Investigación en Ciudad Juárez

La muerte de al menos 38 personas en un incendio que se desató el pasado lunes en un centro de internamiento de migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos, es la más reciente evidencia de un drama que interpela a buena parte de la región y que muestra la urgencia de una respuesta integral. Lo prioritario ahora, sin embargo, es esclarecer lo sucedido en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (Inami), un organismo que depende del Gobierno mexicano. Las autoridades atribuyeron la tragedia al fuego que se originó, según aseguró el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, después de que los internos quemaran unos colchones al enterarse de que iban a ser deportados. Esa pudo ser la causa, pero resulta escandaloso que nadie tuviera capacidad de atajar ese fuego en un centro custodiado por las autoridades.

Es más, las cámaras de seguridad del centro captaron momentos de horror: los detenidos estaban encerrados en celdas y los vigilantes no les abrieron pese al humo y las llamas, que les condenaron a morir asfixiados y carbonizados. La mayoría de las víctimas eran migrantes centroamericanos y venezolanos que trataban de llegar a Estados Unidos. El presidente prometió llegar hasta el fondo del asunto. “De ninguna manera vamos a ocultar nada”, dijo, para después asegurar que “se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió”. El propio López Obrador reconoció que han circulado distintas versiones de los hechos. El descontrol llevó a varios departamentos gubernamentales a difundir cifras contradictorias de muertos y ahora la investigación ha quedado en manos del fiscal general, Alejandro Gertz, un funcionario de máxima confianza del mandatario.

Aclarar lo que pasó en Ciudad Juárez es urgente. En primer lugar, para ofrecer justicia a los allegados de las víctimas, que llegaron a la ciudad fronteriza después de una travesía llena de penalidades y vejaciones. Y en segundo lugar, para evitar que se pierdan o contaminen las pruebas de lo ocurrido. La tragedia es el último eslabón de un fenómeno que no ha parado de crecer. La migración no es solo uno de los principales engranajes de la convivencia en América, sino que también determina en buena medida las relaciones diplomáticas entre EE UU y el resto del continente. La semana pasada se cumplieron tres años de la aplicación del polémico Título 42, una medida adoptada por Donald Trump al comienzo de la pandemia de la covid-19 para facilitar las devoluciones en caliente. La Corte Suprema está a punto de tomar una decisión sobre la derogación de la normativa que busca la Administración de Joe Biden. La decisión, en un sentido o en otro, ayudará a clarificar la situación de una multitud de migrantes que aguarda en la frontera norte, mientras decenas de miles se concentran en el sur de México a la espera de salir hacia EE UU. Mientras tanto, las autoridades deben determinar, caiga quien caiga, las responsabilidades por lo sucedido en Ciudad Juárez.