Debates electorales

El debate que emite esta noche Atresmedia condicionará en buena medida el resto de la campaña electoral hasta la jornada electoral del 23 de julio, tanto por el hecho en sí de ser un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo como por ser el único que el candidato a la presidencia del Partido Popular ha aceptado, al menos de momento. Es una anomalía democrática que los medios de comunicación públicos de España hayan sido vetados para un cara a cara por el aspirante popular a La Moncloa. En Galicia, el Feijóo presidente regional ya había incumplido sus promesas de regeneración pluralista de la televisión pública autonómica (como ayer informaba este periódico). Como en el resto de Europa, no existe en España ninguna regulación de los debates electorales, y elección tras elección los ciudadanos están al albur de los intereses de los candidatos, sean del tipo que sean esos intereses: tanto sobre el número de debates a celebrar (los líderes que encabezan las encuestas suelen ser remisos a arriesgar) como sobre el lugar de su preferencia para realizarlos. De hecho, al tratarse en esta ocasión de un cara a cara único —Feijoo aceptó sólo uno, y en Atresmedia, “porque fue el primero en proponerlo”—, esa preferencia deviene en una especie de adjudicación a dedo y en exclusiva del espectáculo político por antonomasia de la contienda electoral.

Las expectativas de voto de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, se encuentran cerca del empate técnico, con el PP en torno a dos puntos por encima del PSOE, según los trackings diarios que ofrece 40dB para EL PAÍS y la SER. También en la última encuesta para este periódico de la misma empresa, con todos sus microdatos accesibles cada día durante la campaña, el lector podrá verificar que la mayoría del electorado es partidaria de la celebración de debates entre los candidatos, y lo es también más del 70% de los votantes del PP. Los debates cara a cara ofrecen, como ningún otro formato, la oportunidad de contrastar no sólo las propuestas sino el carácter de quien aspira a presidir el Gobierno del país.

Los ciudadanos decidirán en las elecciones generales del 23 de julio la posible continuidad de un gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar o bien dar paso a otro gobierno de coalición —según indican ahora prácticamente todas las encuestas— en el que el PP ya ha anunciado que incorporará a la ultraderecha de Vox, si sus votos son necesarios para hacerse con La Moncloa. El debate de los cuatro principales partidos de ámbito estatal, propuesto tanto por RTVE como por EL PAÍS y la SER, tenía todo el sentido en esta ocasión, y especialmente tras la publicación del primer programa electoral digno de tal nombre por parte de Vox, dado que refleja la agenda reaccionaria con la que se sentarán a negociar su apoyo a Feijóo, si las urnas así lo deciden. Sólo el PP se ha negado a ese encuentro a cuatro alegando que ese tipo de debates “son modelos incompletos y carecen de interés”. Es comprensible que los populares no quieran visualizarse al lado de Santiago Abascal, pero entonces tendrán que explicar a los ciudadanos por qué sí están dispuestos a sentar a Vox en el gobierno de todos y qué parte del programa de los ultras acepta y cuál no.

La historia de los debates en la democracia española confirma su importancia. Quizás ha llegado el momento de regular un mínimo básico sobre debates para cada elección con unas reglas que impidan el desprecio discrecional de los medios de titularidad pública y garanticen la sana competencia entre los privados.