Educar contra la violencia juvenil

La memoria de la Fiscalía General del Estado relativa a 2022, presentada el jueves, constata un aumento de conductas cada vez más violentas entre niños y adolescentes, hasta el punto de merecer el calificativo del fiscal general, Álvaro García Ortiz, de “explosión delictiva”. Las cifras son preocupantes y confirman la alarma que se había suscitado en el ámbito educativo y en los servicios sociales. El informe recoge los casos de acoso, peleas y agresiones que han tenido trascendencia penal, pero cabe presuponer que solo son una parte de los que se producen. Los delitos más graves, como el homicidio o el asesinato consumados o en grado de tentativa, han aumentado un 14,77% con respecto a 2021, con un total de 101 causas abiertas, el doble de las 50 registradas en 2017.

Este aumento de la violencia tiene mucho que ver con la creciente presencia de armas blancas entre los jóvenes, lo que indica que se están incorporando patrones propios de las maras y bandas organizadas. De hecho, la Fiscalía vincula esta situación al “auge de grupos y bandas juveniles violentas”, de fuerte componente identitario, que ya no se forman solo en las grandes ciudades, sino también en poblaciones medianas y pequeñas. Obviamente, cuantos más jóvenes lleven armas blancas, más probable es que los altercados en los que participan acaben con heridos o muertos.

Dada la facilidad con la que pueden adquirirse estas armas, la Fiscalía pide un mayor control de su venta. También un mayor control policial. Pero el problema no es solo de accesibilidad, sino también de cultura. Parece evidente que está extendiéndose una forma de entender las relaciones sociales basadas en la imposición y la ley del más fuerte. Y una cierta banalización de la integridad física y del valor de la propia vida. Habrá que dilucidar los factores que influyen en esta tendencia, pero la forma de combatirla es insistir en acciones educativas que no solo han de vehicularse a través del sistema escolar, sino de todos los ámbitos comunitarios. Los educadores de calle y los servicios municipales de atención juvenil tienen un nuevo e importante papel que jugar en esta coyuntura.

Lamentablemente, el informe también constata, un año más, el aumento de los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores. Los 974 procedimientos incoados suponen un ascenso del 45,80% respecto de 2021 y del 116% con respecto a cinco años atrás. Hay que insistir en la necesidad de que los poderes públicos aborden con mayor determinación las carencias en la educación sentimental y sexual de niños y adolescentes. Y de adoptar medidas para evitar su exposición a una pornografía violenta y machista a la que tienen acceso desde edades cada vez más tempranas.