Investigación en Melilla

El desmantelamiento de una presunta trama de compra de votos por correo en Melilla por parte de la Policía Nacional ha revelado el agravamiento de otros precedentes de menor importancia en procesos electorales anteriores en la ciudad autónoma. En la trama está implicada pequeña delincuencia del trapicheo de hachís, ahora bajo sospecha de traficar con votos. Pero entre los 10 detenidos en la operación, figura el número tres de la lista por Coalición por Melilla (CpM), y consejero de Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al Lal, miembro de un Gobierno de coalición con el PSOE que preside el único electo de Ciudadanos, actualmente expulsado del partido naranja (y que ayer por la tarde cesó al consejero detenido). El presidente del partido Coalición por Melilla no integra la candidatura de este 28-M por haber sido condenado en 2021 por el Tribunal Supremo a dos años de cárcel y otros dos años y medio de inhabilitación como líder de una trama de compra de votos por correo para las elecciones al Senado de 2008.

La solicitud de voto por correo en España es de en torno a un 3%, mientras que en Melilla ha llegado en la cita para este domingo a ser del 18% del total, un indicio que fue el detonante de la investigación en un censo electoral de algo más de 46.000 personas. Según datos de la delegación del Gobierno, de esas 11.707 solicitudes solo se ha concretado efectivamente un 21,9% tras el inicio de la operación policial y las detenciones. La Asamblea de Melilla reparte 25 escaños y cada diputado cuesta un poco más de mil votos. En las anteriores elecciones municipales, el PP obtuvo 10 diputados como fuerza más votada con casi 13.000 votos, mientras Coalición por Melilla obtuvo ocho con 10.472 votos, y cuatro el PSOE con cerca de 5.000 votos, además del candidato de Ciudadanos que preside en la actualidad Melilla.

La detención el miércoles en Mojácar, Almería, del número dos de la lista del PSOE (ya suspendido de militancia) y un independiente incluido en ella como sospechosos de compra de votos obliga a los partidos a extremar la vigilancia. Tanto ese caso como el de Melilla —que tiene visos de problema estructural— exigen los máximos esfuerzos posibles para aclarar de forma exhaustiva el alcance real del fraude, al margen de que las medidas que ha adoptado la junta electoral de zona al exigir la identificación con DNI al acudir a la oficina de Correos de Melilla para emitir su voto hayan dado la seguridad de que se corresponde el voto con el votante. La ley no prevé la suspensión de unas elecciones por ninguna causa parecida a esta (sí lo hace en caso de “estados de alarma, excepción o sitio”). Coalición por Melilla ha anunciado que impugnará el resultado a los 15 días, tal y como establece la ley, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, tendrá que pronunciarse sobre esa solicitud de nulidad y una hipotética repetición de las elecciones.

El hecho de que las encuestas den un estrecho margen de diferencia en la primera posición al Partido Popular y Coalición por Melilla hace todavía un poco más necesaria la consideración de un caso tan atípico y excepcional como este. El votante de Melilla merece como el de cualquier otro lugar de España acudir a las urnas con la certidumbre de que las reglas son iguales para todos, al margen de que la investigación acabe desvelando a los responsables de una trama destinada a alterar artificialmente la voluntad de los ciudadanos.