Violencia en Ecuador

La sociedad ecuatoriana afronta las elecciones presidenciales del 20 de agosto en un clima de emergencia nacional por una ola de violencia sin precedentes. Los ataques a políticos y candidatos, los atentados, los secuestros y los motines carcelarios están marcando una campaña convulsa en la que la política de seguridad centra las preocupaciones de los ciudadanos y determina la disputa electoral. Los comicios tienen carácter extraordinario porque el actual mandatario, Guillermo Lasso, decidió en mayo disolver el Parlamento y adelantar la convocatoria para evitar una posible destitución. La votación abre la puerta al regreso al poder de la izquierda, representada por el partido del expresidente Rafael Correa, pero todos los aspirantes tienen una prioridad fundamental: frenar el crimen organizado.

La herencia de Lasso, que renunció a la reelección, incluye precisamente este terrible desafío. La delincuencia se afianzó durante la pandemia mientras crecía la influencia de los carteles mexicanos. La ciudad más golpeada fue inicialmente Guayaquil, la más poblada del país, y después las bandas criminales acorralaron puertos estratégicos para el narcotráfico como Esmeraldas o Manta, donde tiroteos y bombas ya son una rutina. En estas localidades se registraron dos de los últimos episodios violentos, el asesinato de un alcalde y de un candidato a la Asamblea legislativa.

Más de 30 personas fallecieron el pasado fin de semana en un motín que se prolongó durante tres días en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil. El presidente firmó un decreto de estado de excepción en todas las prisiones del país para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero al margen de este último brote, desencadenado por la ruptura de una alianza entre bandas rivales, el problema es estructural y la búsqueda de soluciones se ha quedado en medidas efectistas como la flexibilización de la posesión de armas. Es un peligroso precedente que contribuye a radicalizar los discursos políticos y los programas en plena campaña.

Mientras la violencia se puede agravar en los próximos días por el intento de las organizaciones criminales de influir en las elecciones, cunde la tentación de implantar modelos autoritarios como el impulsado por Nayib Bukele en El Salvador. Si Ecuador necesita una respuesta urgente y contundente ante el crimen organizado, decisiones como la de facilitar el acceso a las armas solo corren el riesgo de empeorar una situación ya de por sí fuera de control. Las demandas de la población requieren la formación de un Gobierno estable. El próximo presidente o presidenta, que terminará el mandato iniciado por Lasso en 2021, debe proponerse como principal objetivo pacificar el país y luchar sin cuartel contra la corrupción que favorece la expansión de la delincuencia.