Cobrarle impuestos a lo intangible

Es conocida la escasa confianza que el Gobierno federal en turno le concede al conocimiento y la práctica de la ciencia. Las pruebas están a la vista: ha arremetido sin pausas contra lo que ha dado en llamar “ciencia neoliberal”, ha desatado una serie de campañas públicas (y hasta legales, en algunos casos) contra quienes la practican, ha reformado el ente antes llamado Conacyt (y hoy Conahcyt) para inclinarlo hacia una “ciencia al servicio del pueblo” y ha equiparado las ciencias con los “saberes ancestrales” en los nuevos y controversiales libros de texto gratuito para la educación primaria.

Es decir, que para la administración pública, por ejemplo, da más o menos lo mismo que una persona estudie por años y sea sometida a decenas y decenas de exámenes y revisiones profesionales antes de recetar un tratamiento, digamos, gástrico, a que otra asegure ser capaz de remediar esos mismos males con cocacola y oraciones, o con dosis de agua en frasquitos, o sobando la parte afectada y transmitiendo “energía” al paciente de algún modo misterioso que no puede ser verificado ni medido.

La nueva medida en esta reivindicación oficial a las ciencias ocultas y espirituales es, paradójicamente, muy realista. Consiste en que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el brazo más activo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, permitirá facturar las actividades (y así, gravar las ganancias, vamos) de brujos, curanderos, sanadores y yerberos, es decir, de aquellos que practican la “medicina tradicional”, que forma parte central de esos “saberes ancestrales” que tanto entusiasman al gobierno en turno. También se considera a los homeópatas en estas adiciones al catálogo de actividades reconocido por el SAT, aunque se trate de un sistema alternativo de origen alemán y con pretendidas raíces en la antigüedad clásica europea. Hemos de suponer que ya se le adoptó como si se tratara de un saber precolombino.

Aquellos participantes en los rituales de sanación (o “consultas” y “tratamientos”) podrán registrarse ante las autoridades fiscales y emitir y timbrar recibos como cualquier persona en el mundo de lo terrenal. Y, consecuentemente, deberán pagar IVA o ISR según el caso de lo facturado. Las nuevas categorías son bastante notables. Incluyen “servicios de hechiceros o vudús”, “Servicios de curanderos”, “Chamanes”, “Trabajos con energía”, “Servicios de medicina herbolaria o herbolarios”, “Curas médicas con algas o algas marinas”, “Servicios de curas con fuentes termales”, “Valoración del diagnóstico inicial” (homeopático) y “Consultas de remedios” (homeopáticos también).

Esta mezcla de tradiciones, magia y creencias polémicas resulta cuando menos peculiar. Porque no es lo mismo la herbolaria (una de las bases de la medicina científica, dependiendo de cómo y en qué contexto se hable de ella), que la hechicería o el vudú, ni tampoco que la balneoterapia (curas con aguas termales) o la homeopatía, discutidas o de plano tachadas de pseudociencia por la inmensa mayoría de la comunidad científica. Ajenas a estos matices, las autoridades ofrecen la posibilidad de regularizar la innegable actividad económica que se da en torno a estas prácticas.

¿Dará esto pie, también, a que se demande ante la Procuraduría Federal del Consumidor a un brujo cuyo “amarre” no funcione? ¿Qué diferencia a estas categorías de otras posibles como la lectura de cartas, la astrología en sus diversas ramas, la lectura de runas, la aromaterapia? ¿Con qué criterios se permitirá administrar ciertas sustancias y productos sin pruebas científicas de eficacia y se prohibirán otras, como los llamados “productos milagro”, tan perseguidos por la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios (Cofepris)? ¿Se tomarán medidas para auditar y acotar las actividades irregulares de brujos, curanderos y hasta homeópatas no registrados? ¿Tendremos algo así como una “caza de brujas fiscal”?

Estos, y otros que sin duda surgirán, son los problemas que causa administrar lo intangible.