Odio creciente

Los delitos de odio suponen la expresión más severa de la discriminación y un ataque a las normas fundamentales de la convivencia, recalca la Fiscalía General en su última memoria, que precisa que las condenas por atentar contra la orientación y la identidad sexual y de género crecieron el año pasado un 23,3% (37 casos frente a 30 en 2021). Es el motivo más repetido en las 125 sentencias condenatorias que se impusieron por esos casos, por encima del racismo y la xenofobia. Uno de cada cuatro de los 1.869 delitos de odio que Interior registra en su informe sobre 2022 afectó al colectivo LGTBI, cifras similares a las de hace una década tras un repunte en 2021.

Que haya más condenas apunta a que las agresiones físicas o verbales contra la identidad sexual crecen en España, pero también a un mayor rechazo social a estos comportamientos. Pero las cifras son solo la punta del iceberg: ocho de cada diez actos de odio contra el colectivo LGTBI no se denuncian. Y cientos denunciados pueden quedar fuera de la estadística porque van acompañados de delitos de otro tipo, lo que llevó en junio a la Federación Estatal LGTBI+ a reclamar a Interior que revise los protocolos de identificación de los delitos de odio. La Fiscalía incide en las dificultades para esta contabilidad específica y para el seguimiento de las denuncias. También subraya la necesidad de un registro oficial que recoja pormenorizadamente todas las particularidades de los motivos de discriminación. La brutal muerte a golpes en A Coruña del joven Samuel Luiz Muñiz en 2021 tras ser increpado por “maricón” supuso una verdadera conmoción en toda España y un momento clave hacia la toma general de conciencia respecto a un problema tradicionalmente minimizado o invisibilizado. Que sigan perpetuándose la violencia y la exclusión homófobas, explícitas o soterradas, revela que la sociedad tiene un enorme problema. Es intolerable el rechazo de quien no se identifica con una determinada condición sexual.

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Una pareja gay tras denunciar una agresión homófoba: "Hubo un ataque por nuestra orientación sexual"

El odio también se legitima con discursos negacionistas como el que Vox ha conseguido introducir en las instituciones gracias a sus pactos con el PP en autonomías y ayuntamientos. De este último partido depende que la intolerancia retórica no se traduzca en medidas que alienten el desprecio al diferente. Pretensiones como reformar la ley aragonesa de no discriminación o revertir en Baleares la inversión de la carga de la prueba no contribuyen, sin embargo, a la defensa de derechos que se creían consolidados.

España es uno de los países con la legislación más avanzada en la protección de la comunidad LGTBI y son innegables las mejoras en esa lucha. Mantenerlas implica perfeccionar la gestión de los poderes públicos, pero también reflexionar sobre ciertos discursos sociales y políticos cuando crece el desprecio al diferente y su derecho a existir. Está en juego la convivencia.