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Violaciones de adolescentes: “Los menores hacen en grupo cosas que solos no harían”

Lídia Ayora, jefa del servicio que asesora a fiscales y jueces en las causas contra menores, cree que e ocasiones “tienen dificultades para discernir si la otra persona consiente la relación sexual”

Lídia Ayora, a la derecha, en una reunión en Barcelona del Servicio de Mediación y Asesoramiento Técnico (SMAT) de la Generalitat.
Lídia Ayora, a la derecha, en una reunión en Barcelona del Servicio de Mediación y Asesoramiento Técnico (SMAT) de la Generalitat.
Jesús García Bueno

Lídia Ayora (Tortosa, 60 años) dirige el servicio de la Generalitat que asiste a fiscales y jueces al decidir qué medidas adoptan frente a los menores que delinquen. Ella y su equipo técnico (psicólogos, trabajadores sociales, educadores, mediadores) ejercen de bisagra del sistema penal. Aunque no es vinculante, su voz es escuchada tanto para adoptar medidas cautelares como a la hora de dictar sentencia en el juicio. Aportan un conocimiento clave porque son las personas que están más cerca de esos adolescentes: les entrevistan, exploran su entorno familiar y social y evalúan el riesgo para encontrar “el equilibrio entre dar respuesta a sus necesidades y exigir que se responsabilicen por sus conductas”, cuenta Ayora, que charla con EL PAÍS sobre las agresiones sexuales en grupo, una lacra que ha suscitado preguntas sobre los límites de la edad penal, el perverso papel de la pornografía o el peso de la vulnerabilidad en esas conductas.

Ayora subraya lo que los datos policiales y las memorias de la Fiscalía constatan: los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores de edad “han ido creciendo progresivamente en los últimos años”, aunque seguramente también “se denuncian más que antes porque hay más conciencia social y menos tolerancia”. La responsable del Servicio de Mediación y Asesoramiento Técnico (SMAT), que depende del Departamento de Justicia, matiza que es “un porcentaje muy pequeño” del total de hechos por los que los menores son denunciados.

La ley del solo sí es sí estableció que todos los delitos contra la libertad sexual son agresiones sexuales y borró, por ejemplo, la categoría del abuso. Ayora explica que esa unificación conceptual puede crear ciertas dificultades en la jurisdicción de menores, donde se observan “diferentes gradaciones, con muchos grises”. “El concepto de agresión sexual crea alarma social porque remite a una violación clásica, la de una mujer que camina por la calle cuando un desconocido la asalta. Ese comportamiento es muy minoritario entre adolescentes”, dice Ayora. Lo habitual entre menores es que las agresiones se den en “entornos conocidos con relación previa, grupos de edad, contextos de ocio o relaciones afectivas entre iguales”.

En menores, los problemas giran en torno al consentimiento, que “se ha situado y con razón en el centro de la relación sexual”. “Los menores tienen dificultades para discriminar si la otra persona está consintiendo de manera verbal y no verbal. Están descubriendo las relaciones sexoafectivas y tienen problemas para captar y respetar la posición de la otra persona. Y, en un momento dado, pierden la capacidad para parar lo que están haciendo”. En el trasfondo, incide, hay “una serie de actitudes” que tienen que ver con el machismo y, por lo que detectan en las entrevistas, con “una carencia en la educación sexual y afectiva”.

Una pornografía “violenta y machista”

El contacto directo con los adolescentes investigados por esos delitos les ayuda a descifrar algunas claves. Por ejemplo, el consumo “sin ningún tipo de educación previa ni de reflexión”, y a edades cada vez más tempranas, de un tipo de pornografía “violenta y machista” que incluso “glorifica las violaciones en grupo”. “Se acaba asimilando como normal una relación sexual que en realidad es una relación de poder de los hombres sobre las mujeres”.

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El goteo de agresiones grupales en Badalona causó indignación y perplejidad en la ciudad y reabrió el debate sobre el comportamiento sexual de los jóvenes. “La conducta grupal es habitual en adolescentes. La influencia del grupo puede llevarles a hacer cosas que solos no harían. En grupo se sienten más fuertes”, reflexiona Ayora, que lamenta la “banalización de la utilización de la violencia” y la “desvalorización del sufrimiento de las víctimas”, a las que también atiende SMAT.

Los Mossos d’Esquadra han identificado y detenido a 20 menores de edad como supuestos autores de ocho violaciones en un año en Badalona. De estos, 13 tenían menos de 14 años y, por tanto, son inimputables, con lo que no afrontarán ninguna responsabilidad penal. El alcalde de la ciudad, el popular Xavier García Albiol, ha pedido una reforma de la Ley del Menor para que esos chavales asuman algún tipo de castigo en delitos de extrema gravedad, como una violación.

Agresión sexual Badalona
Concentración en Badalona contra las agresiones sexuales en grupo a menores.Quique García (EFE)

Ayora no se pronuncia sobre la necesidad de una reforma legal. Pero incide en que la justicia de menores pone el foco, de un modo mucho más intenso que la de adultos, en la reinserción. “En menores, por ejemplo, privarles de libertad es la última opción, porque son personas en evolución. El grueso de la intervención se produce en medio abierto cuando se ven posibilidades de respuesta por parte de las familias y del joven. La medida de libertad vigilada combina elementos de educación y de control. Se les asigna un técnico que es un educador especializado que hace un seguimiento intensivo a partir de un plan de intervención aprobado y controlado por el juez de menores”, explica. “El juez”, agrega, “puede modificar la medida a una más restrictiva si no se cumple”. Ayora concreta que, en las agresiones sexuales, interviene siempre el psicólogo del equipo, que “trabaja aspectos como la empatía, la gestión emocional, la impulsividad y la responsabilidad”.

La responsable de SMAT afirma, además, que también hay intervención en los menores de 14 años: la Fiscalía deriva el caso a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), que tiene un programa “diseñado expresamente para abordar estos casos”; cuando las familias no colaboran y la situación se desborda, existe la posibilidad de la retirada de la tutela.

En el caso de Badalona, la inmensa mayoría de los detenidos procede del barrio de Sant Roc, uno de los más pobres de Cataluña y con índices de vulnerabilidad extremos. Ese contexto puede contribuir, pero no es el único indicador ni es definitivo. “La vulnerabilidad social existe, pero no es la única. Puede haber problemas en el desarrollo sexual y afectivo, o experiencias de la infancia que son elementos de riesgo”.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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