Asalto a la democracia en Israel

La democracia israelí atraviesa una crisis constitucional de consecuencias imprevisibles, víctima de las maniobras del primer ministro Benjamín Netanyahu destinadas a socavar la independencia del poder judicial y encaminar a Israel por la senda del autoritarismo iliberal. El proyecto de la coalición de Gobierno más ultraderechista de la historia del país ha provocado ya un masivo rechazo en las calles, que afecta incluso al ejército, la institución más valorada de la sociedad israelí. La gravedad del choque ha obligado al presidente del país, Isaac Herzog, a intervenir para tratar de alcanzar un acuerdo político que ponga fin a una situación que se agrava día a día.

Las resonancias con conductas iliberales de gobiernos como el de Hungría, bajo la ultraderecha de Orban y su partido Fidesz, redoblan los motivos de inquietud ante los signos de un iliberalismo paradójicamente institucionalizado. Netanyahu y sus partidos aliados de carácter ultranacionalista y xenófobo justifican la reforma con el argumento de que el Tribunal Supremo opera de manera ideológica y que merma las decisiones de los poderes democráticamente elegidos. Es falso. Lo cierto es que el Tribunal Supremo israelí tiene una acreditada e intachable trayectoria de rigor e independencia en sus decisiones. Incluso organizaciones defensoras de los derechos de los palestinos han recurrido frecuentemente a él (con éxito) en demandas urgentes ante situaciones que se daban tanto en suelo israelí como en los territorios ocupados. Sus decisiones son inapelables, pero Netanyahu y su ministro de Justicia, Yariv Levin, del Likud, quieren que puedan ser revocadas con apenas la mayoría del Parlamento —donde la coalición liderada por Netanyahu dispone de 64 de los 120 escaños disponibles, algo que en la práctica supone acabar con la separación de poderes. La reforma también pretende cambiar el sistema de elección, dando al Gobierno el control de la comisión parlamentaria que aprueba la designación de los magistrados, y que los asesores jurídicos del Gobierno (cuyos informes son vinculantes) pasen a ser considerados cargos políticos y su opinión rebajada al nivel de “consejo”. Netanyahu es el primer jefe de Gobierno en la historia del país que se ha sentado en el banquillo de los acusados durante el ejercicio de su cargo, y se encuentra procesado desde 2020 por tres cargos de corrupción —cohecho, fraude y abuso de poder. La reforma ya ha sido aprobada en primera lectura en la Knesset (Parlamento) pero todavía hacen falta otras dos votaciones.

Se trata de un asalto a la democracia sin precedentes que ha provocado una masiva reacción en las calles con manifestaciones en Tel Aviv, la ciudad liberal por excelencia de Israel. Las convocatorias han ido subiendo en intensidad y participación durante varias semanas y ahora también cientos de reservistas activos —entre ellos, pilotos de combate— se han negado por escrito a acudir a los entrenamientos obligatorios hasta que no se dialogue. El jueves fue convocado el denominado “Día de Resistencia contra la Dictadura” y miles personas paralizaron la principal autopista de Tel Aviv y los accesos al aeropuerto Ben Gurión para tratar de impedir, sin éxito, la salida del vuelo de Netanyahu en viaje oficial a Italia mientras reservistas del ejército bloqueaban los accesos al think tank ultraconservador acusado de idear la reforma.

La gravedad del conflicto ha obligado al presidente Herzog, exlíder del Partido Laborista, a convocar a un grupo de académicos de distintas tendencias para que elaborasen un documento de consenso sobre la reforma, pero sin fuerza legal. En su discurso de ayer por la tarde rechazó de forma categórica la reforma de Netanyahu y pidió el fin de la “pesadilla” que vive Israel. El movimiento del presidente busca mitigar el cisma social y rebajar los peores vectores de una reforma que nunca debió llegar al Parlamento de una democracia consolidada: la independencia judicial en Israel sigue amenazada.