Un acuerdo político para un país innovador

Terminado el pulso electoral, ha llegado el momento de iniciar conversaciones para plantearse la conformación de la nueva mayoría parlamentaria y el futuro Gobierno. La negociación de las prioridades políticas supone una nueva oportunidad para acometer los problemas, desafíos y oportunidades que la campaña ha dejado de lado, de manera que los acuerdos programáticos que se alcancen serán fundamentales para determinar el futuro de nuestra política económica.

Prioridades de alcance hay muchas, pero algunas de ellas son verdaderamente comunes a cualquier proyecto, tanto por la urgente necesidad de acometerlas, como por el consenso que, al menos discursivamente, se ha mostrado en torno a las mismas. La revisión de la historia económica de los países más exitosos en las últimas décadas nos lleva a identificar un factor que ha incidido en el progreso económico y social de naciones tan diversas como los países nórdicos, Singapur o Corea del Sur: el carácter innovador de sus economías. Si sacamos lecciones de sus experiencias, pronto descubriremos que lo que debe hacer un país para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos es establecer como una prioridad nacional la innovación, en el sentido más amplio de la palabra. Es la innovación y el progreso tecnológico el factor fundamental que hace crecer a una economía y la prepara para asumir los retos más importantes que tiene por delante. Si queremos un país más sostenible, más justo y más próspero, el motor de ese avance es la innovación. Si, además, queremos un país más autónomo y con menor dependencia tecnológica, lo que debemos hacer es mejorar nuestro ecosistema de innovación. La innovación ha permitido que la energía renovable y la electrificación del transporte sean una realidad, ha acelerado la lucha contra enfermedades hasta hace poco mortales y ha prolongado nuestra esperanza de vida. La evidencia muestra que las empresas innovadoras generan empleo de más calidad y más estable, y que las exportaciones basadas en la innovación generan más valor añadido. Las sociedades más innovadoras son también las que más progreso social disfrutan, y son en esas sociedades donde la renta per capita se sitúa en los umbrales más altos.

Ausente totalmente en el debate de la campaña electoral, como muchos otros temas esenciales, nuestro sistema de innovación requiere una atención específica. Pese a los avances, España no destaca en el contexto europeo de innovación. De acuerdo con la Comisión Europea, España se posiciona entre los innovadores “moderados”, con cierto progreso en los últimos años, pero seguimos por detrás de la media europea. Con una inversión de un 1,43% de su PIB en I+D, y una cifra similar en innovación empresarial, estamos lejos de los países punteros. España se plantea alcanzar el 2,7% del PIB en I+D en 2027, pero el problema que tenemos no es únicamente de uso de fondos, sino de diseño de nuestro ecosistema de innovación, excesivamente parcializado en diferentes niveles administrativos y ámbitos competenciales, y presa de una cultura que tiende a minimizar los riesgos, en vez de a maximizar las oportunidades. En los últimos años, España ha planteado un importante desarrollo estratégico tanto desde el punto de vista nacional como desde las diferentes comunidades autónomas, pero, a la hora de la verdad, nuestro sistema no termina de funcionar como esperamos.

No deberíamos conformarnos. Nuestro país puede y debe marcarse un objetivo ambicioso para mejorar notablemente su desempeño innovador en los próximos años. Las prioridades deberían establecerse en todos los ámbitos relativos a nuestra política de innovación, desde el compromiso político y la arquitectura del sistema hasta la sensibilización de la opinión pública. Sería ambicioso, pero realista, proponerse como acuerdo de Estado alcanzar el 3% del PIB en innovación para el año 2030, recuperando el consenso sobre los objetivos de su política de innovación, reforzando la seguridad jurídica y reformando la arquitectura administrativa que gestiona y atiende el sistema innovador español. La financiación es esencial, y España debería mejorar su sistema de bonificaciones e incentivos fiscales a la innovación, como ya sugirieron la Airef y la comisión de expertos sobre la reforma tributaria, que han señalado importantes áreas de mejora. También debemos reforzar la cooperación dentro de nuestro ecosistema de innovación, con especial atención a las relaciones entre las universidades y las empresas. Finalmente, deberíamos apostar por mejorar la sensibilización pública sobre la importancia de la ciencia, la innovación y la I+D. Los fondos de la Unión Europea han abierto una importante oportunidad para avanzar, pero debemos consolidar un sistema innovador sólido y que movilice recursos más allá del propio plan de recuperación y resiliencia. El mensaje que se debe trasladar es inequívoco: la innovación es una pieza clave para asegurar una sociedad próspera en el presente y en el futuro. En definitiva, no habrá transición económica, digital o ambiental justa si no situamos nuestra política de innovación como una de las prioridades nacionales, que debería reflejarse en cualquier negociación responsable sobre el futuro de nuestra política económica y social.