Ambición con incertidumbre

El PSOE y Sumar escenificaron ayer su acuerdo para gobernar cuatro años más en caso de que Pedro Sánchez consiga ser investido presidente del Gobierno antes del 27 de noviembre. El acuerdo profundiza en los principales éxitos del primer Gobierno de coalición, especialmente en derechos laborales, política fiscal y de transformación energética, además de reiterar compromisos sin cumplir. En general, recoge aspiraciones del votante progresista y enlaza coherentemente con el modelo de país por el que apostó el Ejecutivo saliente. En medio de un clima general de confrontación partidaria, Sánchez y Díaz exhibieron la única sintonía pública evidente que en estos momentos presenta la política española. Una sintonía que no puede obviar, sin embargo, que la investidura no está garantizada porque depende de otros partidos cuyas reivindicaciones trascienden el programa presentado ayer.

La propuesta más llamativa del acuerdo es la reducción de la jornada laboral por ley a 37,5 horas semanales. Se trata de una de las medidas estrella de Sumar: la primera reforma de la jornada de trabajo desde que se limitó a 40 horas hace cuatro décadas. La rebaja se produciría en dos etapas hasta 2025. El Gobierno ya había iniciado un programa piloto para estudiar la medida, que conecta con las nuevas demandas surgidas de la era digital y de un mayor aprecio social de la conciliación familiar. Trabajar menos de 40 horas ya es una realidad en muchos sectores (la media real en España es 37,8, según Eurostat) sin que se vea afectada la productividad. Queda, sin embargo, un largo recorrido para extenderla a los aproximadamente 12 millones de asalariados a los que afectaría.

Las medidas que tienen que ver con el empleo, el área de influencia de Díaz como ministra del ramo, son el corazón del acuerdo entre su plataforma y el partido socialista. Incluyen una nueva subida del salario mínimo interprofesional, una reforma del despido y un estatuto del becario que pretende atajar la precariedad sistémica. Todas son propuestas que afectan directamente al tiempo y al bolsillo de los ciudadanos. Su éxito dependerá de su concreción y de lograr el mismo consenso entre los agentes sociales que permitió aprobar la trascendental reforma laboral de la pasada legislatura. Ayer los sindicatos celebraron la propuesta; la patronal la rechazó.

La presentación, que incomprensiblemente se realizó sin permitir que los periodistas preguntaran, deja en el aire cuestiones que reducen el margen de maniobra del futuro gobierno. Es bienvenida la ambición en material social y de empleo, pero se pasa por alto el contexto económico: nuevas normas fiscales en la UE que obligarán a ajustes, una larga etapa de tipos de interés altos y la imprevisibilidad de dos guerras con efectos globales. Por otro lado, la mayoría de las políticas sociales en España dependen de las comunidades autónomas, y 12 de ellas están gobernadas por la oposición. Cualquier proyecto de ley dependerá en el Congreso de los apoyos de ERC y PNV, que gobiernan sus respectivas comunidades y defenderán su ámbito competencial. Los nacionalistas vascos ya se expresaron ayer en ese sentido.

En clave interna, Sumar cuenta con la distancia de Podemos, que tiene cinco diputados y ayer dijo desconocer los términos del acuerdo. Finalmente, el texto no incluye la palabra Cataluña cuando los dos firmantes defienden la amnistía como uno de ejes para recuperar la normalización territorial. Una ausencia que parece indicar que la negociación con el independentismo catalán está aún lejos de cerrarse.