Meloni y la inmigración

La declaración de estado de emergencia migratorio decretado para los próximos seis meses por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, carece de justificación suficiente, aumenta innecesariamente la tensión europea sobre una cuestión crucial en la política comunitaria y escenifica una de las banderas políticas nacionalpopulistas utilizadas por la líder de la formación ultraderechista Hermanos de Italia para lograr el respaldo electoral que le ha permitido llegar a la jefatura del Gobierno transalpino.

Sin especificar ni su alcance ni los detalles, el Gobierno italiano ha decretado una medida legal, el estado de emergencia, normalmente reservada para atender a la población en caso de catástrofes naturales. La presión migratoria que sufre Italia no se corresponde con una catástrofe natural, tampoco la llegada de en torno a 3.000 inmigrantes irregulares en los últimos días y el aumento significativo en lo que va de 2023 del número de personas que han entrado en el país cruzando el Mediterráneo. Meloni ha extendido la medida a todo el territorio nacional y podrá adoptar otras excepcionales sin pasar por el Parlamento. Ese recurso constitucional otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo, pero sus objetivos resultan cuando menos complicados de casar con la situación migratoria actual.

La dureza de la respuesta de Meloni no está justificada por el hecho de ser Italia uno de los países europeos que experimentan de forma periódica en sus costas impactantes tragedias, la más reciente la muerte por ahogo de al menos 90 personas —aunque el número real probablemente jamás se conozca— a finales de febrero en Calabria. El estado de emergencia puede tener un efecto nocivo peor y allanar el camino a la reactivación de los crueles decretos emitidos por su socio de Gobierno, el ultraderechista Matteo Salvini, durante su anterior etapa como ministro de Interior. Con ellos buscaba obstaculizar las labores de los barcos de rescate, acelerar los tiempos de repatriación de los migrantes, cerrar varios centros de acogida y eliminar cualquier tipo de protección específica para estas personas.

La posibilidad de una emergencia a lo largo de este año no es descartable, pero la situación será peor tras el desmantelamiento de centros de acogida emprendido por Salvini entre 2018 y 2019. Las cifras indican que el flujo de llegadas se está multiplicando de forma exponencial y gobiernos italianos de diferente signo han insistido a lo largo del tiempo a sus socios de la Unión en la necesidad de establecer mecanismos eficaces y fondos necesarios que encaucen la situación. La solución a un problema estructural tan grave no puede ser la reducción de los mecanismos de auxilio ni medidas temporales con un marcado populismo mediático.