Las elecciones de octubre no cambiarán la política

La tesis de que la agenda que está sobre la mesa en las elecciones locales es más trascendental de lo que parece en esta tierra del Sagrado Corazón de Jesús no pegó. En las ciudades en las que los alcaldes no coincidan ideológicamente con el presidente se repetirá la película del distrito capital de Bogotá: una bronca permanente. En una esquina el presidente; en la otra, la alcaldesa.

Nadie desconoce la importancia primordial del voto cuando se ejerce sin ningún tipo de coacción. En todo caso, la ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el ejercicio libre de este derecho de los ciudadanos, como reza la Constitución política.

Pero si se trata de un país despelotándose por la violencia y el constreñimiento a los electores en varias regiones, y por el caos electoral que se deriva de las denuncias de la Procuraduría General ―mediante la cual tenemos 724 candidatos inhabilitados para ser elegidos y desempeñar el cargo al cual se inscribieron―, el desbarajuste resulta muy preocupante.

Las soluciones a ese desbarajuste se ven distantes. Los problemas del Cauca, Norte de Santander y Nariño, denunciados por el registrador nacional y por el defensor del Pueblo —para no citar sino los más protuberantes casos de perturbación del orden público—, dependen del éxito de la paz total y la sabemos enredada.

El conflicto con los candidatos inhabilitados se aplazó para el año entrante porque el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que en marzo se presentará el acto legislativo para reformar la Procuraduría. Mientras tanto, se presentarán a los comicios muchos de los desactivados. Ya conocemos el alcance de la reforma gubernamental en el sentido de eliminar las funciones jurisdiccionales del Ministerio Público, que no podrá limitar los derechos políticos de los ciudadanos a ser elegidos y a ejercer cargos de elección popular.

Es en este escenario de desgreño que vamos a la próxima jornada electoral del 29 de octubre. Las encuestas indican que la centroderecha, que no es lo mismo que el Centro Democrático, pica en punta para ganar las Alcaldías en varias de las grandes capitales donde hay mandatarios de izquierda o alternativos.

Para contrarrestar esos pronósticos, el Gobierno ha convocado unas marchas con el apoyo de las mingas indígenas, del campesinado y de los sindicatos. Con el acceso a Bogotá de las 20.000 personas que traen de La Guajira, Cauca, Putumayo y Amazonas, llenan la Plaza de Bolívar. El resto de manifestantes, empleados públicos afiliados al sindicalismo, sin espacio en la Plaza porque mingas y campesinos la colmarán, deja la impresión de un respaldo amplio y significativo. La disculpa que se invoca es la del apoyo a las reformas sociales presentadas por el Gobierno, las “marchas por la vida”, pero en la práctica constituyen un respaldo a los candidatos representativos del Pacto Histórico.

Se supone que, en términos generales, los Gobiernos demócratas en el poder son refrendados o no en las elecciones, ya sean del orden nacional o del orden regional. La gente se ilusiona con la idea de su nuevo mandatario va a arreglar todos los problemas que afectan a su municipio. Eso es cierto relativamente. Depende en gran parte de su buena o mala relación con el Gobierno central. Mucho me temo que en Colombia no va a ser así. El Gobierno va a perder las elecciones, pero el presidente Petro no va a cambiar su planteamiento de que él es el jefe del Estado, aunque “a muchos” no les guste.

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Quienes conocimos a Hernando Yepes Arcila perdimos a un amigo entrañable. Colombia perdió a un gran jurista.

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