Odio creciente
El aumento de condenas por delitos contra el colectivo LGTBI reclama de toda la sociedad acciones más decididas contra la intolerancia
Los delitos de odio suponen la expresión más severa de la discriminación y un ataque a las normas fundamentales de la convivencia, recalca la Fiscalía General en su última memoria, que precisa que las condenas por atentar contra la orientación y la identidad sexual y de género crecieron el año pasado un 23,3% (37 casos frente a 30 en 2021). Es el motivo más repetido en las 125 sentencias condenatorias que se impusieron por esos casos, por encima del racismo y la xenofobia. Uno de cada cuatro de los 1.869 delitos de odio que Interior registra en su informe sobre 2022 afectó al colectivo LGTBI, cifras similares a las de hace una década tras un repunte en 2021.
Que haya más condenas apunta a que las agresiones físicas o verbales contra la identidad sexual crecen en España, pero también a un mayor rechazo social a estos comportamientos. Pero las cifras son solo la punta del iceberg: ocho de cada diez actos de odio contra el colectivo LGTBI no se denuncian. Y cientos denunciados pueden quedar fuera de la estadística porque van acompañados de delitos de otro tipo, lo que llevó en junio a la Federación Estatal LGTBI+ a reclamar a Interior que revise los protocolos de identificación de los delitos de odio. La Fiscalía incide en las dificultades para esta contabilidad específica y para el seguimiento de las denuncias. También subraya la necesidad de un registro oficial que recoja pormenorizadamente todas las particularidades de los motivos de discriminación. La brutal muerte a golpes en A Coruña del joven Samuel Luiz Muñiz en 2021 tras ser increpado por “maricón” supuso una verdadera conmoción en toda España y un momento clave hacia la toma general de conciencia respecto a un problema tradicionalmente minimizado o invisibilizado. Que sigan perpetuándose la violencia y la exclusión homófobas, explícitas o soterradas, revela que la sociedad tiene un enorme problema. Es intolerable el rechazo de quien no se identifica con una determinada condición sexual.
El odio también se legitima con discursos negacionistas como el que Vox ha conseguido introducir en las instituciones gracias a sus pactos con el PP en autonomías y ayuntamientos. De este último partido depende que la intolerancia retórica no se traduzca en medidas que alienten el desprecio al diferente. Pretensiones como reformar la ley aragonesa de no discriminación o revertir en Baleares la inversión de la carga de la prueba no contribuyen, sin embargo, a la defensa de derechos que se creían consolidados.
España es uno de los países con la legislación más avanzada en la protección de la comunidad LGTBI y son innegables las mejoras en esa lucha. Mantenerlas implica perfeccionar la gestión de los poderes públicos, pero también reflexionar sobre ciertos discursos sociales y políticos cuando crece el desprecio al diferente y su derecho a existir. Está en juego la convivencia.
