Sunak y la inmigración

Entre contentar al ala dura de su partido en la respuesta frente a la inmigración irregular, o asegurar el respeto al derecho internacional y el prestigio del Reino Unido en materia de derechos humanos, Rishi Sunak ha elegido la primera opción. El Gobierno conservador ha logrado sortear los últimos obstáculos de la tramitación parlamentaria y la nueva Ley de Inmigración Ilegal fue finalmente aprobada el martes. Un grupo de representantes de ambos partidos y de afiliación independiente de la Cámara de los Lores intentó hasta el final suavizar con sus enmiendas un texto legal de extrema dureza, pero Downing Street impuso su disciplina de voto para rechazar la mayoría de ellas.

La casi totalidad de las organizaciones humanitarias, y la propia Iglesia anglicana, han expresado su rotunda oposición a una ley que resulta “moralmente inaceptable”, en palabras del arzobispo de Canterbury, prácticamente imposible de cumplir y casi con total seguridad contraria al derecho internacional o a los tratados firmados por el Reino Unido, como la Convención Europea de Derechos Humanos. La ley impone un “deber” irrenunciable al ministro del Interior de turno —y convierte por tanto su mandato en responsabilidad política individual—, que lo obliga a deportar a todas aquellas personas que hayan entrado al país de manera irregular. El texto y el Gobierno prefieren usar el término “ilegal” para referirse a esos inmigrantes, en contra de la recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

A partir de la aprobación de la nueva normativa, nadie que haya llegado al Reino Unido a través de estas vías —primordialmente, al cruzar las peligrosas aguas del canal de la Mancha— podrá iniciar los trámites de solicitud de asilo. Será inmediatamente deportado al país de origen o a un tercero que el Gobierno británico estime seguro. Por el momento, el único tercer destino contemplado por Downing Street es Ruanda, y ni Sunak ni su equipo han desistido de este propósito, a pesar de que la justicia británica ha declarado ilegal la elección de ese país africano.

La imagen de la frustración y confusión del Gobierno británico a la hora de abordar la crisis migratoria la proporcionaba la llegada esta semana a la costa de Dover, finalmente, del Bibby Stockholm, una grotesca y gigante embarcación calificada de “prisión flotante” por las organizaciones humanitarias, en la que Sunak pretende alojar a medio millar de inmigrantes varones. Ya se han contratado otros dos barcos similares. El Ejecutivo conservador justifica la medida en la necesidad de recortar gastos. Unas 160.000 personas esperan hoy en el Reino Unido a que su petición de asilo sea tramitada. El alojamiento de muchos de ellos, en hoteles repartidos por todo el país, supone más de seis millones de euros diarios, según el Ministerio del Interior británico.

La siniestra solución de esas cárceles flotantes erosiona claramente la reputación internacional del país. La realidad es que el Gobierno conservador ha sido víctima de las promesas del Brexit —take back control, controlar de nuevo las fronteras— y de sus consecuencias. Durante la negociación de la salida de la UE, Londres no quiso incluir las cuestiones de asilo, a pesar de que muchos de los inmigrantes irregulares llegaban al Reino Unido desde el continente. Hoy el Reino Unido no dispone siquiera de acuerdos bilaterales en materia de migración con ningún país europeo, porque es un asunto que solo puede negociar con Bruselas. La desesperación ha llevado a Sunak a forzar la legalidad internacional hasta límites intolerables.