Las pensiones del futuro

El Gobierno ha presentado la propuesta de reforma del sistema de pensiones comprometida en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, y a la que estaba sujeto el cuarto desembolso de 10.000 millones de euros, que debe producirse a lo largo de la primavera de 2023. La evolución demográfica y de nuestro mercado de trabajo apunta a un notable incremento de los costes asociados al envejecimiento y a la jubilación de gran parte de la población activa nacida entre 1960 y 1980, con su pico en el año 2050: la muy nutrida generación boomer. La decisión de preservar el poder adquisitivo de las pensiones, como parte de la política de rentas del Gobierno, ha incidido en incrementar más el coste económico. A partir de las cifras actuales (alrededor del 12% del PIB), las proyecciones más recientes de la Comisión Europea situaban ese coste en el 13% del PIB en 2050, mientras que la iniciativa España 2050 lo llevaba hasta un 16% para ese mismo año.

La reforma planteada por el ministro Escrivá avanza en una doble dirección. Por un lado, aumenta la capacidad de elección de los trabajadores al poder elegir dos modalidades de cómputo para el cálculo de la pensión: 25 años seguidos o 29, entre los cuales podrá descartar los dos con menores contribuciones. Al mismo tiempo, incrementa la base máxima de cotización por encima de los actuales 4.495 euros mensuales, amplía el mecanismo de equidad intergeneracional y establece una cuota de solidaridad adicional. De hecho, la reforma se basa en incrementar los ingresos por cotizaciones de los salarios más altos, al tiempo que incrementa la pensión máxima en el futuro y mejora las cuantías de las pensiones mínimas o sometidas a lagunas de cotización.

España se enfrenta a la creciente longevidad de su población y cualquier solución pasa por una limitación de las prestaciones a recibir o por un incremento de los ingresos que las financien. El Gobierno ha preferido, de entre las múltiples vías posibles, concentrar sus esfuerzos en esta última opción. La presión contributiva adicional se desplaza, así, a los salarios que están en el 10% más alto de la banda salarial. Los anunciados efectos negativos sobre el empleo afectan a un tramo salarial en el que los mayores de 45 años son mayoría, y donde solamente se encuentran el 3,4% de los jóvenes menores de 35 años. Esa realidad debería desactivar, de una vez para siempre, cualquier referencia al inexistente conflicto generacional que ha sido tan jaleado en los últimos meses.

Quedan todavía algunos detalles por pulir, pero tanto los sindicatos como los socios del Gobierno han visto la reforma con buenos ojos (frente al criterio frontalmente contrario de los empresarios). También lo ha hecho la Comisión Europea, que ha vuelto a aprobar una propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, como ya hizo con la reforma laboral, la subida del SMI y el sistema de auditoría y control de los fondos europeos. De completarse, esta reforma culmina los diferentes ajustes desarrollados hasta la fecha y favorece la reconstrucción de una confianza en el sistema público de pensiones que asegure su viabilidad en el medio y largo plazo. Aunque pueda ser revisada en el futuro, como ya se ha comprometido a hacer España ante la Unión Europea, esta reforma despeja algunas de las incógnitas de nuestro futuro económico.