos—, cortando de raíz cualquier reclamación presente o futura sobre ese mismo territorio. ¿Tanto hablar del efecto preventivo de la historia, de la memoria y el recuerdo, de las lecciones del pasado para llegar al mismo punto al que no queríamos regresar? ¿Tanto memorial, monumento, simbolismo para hacerlo, además, a través de un gesto tan cobarde como abstenernos de condenar la matanza de un bando justificándola en la matanza del bando contrario, y viceversa?

Lo más lejos que se ha llegado para poner fin a la violencia desde la fecha trágica del 7 de octubre, cuando los comandos de Hamás penetraron en territorio israelí y asesinaron a más de mil personas y tomaron dos centenares de rehenes, es a proclamar que Israel tiene derecho a defenderse, pidiéndole proporcionalidad y contención dentro de una lógica de guerra. No por tratarse de una obviedad deja de esconder una nueva prueba de la resignación desde la que hemos empezado a contemplar nuestra suerte: en cualquier otro lugar del mundo, la reacción inmediata ante una acción terrorista no es activar el derecho a la legítima defensa del Estado donde se haya perpetrado, sino los mecanismos policiales y judiciales para identificar, detener, juzgar y, finalmente, castigar a los autores. En cualquier otro lugar del mundo, pero no en Israel ni en los territorios que ha ido sucesivamente ocupando, guerra tras guerra, a partir de los que le concedió inicialmente la Resolución 181 de unas recién creadas Naciones Unidas, en el momento de la partición del Mandato británico sobre Palestina. ¿Por qué?

A los territorios reconocidos por la resolución 181 de 1947, Israel sumaría apenas dos años después los que incluía la línea del Armisticio de Rodas, suscrito con los Estados árabes vecinos que lo atacaron, y a estos aún los ocupados en junio de 1967, después de una incursión por sorpresa contra Egipto, Siria y Jordania. La expansión territorial de Israel solo encontraría un límite en 1982, tras la invasión de Líbano, cuando sus tropas tuvieron que retroceder hasta las posiciones de partida, intentado dejar tras de sí una franja de seguridad que el Gobierno de Beirut no pudo mantener bajo control, cediendo al empuje militar de Hezbolá. Este contratiempo en el campo de batalla suponía un punto de inflexión decisivo en las líneas maestras del conflicto desde sus inicios, pero los sucesivos gobiernos de Israel prefirieron hacer caso omiso y no renunciar a la expansión territorial; sencillamente la reorientaron, redoblando el ritmo y los recursos, hacia el interior de las fronteras de 1967, a través de una política de asentamientos declarada ilegal y condenada por Naciones Unidas.

La opción por la que se inclinó Israel en 1982 y que reforzó durante las décadas siguientes pudo generar en sus gobiernos y en muchos de sus ciudadanos un espejismo de seguridad y poder, tan convincente y verosímil que, hasta ahora, hasta este 7 de octubre, ha ido abriéndose paso la idea de que el problema palestino había llegado a ser irrelevante y que los Acuerdos de Abraham, patrocinados por las maneras expeditivas del presidente Trump, llevarían la paz y la estabilidad a Oriente Próximo. Para los palestinos, los Acuerdos de Abraham representaban una condena a malvivir para siempre bajo una ocupación militar o confinados en campos cada vez más parecidos a ratoneras, olvidados por el mundo. Pero, para Israel, los Acuerdos también tenían un precio, aunque no se haya querido ver hasta que no ha sido demasiado tarde para miles de víctimas en uno y otro campo; tenían el precio, el inconmensurable precio, de provocar la parálisis estratégica de Israel si, según ha sucedido finalmente, Hamás rechazaba de la única manera que sabe el futuro que se había decidido a espaldas de los palestinos. Toda la fuerza de Israel, toda su superioridad militar y tecnológica, no podría proporcionarle una victoria política sobre Hamás porque, sencillamente, hace mucho tiempo que Israel se privó a sí misma de cualquier iniciativa política en relación con Palestina, confiándolo todo a la fuerza.

Ese es el punto en el que hoy se encuentra el conflicto: al no disponer de ningún objetivo político factible que, una vez alcanzado, le permita proclamar “misión cumplida” y detener la actual escalada tras los atentados, Israel no puede hacer otra cosa que bombardear y seguir bombardeando, o, a lo sumo, invadir Gaza por tierra, en una operación militar larga y de incierto resultado. Porque la idea de entrar en la Franja para aniquilar a Hamás y sustituir su gobierno de facto por otro menos hostil tal vez sea atractiva sobre el papel, pero su puesta en práctica podría estar más cerca de un infierno que acabará arrastrando al conflicto a otras potencias de la región, y a través de ellas, a las grandes potencias, que de una solución a largo plazo. Tal vez no, por descontado; pero el riesgo está ahí.

Resulta en verdad paradójico, y a la vez trágico, que la solución a largo plazo para Oriente Próximo, esa solución política para Palestina que Israel puede ignorar y posponer, pero no evitar, sólo llegará de la respuesta que dé como Estado y como sociedad a una pregunta que no han dejado de formular sus mejores políticos e intelectuales desde los días lejanos de la partición y después de cada guerra, conscientes de que era una pregunta existencial. ¿Cómo compatibilizar —decían— desde el derecho y la justicia, y hasta desde la simple humanidad, las ambiciones sobre un territorio y el destino de la población que lo habita? Hoy, no solo el futuro de Oriente Próximo, sino también el futuro colectivo, depende de la respuesta a esa pregunta, y de ahí que la división política, ideológica y moral que se está abriendo entre los ciudadanos de todo el mundo, impidiendo que se pida con una sola voz el fin de la violencia, no sea una manifestación de compromiso con los mejores valores, sino una nueva, e insensata, resignación ante el fanatismo.